
Zedillo, jefe político de la intelectualidad de la derecha
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México, DF. 10 de febrero de 2013 (Quadratín).- El retorno del PRI a la presidencia de la república, luego de doce años de gobiernos del PAN en Los Pinos, ha quedado en el centro de un escenario de inestabilidad e ingobernabilidad que ha hecho imposible, aún desde antes de la toma de posesión, la restauración del viejo régimen.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha encontrado con una república desarticulada, sin amarres ni acuerdos, carentes de compromisos sectoriales, con partidos políticos minoritarios, unas redes sociales sin cohesión y un PRI sin estructura sanguínea, nerviosa y ósea para volver a articular la república.
Y si bien era obvia esta situación estructural, el nuevo gobierno priísta no pareció preocupado por hacer un diagnóstico real del estado que guardaba el sistema político priísta vigente y que las dos administraciones del PAN no quisieron reorganizar. De ahí que el arranque del gobierno priísta pareció darse sin un plan de vuelo sobre la desorganización estructural del sistema político y sobre la marcha ha tenido que enfrentar situaciones de inestabilidad que rayan en la crisis de gobernabilidad.
La lista de asuntos más importantes aparece a la vista:
Los problemas de calidad en los organismos autónomos que tienen que ver con la transparencia y acceso a la información y la organización de elecciones.
La crisis de opinión pública de la Corte Suprema por la liberación de la secuestradora Florence Cassez y la negativa a amparar al sindicato de electricistas.
La explosión en un edificio adjunto a la torre central de Pemex y la desconfianza social hacia el reporte oficial que acredita el problema a una acumulación de gases.
La ausencia de información sobre la estrategia de lucha contra el crimen organizado, sobre todo por la permanencia de conflictos con los cárteles. Y la agudización de la violencia criminal en Guerrero, Michoacán y el Estado de México.
La información endeble del The New York Times sobre el general Moisés García Ochoa sobre el relevo en la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional en el gabinete del presidente Peña Nieto.
Las dificultades de operación del Pacto por México debido a la conducta de chantaje de los partidos que han tomado al Pacto como rehén para resolver problemas propios.
La reaparición del subcomandante Marcos y el EZLN pero sin una decisión para realizar acciones políticas institucionales y sólo calentando el ambiente con amenazas verlas incumplibles.
Las presiones para enjuiciar al presidente Felipe Calderón por el montaje de la policía federal contra Cassez pero sin entender que el incidente ocurrió en diciembre de 2005 y por tanto fue de responsabilidad directa del presidente Vicente Fox.
Si bien se trata de reacomodos típicos de inicio de sexenio, de todos modos obligan a la reflexión mayor que tiene que ver con el dinamismo cada día más difícil del sistema político. El regreso del PRI por sí mismo no se ha traducido aún en un clima de reactivación económica o de tranquilización social; al contrario, son previsibles algunos sobresaltos más en el corto plazo por razones obvias de disputa por el poder entre grupos y poderes y por acotamiento de la movilidad del gobierno del presidente Peña Nieto.
En el fondo, la agenda de seguridad nacional se ha convertido en prioritaria para el nuevo gobierno priísta, entendiendo la seguridad nacional ya no sólo como una defensa de la república ante alguna invasión extranjera o choques contra el crimen organizado. Se trata de la seguridad nacional como los acuerdos sociales, políticos, productivos y de opinión pública en torno a una propuesta de gobierno.
En este sentido, los sobresaltos pueden entenderse en un escenario de res pistas:
La herencia del gobierno anterior panista, sobre todo la desarticulación de la estabilidad nacional por la lucha contra el crimen organizado y las protestas sociales contra esa ofensiva.
La alternancia del PAN al PRI en la presidencia de la república; y aunque el PAN no tocó la estructura de poder, tampoco pudo identificar y negociar con los nuevos factores de poder.
La definición de nuevos acuerdos de poder del PRI hacia su interior y hacia su exterior, con la prioridad de dotar al nuevo gobierno de Peña Nieto de un margen de maniobra para consolidar proyectos.
En este contexto, la agenda de seguridad nacional hacia el exterior depende de la agenda de seguridad nacional para la estabilización interna. Se han identificado algunos elementos de la inestabilidad: hacia el interior del mismo sistema, de grupos políticos externos hacia el núcleo priísta y los viejos grupos que desde fuera del sistema político se dedican a golpetearlo para obtener privilegios.
El desafío para el gobierno del presidente Peña Nieto es mayúsculo porque por primera vez el gobierno se niega a usar la represión y por cierto que carece de espacios para hacerlo, lo que lleva a esfuerzos mayores de negociación política. La firma del Pacto por México abrió buenas expectativas porque logró, luego de la ruptura de 1987, una agenda de consenso con la oposición del PAN y del PRD, aunque sin el apoyo de todos los grupos de cada una de esas formaciones.
La clave de solución se encuentra en la inteligencia política del presidente de la república para identificar problemas y operar soluciones y en el papel de cámara de descompresión que debe jugar el PRI de nueva cuenta como partido en el poder y por tanto como administrador del reposicionamiento de los priístas que pasaron doce años en hibernación.
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