Carlos Ramírez /Indicador Político/Scjn una mano tapa errores de la otra

OAXACA, Oax. 8 de noviembre de 2013 (Quadratín).-Si no afectara uno de los temas más sensibles en la democracia, lo que ocurre en el sistema penal jala la atención hacia las deficiencias que dependen de la Corte Suprema como responsable del poder judicial.

Presuntos culpables son liberados por errores de procedimiento de jueces, pero sin ajustar cuentas con los funcionarios que fallaron.

La aplicación de la teoría pura del derecho se ha encontrado con una estructura judicial de los tiempos de las complicidades del poder.

Pero en lugar de que la Corte reorganice el sistema judicial desde el Consejo de la Judicatura por su responsabilidad de administrar, vigilar y supervisar la disciplina de la carrera judicial, se ha dedicado a corregir los errores de jueces y tribunales liberando procesados por culpas de procedimiento y no por inocencia y manteniendo el mismo esquema judicial fallido.

De ahí que la sociedad haya quedado atrapada entre una Corte purista y estricta que libera presuntos culpables y un sistema judicial que depende de la Corte y que funciona al viejo estilo de procesar y sentenciar con errores.

Al final, una mano de la Corte enmienda los errores de la otra mano del sistema judicial.

Los casos de Florence Cassez, Alberto Patishtán Gómez, Israel Arzate y Rafael Caro Quintero enlistan a personas que fueron procesadas en el sistema judicial y en algunos casos sentenciados por plena culpabilidad, pero sus expedientes fueron beneficiados en la Corte.

Así, la Corte ha demostrado que la justicia es ciega y no confirma o rechaza en función de complicidades.

Sin embargo, el problema radica en el hecho de que la Corte sí es ciega de sí misma porque esos casos encontraron jueces y tribunales que confirmaron acusaciones y sentencias y resultó que en la Corte les dieron marcha atrás pero dejando en sus puestos a los funcionarios que fallaron.

Lo malo es que la Corte es la encargada de vigilar a los jueces vía el Consejo de la Judicatura que encabeza el ministro presidente de la Corte, Juan Silva Meza. Así, el poder judicial es incapaz de vigilarse a sí mismo.

El caso último fue el de Rafael Caro Quintero: bajo las narices de la Corte y sus ministros, un tribunal colegiado determinó la liberación del narcotraficante por argucias legales; pero luego de presiones de los Estados Unidos y las quejas de la PGR, la Corte revisó el caso y el miércoles determinó la anulación del amparo que le concedió un tribunal colegiado y ordenó su reaprehensión, con excepción del voto del ministro José Ramón Cossío.

Sin embargo, ¿quién va exigir la rendición de cuentas del colegiado por haber facilitado la libertad del narco y su desaparición de los radares policiacos?

El ministro presidente de la Corte Juan Silva Meza ha sido muy estricto en exigir que nadie meta las manos en el sistema judicial, pero en las salas o el pleno del máximo tribunal se liberan presuntos culpables o se ordena la reaprehensión de otros pero sin ofrecer una explicación de por qué jueces y tribunales siguen decidiendo en función del modelo antiguo de las complicidades del poder.

Se dio el caso del dirigente indígena Patishtán porque se tuvo que reformar una ley para que el presidente de la república lo indultara por un largo proceso penal en el que fue encontrado responsable de las acusaciones.

A lo largo de su proceso jueces y tribunales determinaron que sí había sido responsable de las acusaciones pero aun así el indulto lo liberó sin resolver el proceso judicial que lo tenía en la cárcel.

La crisis del sistema judicial no es de desdeñarse porque tiene que ver con la crisis de seguridad: jueces y tribunales sentencian equivocada o realmente y la Corte libera y reaprehende por razones políticas pero nadie pone orden en el sector judicial.

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