Carlos Ramírez / Indicador Político / Elecciones: reformar el poder

+ Elecciones: reformar el poder
+ El sistema ya no da de sí
México, DF. 14 de julio de 2013 (Quadratín).- Todas las transiciones de Estados autoritarios a gobiernos democráticos han tenido una de las reformas centrales en lo electoral. Y no es para menos. Se trata de consolidar la legitimidad en el acceso del vía a través del voto de los ciudadanos. México inició primero sus reformas electorales para quitarle al PRI y al gobierno –que eran lo mismo– el manejo de las elecciones y ello permitió la consolidación del voto ya sin interferencias parciales. Pero paradójicamente, los retrocesos electorales se dieron en México ya con la oposición en la presidencia de la república.
La gran reforma electoral fue la autonomía del IFE en 1996, que permitió en 1997 la conquista del gobierno del DF por el PRD y la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados. Del 2000 al 2013, el sistema electoral ha encontrado las perversiones en la partidización del IFE y en el intervencionismo de los gobiernos estatales del PRI, el PAN y el PRD en procesos electorales para beneficiar al partido en el poder local. Y resulta que las condiciones democráticas en las elecciones son hoy menores a cuando existía la dominación autoritaria del PRI.
Los procesos electorales del 2013 han sido el aviso de que el actual sistema electoral, con las reformas de la transición iniciadas en 1989 como consecuencia de las irregularidades electorales en las presidenciales de 1988, llegaron a su límite y ya no responden a la dinámica tripartita. Pero el problema no sólo es de procedimientos electorales sino de voluntades políticas. La estridencia de campaña del PAN y del PRD para intentar paralizar al PRI no fue producto sólo de indicios de irregularidades, sino de estrategias para avanzar en votos sólo por consecuencia de las denuncias y no de realidades. Ante la incapacidad del PAN y del PRD para consolidar estructuras modernas de votos, se quedaron en la denuncia.
El problema de las estructuras electorales no sólo abarca a las oficinas encargadas de las elecciones sino que involucra a los comportamientos políticos de los partidos. Por ejemplo, el PAN escandalizó sobre el avance electoral en las tendencias del voto del PRI para la gubernatura de Baja California, pero escondió mañosamente que el propio PAN había perdido los espacios de alcaldías y congreso local en las elecciones de 2010. Pero en lugar de reorganizarse para entender las razones de la pérdida de votos en esa plaza, el PAN prefirió gritar en contra del PRI. Al final, el PAN –y su aliado el PRD– prefirió espantar con las denuncias que participar democráticamente en procesos electorales que representan un refrendo o rechazo a formas de gobierno.
El PAN y el PRD perdieron irremediablemente doce años de gobiernos panistas para entrarle a la gran reforma política de la estructura electoral. De hecho, la que sigue vigente es la misma que inició y aprobó el PRI de 1989 a 1996 para terminar con los tiempos en los que el PRI organizaba las elecciones desde la presidencia de la república; si acaso, reformas cosméticas se hicieron en los dos sexenios panistas, cuando en realidad ahí se debió de haber realizado la reingeniería total del edificio electoral mexicano. Paradójicamente el actual consejero presidente del IFE fue propuesta del PRD y el PAN avaló a varios de los consejeros electorales, y los dos partidos no cesan sus críticas contra esos funcionarios.
La elección de gobernador en Baja California y las elecciones estatales en Oaxaca y Veracruz reventaron el actual sistema electoral y obligaron a los partidos a meterse de lleno, antes de las elecciones legislativas federales de 2015, a reconstruir la estructura de organización de elecciones. En el pasado la queja era que las elecciones las organizaba el gobierno federal y las calificaba la mayoría priista en la Cámara de Diputados; hoy las elecciones las organiza una estructura nombrada por los partidos y las califica un tribunal también designado por los partidos y las quejas de fraudes e irregularidades es mucho mayor hoy que en los tiempos priistas.
En el seno de los partidos la discusión en realidad no se centra en la creación de una estructura para la democracia sino en un sistema electoral que garantice –como si ello fuera posible– la derrota del PRI antes de los procesos electorales. El absurdo radica en el hecho de que el PAN y el PRD carecen de experiencia y estructura de cobertura nacional de elecciones federales y estatales y por tanto apelan a cerrarle las puertas al PRI que sí cuenta –para bien o para mal– con la experiencia para realizar elecciones y para jalar a los votantes a las urnas. PAN y PRD se quejan de que el PRI “compra” los votos pero ellos mismos también lo hacen. En el fondo, la oposición ha carecido de sensibilidad para entender los mecanismos de voto de los ciudadanos.
El desafío ahora radica en un sistema electoral que eluda quejas y trampas y que transparente la democracia del voto. Ya se vio que los partidos pervirtieron el IFE con la aplicación de las cuotas partidistas. Y que el IFE no puede funcionar con consejeros ciudadanos acotados por representantes de partidos y de los demás poderes. Por tanto, la única salida consiste en una estructura electoral profesional, sin intervención de los partidos, y un modelo judicial articulado a la Corte Suprema. La participación de los partidos en la designación de consejeros electorales y de magistrados electorales enredó más el mecanismo de realización y vigilancia de las elecciones.
Por tanto, el problema se localiza en los partidos, en todos, no sólo en el PRI. Los presidentes del PAN y del PRD escalaron las acusaciones sin pruebas como una forma de paralizar al PRI, pero al final las votaciones consolidaron un PRI en posiciones federales. El PAN y el PRD quisieron imponer el argumento de que el PRI gana por trampas y no por votos, pero al final, por ejemplo en Baja California, la estructura electoral ha sido controlada por el PAN en el último cuarto de siglo. La crisis interna de la oposición explicaría buena parte del regreso del PRI a la presidencia de la república y al control político regional.
El desafío consiste en una nueva estructura electoral. El país no puede padecer en el 2015 y en las presidenciales del 2018 de una campaña de desgaste como la del 2013, y no tanto por la desacreditación del sistema electoral sino porque esos comportamientos estridentes alejan a los ciudadanos de las urnas. La oposición panista y perredista deberían de maduras hacia organizaciones más profesionales y hacia la certeza de que las elecciones se ganan con votos y en las urnas y no con gritos en los medios.
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