Carlos Ramírez / Indicador Político / Más allá de El Chapo Guzmán

MÉXICO, DF. 9 de marzo de 2014 (Quadratín).- El arresto de Joaquín El Chapo Guzmán ofrece un panorama inesperado en el mundo criminal de los cárteles y en sus espacios políticos, económicos y sociales de acción. Con El Chapo desparece la figura del gran capo con presencia histórica, aunque a veces con más leyenda urbana y mediática que realidad. El Chapo saltó a la fama en 2001 con su fuga y reconstruyó su cártel al combatir a Los Zetas y a los cárteles del Golfo y de Juárez.

La estructura de poder de los cárteles dominó buena parte de la república, del centro hacia el norte. Con formación real de peligro, llegaron a existir más o menos once cárteles: los Beltrán Leyva, los Arellano Félix, los Templarios, Colima, La Familia Michoacana, del Golfo, de Guadalajara, de Juárez, Los Zetas, Los Mata Zetas, el de Sinaloa y el de Tijuana. Casi todos han sido descabezados, a excepción hoy los Templarios y la Familia, de hecho dos en uno.

Los cárteles han sido bandas criminales que se apoderaron de espacios políticos, económicos, sociales, culturales, de seguridad y territoriales, ante la incapacidad del Estado en sus tres modalidades: federal, estatal y municipal. Su poder se ejerció para comprar autoridades y policías y suplantar el papel del Estado en el bienestar.

El primer periodo del narco como estructura de poder corrió de principios de los setenta a 1984-1985, cuando se conformaron las primeras bandas criminales como organizaciones económicas, productivas y de efectos sociales. El Estado se encontraba en esos tiempos luchando contra la disidencia ideológica, además de que las bandas sólo trabajaban en el contrabando hacia los EU y en zonas alejadas del centro de la república. La tarea era sólo el contrabando. Y las policías políticas que perseguían disidentes se encontraron hacia comienzos de los ochenta ya sin líderes a quienes apañar y entonces comenzaron a venderles protección a los narcos.

En 1984 y 1985 ocurrieron dos incidentes mayores: el asesinato de Manuel Buendía, columnista de Excelsior en mayo de 1984 cuando se disponía a publicar, apoyado por obispos de la zona sur de la república, nombres de funcionarios y policías que protegían a narcos; y en 1985 el cártel de Guadalajara –Miguel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero– secuestraron, torturaron y asesinaron a Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA pero también contacto de los narcos. La presión de los EU contra México por Camarena llevó, luego de denuncias del embajador John Gavin, de que los policías cuidaban a narcos, a la renuncia obligada de José Antonio Zorrilla Pérez, director de la Federal de Seguridad, la policía política del régimen. Ahí se abrió la cloaca de la relación orgánica de policías con el narco.

La segunda fase fue de 1984-1985 a 1993, de la caída de Zorrilla al arresto de El Chapo Guzmán. Las bandas de narcos habían pasado ya a una estructura de poder regional, ante el abandono de la plaza por las fuerzas oficiales de seguridad. Para mediados de los noventa existían formalmente cárteles, que eran algo más que bandas: asociación de productores y fabricantes, junto a transportistas, para controlar el proceso de producción y venta de droga; es decir, una asociación con enfoques empresariales. Los cárteles comenzaron a influir en las cotizaciones.

La tercera etapa fue de 1993 al 2007, con El Chapo encarcelado y hasta la ofensiva de seguridad del presidente Felipe Calderón. La decisión de Calderón puso en el centro del debate a los cárteles no como bandas de pillastres o malandrines, sino estructuras de poder capaces de comprar territorios del Estado y funcionarios públicos. Esta tercera etapa coincidió con los cambios políticos en el régimen: el ingreso del PAN a la presidencia y los descuidos en el ejercicio del poder, derechos humanos, avance de la oposición, caída de la calidad política de los gobernantes, desarticulación política del régimen y tecnocratización del Estado. Con los economistas en el poder, el enfoque de la droga fue también en el mismo sentido. La democratización del país, paradójicamente, no contribuyó a fortalecer al Estado sino que lo fue debilitando paulatinamente. En el 2007 el narco se había apropiado de espacios territoriales de la soberanía del Estado: Juárez y Tamaulipas eran el ejemplo.

La cuarta etapa fue sexenal 2207-2012, marcada más por la contabilidad de muertos que por la evaluación racional de los efectos de la estrategia. A sectores opositores le horrorizaban más el número anual de muertos por batallas entre las mismas bandas criminales –el 98% de los muertos fue producto de la guerra entre cárteles— que por analizar la evolución y desintegración de los cárteles que por captura o muerte en combate de capos. Las fuerzas de seguridad dieron cuenta del poder del narco, arrestaron a cómplices, decomisaron armas, droga y transportes y comenzaron a tocar el lavado de dinero. Al terminar el sexenio de calderón sólo había capos fuertes en el cártel de Sinaloa y en Los Zetas.

La quinta etapa viene con el arresto de El Chapo. Además de la información que pueda aportar sobre relaciones de poder, en realidad el funcionamiento de los cárteles dependía más de los caprichos de sus líderes que de algún consejo de administración. De los grandes líderes sólo quedarían La Tuta en Los Templarios, pero con nociones más de liderazgo religioso que criminal, y los segundos de El Chapo: El Mayo Zambada y El Azul Esparragoza. A ello se debe atender al hecho de que los cárteles han perdido eficacia empresarial, control territorial y son más visibles, además de que las actividades colaterales a la droga ya provocaron la acción fuerte del Estado.

Si bien es cierto que el narcotráfico no desparecerá del todo porque la oferta depende de la demanda, de todos modos el problema con los cárteles ya no es el trasiego de droga sino las actividades paralelas: el secuestro, las extorsiones, el contrabando, la trata de mujeres y la piratería, porque su funcionamiento es de bajo nivel, masivo y celular, además de que ahí sí afecta directamente a sectores masivos de la población. Y a ello se agrega el principal efecto del narco en México: los aumentos en la disponibilidad de droga y en el consumo.

La estrategia de seguridad encara el desafío de actividades criminales, no nada más de droga. Y ahí es donde deberá darse a partir de ahora el mayor esfuerzo de las autoridades.

www.noticiastransicion.mx
[email protected]
@carlosramirezh