Carlos Ramírez / Indicador Político / Del Estado priísta al democrático

OAXACA, Oax. 16 de enero de 2014 (Quadratín).- La crisis de seguridad de México y del Estado mexicano comenzó en 1983 cuando el régimen priísta reconfiguró sus relaciones políticas internas: los economistas gobernantes soslayaron la política como instrumento de gobierno.

Con ello se desentendieron de las relaciones de poder en las zonas oscuras del Estado: las policías no combatían a la delincuencia sino que operaban como instrumento de seguridad política del Estado y no de la ciudadanía.

La crisis de la relación entre policías y delincuentes ocurrió en 1984 con el asesinato del columnista Manuel Buendía y en 1985 con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. Ambos fueron casos de relaciones peligrosas de las policías con los cárteles en proceso de conformación y fortalecimiento.

El encargado de la seguridad interior en ese proceso 1983-1985 fue Manuel Bartlett Díaz, un político forjado en el echeverrismo y derrotado en la sucesión presidencial de 1976 por pertenecer al grupo político de Mario Moya Palencia. Bartlett fue secretario de Gobernación de la administración de Miguel de la Madrid, en la que se consolidaron los economistas en la presidencia.

Los economistas dieron la espalda a la estructura de seguridad, por lo que los asesinatos de Buendía y Camarena fueron resultado de ajustes de cuentas en el sector policiaco. Atrapado en los casos Buendía y Camarena por el hecho de que las policías involucradas en esos crímenes pertenecían a Gobernación, Bartlett intentó una fuga hacia adelante, disolvió la Federal de Seguridad como policía política del Estado y creó la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, posteriormente centro autónomo. La razón: los policías ya no protegían políticamente al Estado sino que se habían aliado a los criminales.

La desarticulación y tecnocratización de la República Priísta contribuyó a la reorganización de las relaciones entre las policías y el gobierno pero más como efecto que como objetivo. Como en el proceso de disolución de la Unión Soviética, la policía política pasó a controlar las mafias y los mercados negros y a crear el crimen organizado ruso.

En México las policías quedaron al garete, sin rumbo, sin controles disciplinarios. Las nuevas policías se formaron con los viejos policías, por lo que su eficacia se redujo a su mínima expresión.

El problema policiaco se convirtió en un asunto de Estado. La flojedad en la atención estatal al problema policiaco y de seguridad permitió el fortalecimiento de los cárteles, facilitó la complicidad de policías con criminales y condujo al abandono de la protección de la sociedad.

Los problemas en la reorganización policiaca en el Estado no han permitido procesar las nuevas condiciones de configuración restrictiva del Estado: el neoliberalismo ajeno a la seguridad, los derechos humanos como acotamiento al trabajo de seguridad, la alternancia con organizaciones policiacas no profesionales, la democratización de las instituciones, las manos atadas a la policía política por derechos humanos y acceso a la información, la globalización del crimen organizado, el presidencialismo acotado por la democracia, la presión de la oposición como acotamiento de funcionalidad de la seguridad, la oposición sin experiencia en doctrinas de seguridad.

Las autodefensas y policías comunitarias nacieron ante la pasividad del Estado en sus estructuras de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional.

El Estado en el largo periodo 1983-2013 soslayó la reorganización policiaca, los delincuentes ocuparon espacios del Estado y las policías se aliaron a los malandrines. Mientras el Estado no ponga orden interno, no podrá cumplir con su tarea de seguridad.

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