Carlos Ramírez / Indicador político. Gasto-elecciones, ¿mito genial?

México, D.F. 9 de mayo de 2013 (Quadratín).- La titubeante capacidad de respuesta política del gobierno federal ante la estridencia de la oposición en torno al gasto social-lealtad electoral pareció darle la razón a las quejas. Sin embargo, desde el Pronasol de 1989 se han hecho estudios técnicos para demostrar que los programas contra la pobreza no han beneficiado al PRI.
Más aún, el estudio Monitoreo de programas sociales en contextos electorales. Análisis de la vinculación del gasto de programas sociales con las variables electorales, de Ma. Fernanda Somuano en el 2006, investigadora de El Colegio de México, concluye que “municipios panistas y perredistas reciben mayores recursos que municipios priístas”.
En su investigación técnica Somuano pudo consolidar datos verificables sobre la relación gasto-elecciones. En el periodo 2002-2004, en el caso de Liconsa, concluyó: “el grado de competencia en el municipio, así como qué partido gobierna en el mismo, no afecta la distribución de recursos. En años electorales municipales se destinan menores recursos per cápita a los municipios”. “No existe un uso político-electoral del programa Liconsa para los años estimados”.
Respecto a Oportunidades, la investigadora concluyó que “el grado de competencia política en el municipio no parece tener efecto sobre la magnitud de los recursos asignados. La identidad del partido en el gobierno municipal tampoco parece ser una variable que tiene influencia sobre los recursos”.
Eso sí, encontró que “municipios en estados perredistas reciben mayores recursos que municipios en estados priístas y que municipios en estados panistas”. Por su parte, la investigadora Gabriela Pérez Yarahuán, en su estudio Social development policy, expeditures and electoral incentives in México, publicado en el 2007 en la revista Iberofórum, jerarquiza la importancia de los programas sociales: primero está el Fondo de Infraestructura social Municipal (376 pesos per cápita), luego Oportunidades (283 pesos) y Liconsa (21 pesos). En este sentido, “municipios gobernados por el PRD reciben en promedio más gastos per cápita del Fondo y Oportunidades”, pero en promedio esos municipios tienen un “menor grado de desarrollo”.
De acuerdo con la investigación en el periodo 1999-2005, Liconsa fue el único programa social que reveló “mayor influencia política” en la distribución de recursos pero por razones de lealtad a nivel federal. Peor aún, a nivel municipal se observó un efecto negativo por los mecanismos de blindaje desarrollados por la Secretaría de Desarrollo Social. De hecho la investigación encontró que “los nuevos arreglos institucionales han servido para limitar la discrecionalidad del ejecutivo federal en la asignación de los gastos del gobierno”.
Michelle Dion, en una investigación publicada en el 2000 en la revista Estudios Sociológicos de El Colegio de México sobre una indagación de programas sociales en el periodo 1988-1994 sobre el Pronasol (ya inexistente), encontró tres puntos decisivos: los recursos del Pronasol se asignaron con base en criterios políticos, el programa no estuvo dirigido a los estados o regiones más necesitados del país y “no influyó en los resultados de las elecciones presidenciales de 1994”. Esta conclusión es importante porque a nivel federal los programas sociales manejados por el PRI y luego por el PAN no determinaron preferencias electorales federales.
Otro dato de la investigadora es revelador: “esos gastos rara vez consiguen comprar un número considerable de votos”; “los políticos sí hacen uso del gasto público para comprar votos, pero no siempre tienen capacidad para influir en los resultados electorales”. A boca de urna, los electores votan por decisiones propias, no por compromisos con los políticos. Luego del resultado adverso al PRI en las elecciones de 1997 –pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara federal y pérdida del gobierno del DF–, Zedillo emprendió una gira por municipios pobres para promover Progresa –sustituto de Pronasol– pero el resultado en el 2000 fue negativo al PRI.
En una investigación sobre los criterios de asignación para la superación de la pobreza en México, de John Scott y Erik Bloom, publicado en Economía Mexicana de El Colegio de México en el primer semestre de 1997, se acumulan datos sobre el entonces vigente ramo 26 para combatir la pobreza: los cuatro estados más beneficiados fueron Chiapas (4.6 veces de 1988 a 1997), Guerrero (4.7), Oaxaca (3.1) y Veracruz (2.8) tuvieron resultados irregulares en materia electoral: Chiapas fue dos veces ganada por una alianza anti PRI, Guerrero se descompuso hasta pasar al PRD, Oaxaca pasó a manos de otra alianza antipriísta y sólo Veracruz se quedó en poder del PRI.
Y una Evaluación de las políticas y programas sociales implementados por el gobierno del DF, realizado para la Asamblea Legislativa del DF en el 2001, llegó a una conclusión vía una encuesta: “la mayoría de los entrevistados, 51.7%, opinó que la finalidad de los apoyos que da el gobierno (del DF) es obtener votos” y sólo el 30.5 asumió que el objetivo fue atender los derechos.
En el DF tres programas concentran el 70% del presupuesto de 12.3 millones de pesos: servicios médicos gratuitos (39.7%), pensión alimentaria a adulos mayores (20.1%) y Prepa Sí (6.78%). De ellos sólo el tercero tiene un efecto multiplicador de bienestar y nivel social.
Al final, la polémica armada por el PAN y el PRD en torno a la relación gasto-elecciones no obedeció a una investigación de fondo sobre el principal efecto de la modernización política: ciudadanización de la sociedad, pasando de la sociedad del acarreo (sólo magnificado en el DF) a la sociedad del voto conciente.

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