Carlos Ramírez/ Indicador Político/ Maestros: lucha por el poder

+ Maestros: lucha por el poder político
+ Los olvidos del Pacto limitan objetivos
México, DF. 19 de mayo de 2013 (Quadratín).- Por más que a los ciudadanos nos agobien con marchas, discursos estridentes de defensa de sus derechos y pliegos y pliegos y pliegos petitorios magisteriales, el trasfondo de la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se localiza en la construcción de una nueva hegemonía política
La clave en la lucha magisterial disidente tiene que ver con errores en su estrategia de lucha: si nació en 1979 para batallar por la autonomía sindical de las secciones de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán y por aumentos salariales, sus metas de combate se agotaron en 1995 con la existencia de la CNTE y los aumentos sucesivos de salarios.
De entonces a la fecha, la lucha magisterial se centró en el mejoramiento de las condiciones de bienestar de sus agremiados, aunque a costa de una reorganización del gasto estrecho: lo que ganaron los maestros lo perdieron otros sectores. Y si la revisión salarial anual en el SNTE giraba en torno al aumento inflacionario previsto del año más-menos un punto, la disputa se dio en torno a las prestaciones sociales.
A nivel de la CNTE, la lucha se individualizó por secciones y se olvidó la estrategia nacional. Los maestros de la Sección XXII de Oaxaca capitalizaron a su favor la crisis de 2006 con una alianza estratégica con los ex priístas descontentos con el PRI y apuntalaron la Alianza Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) en una lucha callejera que perdieron en el largo plazo, pero ganaron en coalición política que le ganó el gobierno del estado al PRI.
Ahora Guerrero quiere reproducir el modelito de Oaxaca pero en un escenario diferente: en Guerrero gobierna el PRD y no el PRI y el PRD avaló la reforma educativa, en tanto que en Oaxaca la lucha fue contra el PRI durante el final del gobierno de Vicente Fox y en el 2010 en el gobierno de Felipe Calderón. Asimismo, la APPO fue consecuencia de la represión de junio y en Guerrero no ha habido represión. Por tanto, la lucha en Guerrero se enfila hacia una nueva derrota de los movimientos populares antisistémicos. Y lo mismo ocurrirá en Michoacán, donde las preocupaciones son por seguridad y no por la crisis magisterial.
De todos modos, la estrategia de Guerrero busca construir una nueva hegemonía política, es decir, una alianza de organizaciones populares en un gran frente político orientado a provocar el fin del sistema de representación política y construir –como fracasaron en Oaxaca– un gobierno de Comuna. Los maestros de Guerrero ya entendieron que su agenda salarial no alcanza a convencer a sectores sociales importantes y por eso se han concentrado en organizar un gran frente político de organizaciones radicales antisistémicas.
El otro fondo político del conflicto magisterial se resume en el hecho de que las Sección XIV de Guerrero y la Sección XXII de Oaxaca forman parte de la estructura del SNTE y que como secciones carecen de personalidad jurídica para negociar algo, porque el contrato colectivo de trabajo está suscrito por el SNTE y la SEP federal. De ahí la urgencia de las secciones disidentes por adherir a su causa organizaciones populares. Una hegemonía popular sería la dirección política de un sinfín de organizaciones sociales antisistémicas, algo que ya intentó infructuosamente el EZLN y la XXII de Oaxaca.
De ahí que en Guerrero y Oaxaca no se negocie una agenda magisterial sino se esté desarrollando una lucha de posiciones por el poder político.

LOS OLVIDOS DEL PACTO

A la novedad política del Pacto por México, los partidos al parecer olvidaron los controles de estabilidad interpartidista. El PAN y el PRD secuestraron el acuerdo de agendas legislativas y al final podrían ser los que más pierdan en las reformas.
Nada tenía que ver el Pacto con actividades clandestinas de priístas para aprovechar electoralmente los programas sociales. Peor aún: todos los programas sociales, absolutamente todos, forman parte del mecanismo conocido como “intercambio de favores” y que todos los partidos políticos en mayor o menor medida han aplicado.
Lo grave del asunto es que el PAN y el PRD perdieron espacios y credibilidad con sus amenazas de reventar el Pacto, no sólo porque no lo hicieron sino porque al final las agendas de reformas se nutrieron con propuestas de la oposición que difícilmente hubieran podido llevarlas al Congreso con posibilidades de aplicarse. Días después del escándalo mediático, el PAN y el PRD tuvieron que regresar a la comisión del Pacto.
Más aún, la oposición en realidad no supo aprovechar el conflicto como para agregar algunas reformas a los mecanismos de vigilancia del ejercicio del gasto social porque todo se redujo a periodicazos. Y las razones son obvias: el PRD, al final hijo del mismo venero del PRI, ha consolidado su fuerza en la ciudad de México y en algunas zonas de la república justamente por la capacidad de convertir el gasto social en mecanismo de control social, como ha ocurrido con los programas para viudas, madres solteras y sobre todo personas de la tercera edad.
Asimismo, la oposición también perdió la oportunidad de llevar el debate al grave problema de México: la crisis de los modelos de desarrollo, porque antes el gasto social promovía posibilidades de ascenso social vía educación, salud y capacitación y ahora todo se reduce a programas asistencialistas de apoyo para gasto indispensable.
México necesita replantear su modelo de desarrollo para generar bienestar en lugar de reducir su apoyo social sólo a dinero regalado, y todo ello a cambio de lealtad electoral. La clave está en transformar el asistencialismo por bienestar.
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