Carlos Ramírez / Indicador Político / Cassez: los pendientes de la Corte

+ Final: SCJN liberó a secuestradora
México, DF. 30 de enero de 2013 (Quadratín).- Si bien la Corte Suprema de Justicia quiere darle el cerrojazo al caso de la secuestradora Florence Cassez, el sistema judicial dejó varios pendientitos:
1.- La certeza de que la ministra Olga Sánchez Cordero y los ministros Alfredo Gutiérrez y Arturo Zaldívar desconocieron el hecho de que no hay derechos absolutos. Y que ante dos derechos en pugna, la peor injusticia es la de favorecer a uno en detrimento del otro.
2.- En la votación en la Primera Sala, de asuntos penales, se localizan dos datos: la ministra Sánchez Cordero ha sido maestra del Colegio Francés y Gutiérrez es fiscalista y fue enviado a la sala penal para evitar conflictos de intereses en la Segunda Sala con temas administrativos y laborales que se cruzaran con su pasado en el sistema fiscal del gobierno.
3.- Si bien la justicia debe ser ciega para no mirar a quién beneficia, también debe ser balanceada porque al final de cuentas su símbolo es la balanza que busca el justo equilibrio o el justo medio aristotélico. Beneficiar con la justicia a una parte y desproteger de la justicia a otro simplemente no es justicia.
4.- El sistema policiaco y de impartición de justicia no se ha ajustado a las nuevas reglas del derecho constitucional de los derechos humanos. El reciente protocolo de la policía federal es apenas un pequeño avance tardío que requiere de nuevas reglas, nuevas técnicas y una urgente capacitación policiaca.
5.- La modernización de las instituciones judiciales debe alcanzar a la Corte Suprema porque más parece un Papado por el principio de la infalibilidad, aunque el debate en torno a sus decisiones es culpa de la misma Corte cuando decidió meterse de lleno al mundo mediático. El Caso Cassez debe llevar a una reflexión en la Corte sobre la complejidad del tema de los derechos humanos.
6.- Y urge un debate sobre los derechos humanos y los tratados internacionales porque han afectado la condición hegemónica y dominante del Estado frente a la ofensiva del crimen organizado; los narcos han instruido a sus seguidores a invocar los derechos humanos a la hora de los arrestos y con ello se ha detenido el avance de la seguridad. No se trata de terminar con la delincuencia violando los derechos humanos, pero se ha llegado al punto en que los criminales son los más beneficiados con la invocación de los derechos humanos.
En el fondo, la Corte Suprema está obligada a responder a los criterios de justicia que a buscar, como ahora, la justificación de sus actos. La “tarjeta informativa” distribuida selectivamente el lunes por la Corte no analizó a fondo la complejidad de la votación en la Primera Sala ni respondió a las quejas de la ciudadanía contra el fallo final que liberó a la secuestradora Cassez y dejó en el abandono de la justicia a los secuestrados por la banda de Los Zodiaco.
Inclusive, esa “tarjeta informativa” estaba amañada: afirmaba que la Corte Suprema había decidido otros casos de otorgamiento de amparo liso y llano que llevaron a la liberación de detenido, pero el documento no aclara que se trató sólo de víctimas que sufrieron violación en sus derechos humanos a lo largo del proceso y en ninguno de los casos hubo otra víctima afectada. Es decir, fueron asuntos sencillos, en tanto que el de Cassez ofreció el desafío de técnica jurídica y constitucional al ver enfrentados los derechos de dos partes.
La decisión de la ministra y dos ministros en la Primera Sala retrocedió la práctica constitucional del máximo tribunal al violar el criterio de que los derechos no son absolutos. Ahí se presentó el desafío para la Corte: como atender la denuncia de violación de derechos humanos de una secuestradora ante los derechos de las víctimas secuestradas.
La aplicación del derecho absoluto –una derivación de la teoría pura del derecho de Kelsen– constituyó también una censura grave a todas las instancias del procedimiento judicial contra Cassez, más allá del asunto de la reproducción posterior de escenas del arresto para satisfacer la petición de Televisa. Cassez fue condenada a permanecer en la cárcel por sesenta años, después de haber pasado por filtros judiciales que tendría que dar una explicación y que obligarían a la intervención del consejo de la judicatura: ministerio público, juez que concedió la formal prisión, juez que sentenció, tribunal colegiado que ratificó la sentencia.
En última instancia, la institución responsable del poder judicial es la Corte Suprema y por tanto ahí debería iniciarse una investigación sobre las razones jurídicas que tuvieron esas instancias para sentenciar a Cassez, sobre todo por la posibilidad de que otros delincuentes sentenciados vayan a acudir a la Doctrina Sánchez Cordero para obtener su libertad no en función de su inocencia sino de la violación a su debido proceso.
México le entró a la reforma judicial más por cargos de conciencia de historias institucionales de represión en el largo reinado priísta que por convicción jurídica y mentalidad humanista. Y lo hizo por el solo hecho de hacerlo y sin pasar por mecanismos de modernización, adecuación, profesionalización y capacitación en las nuevas reglas del trabajo judicial. Esta apreciación fue ratificada por la aprobación de un protocolo de arresto de delincuentes pero después del conflicto derivado del voto en la Corte para liberar a Cassez, cuando debió de haber sido puesto en marcha antes inclusive de las reformas constitucionales sobre derechos humanos.
En esa modernización también deberían entrar las instituciones encargadas de aplicar la justicia –como la propia Corte Suprema– porque el Caso Cassez evidenció que esa institución aplicó la doctrina fascistoide de los derechos absolutos a favor de los poderosos sin reconocer la existencia de derechos no absolutos. El fallo –en el doble sentido de la palabra– de la Primera Sala a favor de la secuestradora Cassez mostró que la justicia también puede ser injusta y violatoria de los derechos humanos de terceros en un mismo conflicto, aunque en nombre de la defensa de los derechos humanos de los delincuentes.
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