Carlos Ramírez / Indicador Político / PRI y la impunidad del poder

+ PRI y la impunidad del poder
+ Contra corrupción, un colchón
México, D.F., 1 de febrero de 2012 (Quadratín).- Cuando los tecnócratas del PRI llegaron al poder para poner un poco de orden en las finanzas públicas, la sociedad que se quejaba reviró: “no queremos realidades, queremos promesas”; hoy el escenario favorable al PRI es parecido: “que se vayan los incompetentes y que regresen los corruptos”.
Si las señales de la sociedad son claras y permanentes, entonces el país se encuentra ante un contexto inédito: el PRI puede regresar al poder no por eficiente ni por haberse regenerado, sino porque el mexicano no es sino el reflejo sociopsicoanálitico de la cultura del beneficio y nada de los valores.
El PRI, el mismo PRI de siempre, ha sabido entender ese perfil psicológico del mexicano y por eso no se preocupa de las denuncias de corrupción de algunas de sus élites sino que quiere vender de nuevo el argumento de la eficiencia en la administración del poder público, aunque haya dejado al país en 2000 sumido en una larga crisis 1973-2000. Y una eficiencia que nada tiene que ver con resultados positivos sino que se basa en la teoría política del charco, es decir, de salpicar.
El perfil sicopsicoanalítico del mexicano fue elaborado en 1970 nada menos que por Erich Fromm, en un estudio realizado con Michael Maccoby: Psicoanálisis del campesino mexicano. Ahí los dos revelan la cultura de los beneficios de los mexicanos, es decir, que no importa el camino para obtener beneficios; por eso, sin duda, la corrupción en México se convirtió en un problema en México no por violar códigos de ética, de moral y de convivencia social, sino por dejar de salpicar beneficios a la pirámide de los beneficiarios del poder; es decir, cuando se concentró en la cleptocracia de las élites y no –como estableciera Alan Riding en Vecinos distantes– en el factor de cohesión social.
El PRI conoce los resortes sicoanalíticos del mexicano y por ello, por ejemplo, denuncia que el gobierno panista hace un “uso electoral de la justicia” en los casos de priistas involucrados en hechos delictivos y hasta ahora se ha negado a esclarecer las denuncias y contribuir al procesamiento de los responsables; no importa la verdad de los casos sino su uso.
A Jorge Hank Rhon sí le encontraron armas ilegales y una de ellas también estuvo involucrada en un asesinato pero salió libre por presuntas ilegalidades en el cateo; el ex gobernador Eugenio Hernández sí tiene investigaciones que revelan involucramiento con el crimen organizado y por el abandono del poder que propició que Tamaulipas fue un territorio narco, pero el PRI lo arropa con protección política.
Los casos judiciales contra priistas van a seguirse multiplicando pero al parecer podrían tener escaso efecto en la lógica electoral de los mexicanos porque al final de cuentas ese perfil del político exitoso y de riquezas mágicas y de corto plazo no genera repudio ético sino que se han convertido históricamente en un elemento de emulación: la riqueza abrupta e inexplicable al alcance de cualquiera, o como se decía en los tiempos priistas de Echeverría y López Portillo en su campaña: “la corrupción somos todos”.
La airada respuesta del PRI ante las revelaciones del caso de los exgobernadores tamaulipecos en el sentido de que se trata de un “uso electoral de la justicia” lleva al aparato priista a olvidar que Tamaulipas se convirtió hasta hace un año en un paraíso del narco y que el candidato priista original al gobierno estatal, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado hasta ahora impunemente por negarse a mantener los acuerdos con el crimen organizado.
El PRI podría regresar al poder presidencial sin haber resuelto sus tres principales pasivos: represión, corrupción y pobreza. Acaba de morir Miguel Nazar, uno de los principales jefes de la temible policía política que durante años reprimió la disidencia política para impedir que el PRI cediera el poder por la vía democrática, y la sociedad se espanta de los criminales muertos en este sexenio por ajuste de cuentas entre cárteles; el priismo provocó la crisis populista y luego multiplicó los pobres con el neoliberalismo y de paso heredó candados neoliberales que mantienen la pobreza estructural como factor de la dinámica del equilibrio productivo, y la sociedad tiene al PRI en primer lugar de tendencia de votos; y estallan escándalos de corrupción de prominentes priistas y el PRI dice que es un “uso electoral de la justicia”.
En cambio, una parte de la sociedad mexicana quiere que el PRI regrese al poder en la figura de Enrique Peña Nieto bajo la consigna de “Peña, bombón, te quiero en mi colchón”, y justo cuando estalla el caso de Tamaulipas que recuerda el hecho de que recuperarlo costó vidas civiles y militares y una batalla sangrienta que ganaron las fuerzas armadas sin el apoyo de la sociedad ni de la clase política. Y resultan contradictorias las denuncias de corrupción por la “Estela de Luz” frente a la pasividad social de los casos judiciales de priistas y perredistas presuntamente involucrados en el crecimiento de la actividad del crimen organizado en algunas zonas del país.
Si lo que importa al PRI es el “uso electoral de la justicia” en el caso de Tamaulipas, entonces se puede tener una percepción clara de por qué se critica la ofensiva del presidente Calderón contra el crimen organizado en estos cinco años: importa más dejar las cosas como estaban que limpiar los establos de la penetración del crimen organizado. Al final al PRI le urge más proteger al precandidato al senado Manuel Cavazos Lerma y al delegado especial Eugenio Hernández que exigirles a ambos que aclaren los señalamientos de complicidad en el aumento de la violencia criminal en Tamaulipas.
Al final, la consigna de “que se vayan los incompetentes y que regresen los corruptos” es una definición social de los votantes: ante la falta de fuerzas sociales para un cambio, no queda otra que el bienestar que salpica la corrupción.

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