Carlos Ramírez / Indicador Político / Inseguridad: disputa por el Estado

MÉXICO, DF. 26 de enero de 2014 (Quadratín).- La aparición de las autodefensas o policías comunitarias son un problema mayor a sólo grupos armados sin control institucional. Además de todo lo que se ha dicho como parte del rezago en resultados de la estrategia de seguridad del gobierno federal, el punto central se localiza en el carácter del Estado. Si el Estado no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, entonces estaremos frente a Estado fallido.

La crisis de seguridad que enfrenta México desde la aparición del narcotráfico como problema nacional en 1984 no es otra cosa que la crisis de reconfiguración del Estado. El año de 1984 no es una fecha gratuita, aunque el problema con los marihuaneros había aparecido desde finales de los setenta. En 1982 había tomado el control del Estado el grupo de los tecnócratas economistas que no habían establecido pactos secretos con las mafias como venía ocurriendo desde que los grupos políticos encontraron alianzas de control político con los grupos delincuenciales.

El elemento que condujo a la alianza sistema político-grupos delincuenciales fue el de la seguridad política del Estado priísta, toda vez que las policías institucionales eran las guardianes de la hegemonía del Estado. De hecho, de 1917 a 1981, los riesgos del Estado no estaban en las bandas criminales sino en la disidencia política clandestina. Al final, los grupos criminales eran usados en contra de la disidencia violenta, sobre todo en los setenta con la guerrilla armada.

Los economistas que tomaron el poder político en 1979 con el Plan Global de Desarrollo 19180-1982 consiguieron la candidatura presidencial en 1982 desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, cuando la tradición política establecía el criterio de que los secretarios de Gobernación se preparaban para  ser presidentes al manejar la oficina de asuntos políticos. Adolfo López Mateos salió de la Secretaría del Trabajo, pero el trabajo operativo lo tuvo Gustavo Díaz Ordaz como oficial mayor y subsecretario de Gobernación en alianza con López Mateos y fue secretario de Gobernación del sexenio lopezmateísta. Además, la inestabilidad obrera en los cincuenta convirtió a la Secretaría del Trabajo en una dependencia eminentemente política.

En septiembre de 1975 Luis Echeverría nominó candidato presidencial priísta el entonces secretario de Hacienda, con lo que el gobierno lopezportillista careció de sensibilidad sistémica. Al escalar rápidamente la burocracia, López Portillo no hizo compromisos con los sectores oscuros del sistema político: los policiacos, aunque echó mano de su gran amigo Arturo El Negro Durazo Moreno, comandante de la Federal de Seguridad (policía política) y de la Judicial Federal (controlador de grupos criminales).

En su presidencia, López Portillo pudo realizar la reforma política con el reconocimiento al Partido Comunista y el fin de la guerra sucia contra la guerrilla justamente por carecer de complicidades criminales con las policías. Pero en su sexenio los grupos criminales articulados al Estado quedaron sueltos, hecho que se profundizó con la candidatura de De la Madrid y su grupo de economistas. En esos años, las policías pasaron de ser guardianes de la seguridad política del Estado –ya innecesarios por la apertura política– a controladoras de grupos criminales.

En 1984, hace treinta años, ocurrió el asesinato del periodista Manuel Buendía, columnista político de Excelsior, porque tenía en su poder información de las complicidades de políticos del área de seguridad y de policías con las bandas de narcos. Un año después, la banda de Caro Quintero, controlada por policías, secuestró y asesinó al agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, un escándalo que condujo a la renuncia del director de la Federal de Seguridad de Gobernación, José Antonio Zorrilla Pérez, por proteger a narcos.

En el año de 1984 había avanzado la reorganización interna del Estado: los economistas abrieron la democracia municipal, se alejaron del control de jefes policiacos del pasado, se olvidaron del hecho de que el crimen organizado vivía al amparo de las policías del Estado. Sin control institucional, policías, funcionarios de seguridad y criminales quedaron sin control y sin persecución. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en la Unión Soviética después de la derrota del comunismo: los policías, funcionarios y militares que manejaban los mercados negros pasaron a conformar una alianza de intereses conocida como “mafia rusa”.

De 1984 a la fecha, el sector policiaco quedó al garete, sin rumbo, sin control político ni institucional. Y si ello se dio a nivel federal, nadie se preocupó por controlar a las bandas criminales a nivel estatal o municipal. Paulatinamente los cárteles de la droga comenzaron a tomar el control de grupos de delincuentes que operaban por su cuenta: secuestradores, ladrones de autos, carteristas, manejadores de prostitutas, polleros de mexicanos a los Estados Unidos, entre otras. Luego se agregaron los extorsionadores. Y ahora varios grupos de ambulantes son controlados por Los Zetas.

Y a la pérdida de control del crimen organizado se acaba de unir la pérdida del control de grupos sociales insatisfechos. Las autodefensas y las policías comunitarias pudieron haber nacido de un enojo social en contra de la apatía del Estado en materia de seguridad, pero su forma de organización y la falta de controles las llevarán a convertirse en grupos de poder para seguir ahorcando a los ciudadanos.

El fin del sistema político priísta, el debilitamiento del presidencialismo, los derechos humanos que nacieron contra la represión política pero hoy favoreciendo a delincuentes, la oposición sin un diagnóstico real de la crisis política sistémica y la globalización de la delincuencia sobre todo por la droga y el tráfico internacional de autos robados han llevado a la urgencia de reconfigurar al Estado y sus instrumentos de seguridad: las policías. Las autodefensas surgieron en zonas donde no existían policías estatales o municipales o éstas estaban coludidas con el crimen organizado.

Los espacios de maniobra del Estado no son los mejores. Sin embargo, el paso fundamental y prioritario es el de reorganizar sus organismos policiacos y de seguridad interna. Pero en lugar de ello, los gobiernos de 1984 a la fecha sólo buscan reprimir a los delincuentes pero no a desarticular el sistema delincuencial. Michoacán podría ser otra oportunidad, pero a costa de crear un sistema policiaco eficiente y con controles institucionales.

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