Carlos Ramírez / Indicador Político / Secciones: otro mensaje de Peña

Oaxaca, Oax. 01 de marzo de 2013 (Quadratín).- La reunión del presidente Enrique Peña Nieto con gobernadores no debe ser leída como un placeo posterior al arresto de la presidenta vitalicia del SNTE, sino como un severo mensaje político a los mandatarios estatales: el otro obstáculo a la reforma educativa está en las secciones magisteriales disidentes.
Si Elba Esther Gordillo era un obstáculo para la reforma educativa aprobada por el Estado –el ejecutivo federal, el congreso de la república y los legislativos estatales–, las secciones magisteriales radicales estatales están preparando paros, huelgas, movilizaciones, plantones y ofensivas masivas contra la reorganización del sector educativo porque la reforma tocó el poder político y de control gremial: las plazas y la evaluación.
El problema educativo, en realidad, se localiza más allá de Gordillo, aunque la oposición del SNTE como sindicato nacional se perfilaba como el aglutinador de todo el poder gremial del magisterio, inclusive de las secciones disidentes que siguen formando parte del SNTE pero que manejan localmente el sistema de cuotas, en una reproducción seccional del modelo Gordillo.
Y más a fondo, el problema con las secciones sindicales del SNTE se ubica en el hecho de que la disidencia magisterial le quitó el control de la política educativa a los gobiernos estatales y al gobierno federal, como efecto de la deficiente federalización educativa de Salinas de Gortari porque entregó a los gobernadores el manejo de la educación y los recursos presupuestales pero mantuvo la organización sindical nacional del SNTE.
Sin poder local, aliados a los disidentes por razones electorales y carentes de fuerza para tomar decisiones de poder, los gobernadores de los estados con presencia magisterial disidente quedaron como rehenes de las movilizaciones seccionales. Oaxaca sería el ejemplo prototípico: a pesar de que la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto es ya constitucional, la Sección XXII se negó a acatarla, mantiene paros y presiones sobre el gobernador aliancista Gabino Cué Monteagudo para no cumplirla y ya impuso su propia reforma educativa en función de los intereses gremiales.
Así, la reforma educativa entró en la peligrosa lógica de la balcanización en la que cada sección impone su propia reforma. Y en Oaxaca no es situación reciente. En 1990, al aplicar la reforma educativa de Salinas, el gobernador priísta Heladio Ramírez López desapareció la Secretaría de Educación del gabinete local, creó un Instituto autónomo y firmó un acuerdo formal con la Sección XXII en las que le daba al gremio la facultad de designar funcionarios y de aprobar nombramientos; es decir, le entregó a la sección sindical el control de la educación pública. Por eso el Instituto de Educación de Oaxaca está formado con cuadros de la XXII, al grado de que los que pagan cheques a los maestros son sindicalistas radicales y por eso usan los pagos para garantizar asistencia a marchas: quien no marche, no cobra.
La situación en Oaxaca se agravó en el 2006 porque la Sección XXII fue el alma de la insurrección social para destituir al gobernador Ulises Ruiz Ortiz e instaurar un gobierno popular, autogestionario y comunal. En 2010, la XXII le dio al candidato aliancista Cué Monteagudo recursos y apoyos para derrotar al candidato del PRI. De ahí que el gobierno aliancista está controlado por la XXII y el gobernador haya aceptado todas las condiciones de la XXII, al grado de que Cué Monteagudo ya desconoció la reforma educativa constitucional y avaló la propuesta de modernización educativa de la Sección disidente.
Por ello la comida del presidente Peña Nieto con los gobernadores al día siguiente del arresto de Gordillo no fue un placeo o un disfrute de una decisión que tuvo un enorme consenso nacional, sino que haya servido para fijar los criterios de la rectoría del Estado sobre la educación, el cuidado con el bienestar de los maestros y trabajadores de la educación pero también de advertencia de que las secciones sindicales no pueden erigirse en un poder autónomo del Estado ni imponerle al Estado condiciones para la reforma educativa. En consecuencia, los gobernadores –sobre todo los que tienen secciones magisteriales disidentes– debieron salir de la comida con una tarea concreta que cumplir: reorganizar su relación con los maestros y fijar los criterios de autoridad del Estado para impedir acciones que desafíen al Estado.
Las zonas donde opera una balcanización educativa abarca los estados de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Chiapas, con quienes Gordillo ya había comenzado a pactar acuerdos de movilización en contra de la reforma educativa. En esos estados han comenzado los paros y movilizaciones rupturistas –sobre todo en Oaxaca, Chiapas y Michoacán–, pero violando los contenidos de la relación obrero-patronal porque no cumplen los requisitos para estallar una huelga. En Oaxaca ha habido paros educativos que duran meses, condenando a los estudiantes a la ignorancia.
De ahí la importancia de la reunión del presidente de la república con los gobernadores, hasta ahora abandonados a su suerte por el poder central. Y de ahí también la posibilidad de que la salida sea la desarticulación federal del sindicato nacional y la creación de sindicatos estatales que den a los gobernadores instrumentos políticos, porque con Gordillo el SNTE dejaba margen libre a las secciones para negociar prestaciones locales adicionales a la revisión estrictamente contractual.
En este contexto, la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa –un aparato ideológico del sistema– debe de pasar por la renegociación de los espacios de poder de las secciones magisteriales del SNTE, comenzando con las disidentes que tienen arrodillados a muchos gobernadores. Si el presidente Peña Nieto no lo dijo en la comida del miércoles, los gobernadores debieron de procesarlo. Por tanto, muchos dirigentes magisteriales que han roto la ley deberían poner sus barbas a remojar porque reproducen conductas rebeldes similares a las de Gordillo.
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