Carlos Ramírez/ Indicador Político / Pacto: una fuga hacia adelante

+ Pacto: una fuga hacia adelante
+ Rehén o meta, dudas latentes
México, DF. 12 de mayo de 2013 (Quadratín).- Los tropiezos del Pacto por México a raíz de la denuncia del PAN sobre presuntas irregularidades en programas sociales pudieron haber aniquilado ese compromiso de los tres principales partidos políticos con el presidente Enrique Peña Nieto, pero al final las aguas se encauzaron por el hecho de que la oposición iba a perder más en reformas que el efecto mediático de no participar.
Al final, el PAN regresó al Pacto y el PRD se afianzó como estratega. Y lo que viene es una especie de addendum para ampliar algunos temas pendientes. Pero si sólo se agrega la parte de blindaje a los programas sociales, la oportunidad podría perderse. El problema de fondo del Pacto no fue el asunto del condicionamiento electoral de programas sociales –de suyo es inevitable y parte esencial del mecanismo de gasto-lealtad electoral–, sino el hecho de que el Pacto pudo avanzar reformas como la educativa y de telecomunicaciones que los partidos por sí solos no hubieran podido consolidar.
El Pacto nació como un mecanismo de definición de reformas en el Congreso, aunque desde el principio dejó claro uno de los principales problemas de organización del acuerdo: lo suscribieron los presidentes de los tres principales partidos políticos, pero para reformas que se discutirán en el Congreso, con la circunstancia agravante de que en los partidos existe una coalición dominante que no descansa en los comités ejecutivos ni en las bancadas sino que las decisiones deben de pasar por acuerdos entre las élites partidistas.
La coalición dirigente en los partidos tiene instancias de decisión en diferentes niveles, transversales y verticales: los comités ejecutivos, los jefes de las bancadas, los grupos dentro de las bancadas, las tribus en los partidos y los funcionarios que tienen capacidad e influencia sobre el partido. Por ello, el acuerdo sólo entre los presidentes de los partidos no consiguió la fuerza en toma de decisiones, con el dato mayor de que al final la agenda de reformas del Pacto se decide en el Congreso por nuevas leyes, reformas a las existentes y modificaciones constitucionales.
Los promotores del Pacto tienen la oportunidad de los agregados en ciernes para reformular la organización del grupo no sólo buscando un mayor involucramiento de los jefes de las bancadas en el congreso sino ampliando los temas hacia otras reformas que urgen para consolidar una verdadera transición hacia un régimen democrático más integral. Las propuestas para blindar los programas sociales tienen que ver con el funcionamiento de los partidos.
En 1977 el gobierno democrático de Adolfo Suárez en España promovió los Pactos de la Moncloa como el mecanismo de reorganización de la economía, del Estado y de la sociedad en un proyecto de modernización institucional en el que las ofertas de reforma fueron mayores a las demandas de la sociedad. En México se padecen conflictos sociales porque las demandas de la sociedad siguen siendo mayores a las ofertas de modernización institucional.
El riesgo que existe en las reformas pactadas tiene que ver con la posibilidad de que no resuelvan un conflicto existente sino que generen otros mayores. Lo ocurrido en la reforma educativa y las protestas magisteriales in crescendo ilustran este punto: la nuevas reglas de evaluación efectivamente ponen orden en el caos existente en la formación del magisterio, pero no se atendieron las protestas sindicales y éstas han escalado no sólo los diferentes niveles de violencia y provocación sino que están promoviendo formas de aglutinamiento de organizaciones sociales con objetivos de confrontación.
En España, el presidente Suárez tuvo clara esa posibilidad e incorporó activamente a la izquierda del Partido Socialista y del Partido Comunista en la definición de los puntos de la modernización y también a las organizaciones sindicales poderosas. El mecanismo de negociación fue un intercambio de propuestas entre todos los sectores políticos y productivos, de tal manera que se llegaron a reformas de gran calado.
El Pacto por México está enfrentando no sólo oposiciones sino resistencias y sobre todo protestas sociales callejeras que pudieran disminuir los efectos positivos de sus reformas. Los partidos políticos tienen capacidad de decisión y han logrado acuerdos con sus bancadas parlamentarias, pero se están detectando en México organizaciones sociales con capacidad de movilización que funcionan al margen de los partidos y en muchos casos en contra de los partidos. Este forma de anarquismo social no ha logrado detener algunas reformas pero sí pudieran enrarecer el ambiente para su aplicación. Estas formaciones radicales, paradójicamente, formarían poderes salvajes –según el modelo de Ferrajoli–, no sólo fácticos, similares a los existentes en ciertos niveles de empresas privadas poderosas que han seguido desafiando al Estado.
Ahí podría trabarse la viabilidad del Pacto: reformas de fondo aprobadas en las instancias institucionales políticas y legislativas, pero sin capacidad de operación por la oposición de organizaciones sociales opuestas o con resultados menores también por esas oposiciones. Y las cosas podrían entrar en una zona de turbulencia por el grado de provocación de violencia de esas organizaciones radicales que prefieren reventar la institucionalidad que hacer uso de los mecanismos legales para plantear su oposición.
La sociedad organizada de manera autónoma y al margen de los partidos es bastante amplia como para dejarla al margen de las negociaciones y luego obligarlas a cumplir con las reformas. La salida no se localiza en el aislamiento de esos grupos o en la aplicación de la fuerza, sino en la necesidad de explorar reformas que modernicen el sistema de toma de decisiones. Los grupos magisteriales radicales apenas están tomando conciencia de la necesidad de acceder a los niveles legislativos para hacer oír su voz, pero faltaría al respeto a la regla democrática de espetar las decisiones de la mayoría, aunque en el entendido de que el sistema mayoría-minoría no es excluyente sino que requiere su propio espacio de negociación.
La violencia política en las sociedades en cambio fue estudiada por Samuel Huntington a mediados de los años sesenta en el contexto de las transiciones a la democracia. Por tanto, hay suficiente reflexión como para llegar a conclusiones que enfaticen la ampliación social en el sistema de toma de decisiones y una mejor educación política para respetar las reglas de la democracia representativa. Por tanto, el Pacto debe de trabajar en temas de reforma de la democracia y en mecanismos de participación democrática de otros sectores sociales.
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