Carlos Ramírez /Indicador político. Inseguridad: como Juárez 1869 y 1871

MÉXICO, DF. 6 de febrero de 2014 (Quadratín).- Restaurada políticamente la república por Juárez en 1867 al regresar la presidencia a la ciudad de México, su principal tarea fue la de construir el Estado. Y derrotados los conservadores, el problema central fue la inseguridad pública.

En la introducción a la iniciativa de Ley para castigar a los plagiarios y salteadores de 1869, el ministro José María Iglesias establecía la premisa de que los delincuentes se apoyaban en la ley para protegerse. El párrafo es impecable:

“Forzoso es al gobierno repetir en este lugar, que nuestra sociedad está atravesando, en materia de seguridad pública, una de esas crisis de vida o de muerte, en que ningún esfuerzo, ningún sacrificio puede estimarse costoso […] Las garantías constitucionales están siendo explotadas abusivamente a favor de los malhechores más criminales: los juicios que con repetición escandalosa les están sirviendo de amparo, dejan completamente desamparada a la comunidad, formada en su mayor parte de hombres honrados y laboriosos: la protección legal, mal entendida o mal aplicada, se retira de los buenos para abrigar a los perversos”.

La ley llevó a la creación de las policías rurales, señala Yanceli Verján Vásquez, de la UAM Iztapalapa, en su tesis de maestría en historia (http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=14116&docs=UAMI14116.PDF). Juárez sabía que la construcción del Estado –que no había podido fundarse por las guerras internas de más de cincuenta años– requería de voluntad, fuerza y sobre todo el fortalecimiento del ejecutivo federal. Por eso la ley avasalló a los estados, pero fue la única manera de consolidar la seguridad del Estado-nación.

Las leyes de seguridad pública de Juárez operaron en tres pivotes: la hegemonía del presidente, las acciones preventivas y las decisiones represivas.

La ley del 13 de abril de 1869 aprobó la suspensión de garantías constitucionales para delincuentes y la aplicación de la pena de muerte. Sólo así pudo el gobierno juarista tranquilizar a la república. El 30 de abril se aprobó la ley reglamentaria: facultades a los estados, portación sin licencia de armas, persecución de bandidos y aplicación de la Ley de Linch, aquel granjero Charles Linch (1736-1796) que gustaba colgar –linchar– a sus enemigos.

En 1871, de acuerdo con Oscar Cruz Barney (http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2389/10.pdf), Juárez permitió la creación de tribunales especiales –una copia de los Tribunales de la Acordada– para aprehender, juzgar, sentenciar y colgar a delincuentes en horas, evitando que manipularan las leyes en su favor. El tribunal de la Acordada funcionó en el reino de España y el México colonial para fortalecer a la monarquía: era un grupo de funcionarios, de jueces, policías, capellanes y verdugos.

La crisis de seguridad pública en 1869-1871 obligó al gobierno de Juárez a tomar medidas excepcionales para castigar a delincuentes porque eran los delincuentes o el Estado. La alternancia panista en 2000, su fracaso en seguridad y el aumento en la delincuencia, tiene atadas las manos del gobierno priísta de regreso al poder presidencial: las medidas de seguridad están acotadas por derechos humanos, federalismo y apatías estatales y municipales.

La crisis de seguridad pública 2000-2014 es una crisis de existencia del Estado nacional porque existen zonas territoriales –Michoacán es un caso– casi similares a las que encaró Juárez en el siglo XIX y que requirió del liderazgo presidencial. Las leyes juaristas sobre seguridad, establece Verján Vásquez, requirieron del apoyo de la gran mayoría y se movieron en el “binomio coacción-consenso”.

En los setenta del siglo XIX estaba en riesgo la existencia misma del Estado y de la república. Como hoy.

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