Carlos Ramírez / Indicador político / Salinas, Pronasol, PRI, sucesión 1994

25 de abril de 2013

8:15

Carlos Ramírez

México, D.F. 25 de abril de 2013 (Quadratín).- Ante la imposibilidad práctica de establecer un nuevo modelo de desarrollo que multiplique empleos y bienestar, la política social de los gobiernos priístas, panistas y perredistas se ha reducido a una disputa por comprar la lealtad electoral de los beneficiarios de programas sociales asistencialistas.
La comparecencia de Rosario Robles el martes pasado debió haber sido el espacio político para la revisión de la deficiente política del desarrollo mexicano, pero se convirtió en el ring adelantado de las elecciones locales en catorce estados el próximo julio.
De todas las intervenciones, la más destacada fue la de Manuel Camacho Solís, antes priísta y dirigente priísta y hoy senador del PRD, sobre todo por su planteamiento extremo de que renunciara Robles o el presidente Peña Nieto. El asunto sería propio del espacio de la calentura parlamentaria, de no ser por el hecho de que Camacho se localizó hace no mucho tiempo en el centro político del fin de la vieja política social del Estado y de la vertiente asistencialista del presupuesto público vía Pronasol.
En 1987 la Corriente Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas en el PRI alertó sobre la consolidación del neoliberalismo en el Estado con el enfilamiento de Carlos Salinas de Gortari como seguro candidato presidencial para 1988.
En 1982, el Grupo Salinas redactó el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 que dio por terminado el ciclo de la política social y económica de la Revolución Mexicana y fijó los parámetros de la política asistencialista, es decir, el paso de inversiones para propiciar el ascenso clasista a programas de ayuda económica u obra pública no multiplicadora de bienestar. Uno de los redactores del PGD fue precisamente Camacho, quien era en ese entonces subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto; es decir, encargada de los programas sociales en el interior de la república.
En 1989 Salinas arrancó su gobierno con el Programa Nacional de Solidaridad, el programa asistencialista por excelencia para usar gasto público como mecanismo de recuperación de la lealtad social al PRI. La intención del Pronasol no sólo fue regresar a Los Pinos las inversiones regionales, sino construir una estructura política paralela que recogiera los liderazgos sociales no priístas y que en los hechos fuera sustituyendo a los seccionales del PRI. El encargado de echar a andar ese proyecto fue nada menos que Ernesto Zedillo como secretario de Programación y Presupuesto, en alianza con Luis Donaldo Colosio como presidente nacional del PRI.
Si alguna vez hubo una utilización directa del gasto social en tareas políticas para el gobierno priísta fue precisamente en los tiempos del Pronasol de Salinas, y en ese entonces nadie se atrevió siquiera a exigir la renuncia de Salinas, Zedillo o Colosio; más aún, la regencia del DF, a cargo de Camacho,
aprovechó esos recursos para reconstruir al PRI y aplastar al PRD de Cárdenas.
Fueron los tiempos en los que el gasto social no sólo compraba votos, sino que permitía cooptar a los liderazgos sociales para adherirlos al PRI.
El círculo se cerró en abril de 1992 cuando Salinas desapareció la SPP, creó la Secretaría de Desarrollo Social y designó como primer titular a Colosio.
Como en aquellos meses estaban comenzando las calenturas sucesorias, nadie le pidió la renuncia a Salinas o a Colosio por enfilar el gasto a enfoques electorales. El mensaje de entonces fue más que claro: Pronasol, los comités de solidaridad y el PRI se fusionaban en una operación política que adelantó la candidatura presidencial de Colosio desde 1992. Pero dejó claro que el gasto público tendría uso político; por cierto, ni el PAN ni el PRD se agitaron demasiado para oponerse. En frío, fue más ostentosa la manipulación del gasto público con sentido electoral en la fundación de Sedeso que el caso de algunos empleados de Sedeso ahora con Robles, pero entonces nadie pidió renuncias porque –claro– todos estaban en el PRI.
La entonces nueva política social –en realidad, asistencialistafue aprovechada por el PRD en el DF. Curiosamente el martes pasado en que Camacho le pedía la renuncia de Robles o Peña Nieto, el PRD en el DF peleaba duramente que los programas sociales federales en el DF quedaran en manos del PRD y no del gobierno federal, un hecho que debió de haber llevado a la exigencia de renuncia del jefe capitalino Miguel Mancera por permitir la perredización de la política social. El gasto para asegurar lealtades electorales.
En 1994, cuando era director de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, el entonces politólogo Juan Molinar Horcasitas –junto con Jeffrey Weldonpublicó en la revista Estudios Sociológicos de El Colegio de México volumen 12, No. 34, enero-abril de 1994, un estudio titulado Programa Nacional de Solidaridad: determinantes partidistas y consecuencias electorales. El ensayo analizó el Pronasol de Salinas cuando Camacho pertenecía al grupo de Salinas y el propio Molinar se perfilaba hacia el PAN, ahora el PAN y el PRD contra el PRI.
En las conclusiones, Molinar y Weldon plantearon, entre otros, criterios muy interesantes que encuentran espacio en el debate sobre Sedeso:
–El Pronasol sí tuvo objetivos políticos y electorales. Pero en aquella época, se aplicaban a regiones de dominio cardenista, porque las clientelas cardenistas se asemejan mucho a las clientelas priístas. El objetivo era incidir sobre los defectores priístas, los que habían defeccionado del PRI.
–Pero el intercambio de apoyo electoral por bienes públicos, cuyo consumo es compartido por una determinada comunidad, es una característica común de sistemas democráticos. Por el contrario, la asignación del gasto público de manera totalmente independiente de consideraciones electorales y políticas es característica de gobiernos tecnocráticos y autoritarios.
–Esperar que los políticos no tomen en consideración los costos y beneficios electorales de sus actos es ingenuo, porque todo político enfrentado con restricciones electorales, en cualquier parte del mundo, tomará en cuenta los efectos de sus decisiones sobre su carrera.
–De hecho, la democracia funciona precisamente bajo esos supuestos. Desde este punto de vista, Pronasol representa un aumento de la sensibilidad electoral de la política federal, un aumento en el grado de sensibilidad o responsiveness– de la política en México.