Carlos Ramírez / Indicador político. Tlatlaya, reglas para la impunidad

MÉXICO, DF. 8 de octubre de 2014.- A partir de dos hechos: 1. El 90% de los enfrentamientos violentos de los cárteles se han hecho contra partidas militares, 2. Y la reforma al fuero militar realizadas en el 2013 para pasar casos militares con civiles a la autoridad civil.

La investigación del caso Tlatlaya ya se perdió en los pasadizos jurídicos de barandilla y se está desmoronando. De haber tenido la Secretaría de la Defensa Nacional aún jurisdicción para investigar casos de militares, el asunto ya hubiera estado resuelto y los militares que abusaron de sus facultades estarían sentenciados a prisión.

Las modificaciones a la ley de disciplina militar sólo han enredado las investigaciones y han permitido una campaña mediática contra el Ejército.

El caso Tlatlaya es el más vistoso en los últimos años y ha sido de nueva cuenta aprovechado para intentar sacar a las fuerzas armadas de la lucha contra los cárteles, justo cuando prácticamente han sido liquidados todos los grandes capos.

El caso Tlatlaya fue reventado por un medio de comunicación extranjero que quiso imponer el argumento de fusilamientos. Sin embargo, las primeras indagaciones no aportan ninguna prueba de que así hubiera ocurrido: una partida militar fue atacada, los efectivos respondieron a fuego nutrido, por incapacidad varios delincuentes resultados heridos o muertos, los militares entraron y se encontraron con los sobrevivientes con armas de fuego atacando a los soldados y éstos volvieron a responder.

La narrativa mediática se ha quedado, sospechosamente, sólo con la versión de los delincuentes. Pero los primeros datos de las investigaciones han probado que los atacantes eran delincuentes, que por información de una de las mujeres sobrevivientes había asesinado a siete personas días antes, que estaban en posesión de casi cuarenta armas de uso exclusivo del ejército y que tenían en su poder marihuana y cocaína. Las mujeres amarradas no eran secuestradas sino prostitutas a las que ataron los delincuentes para tener una escena del crimen a modo.

Todos los delincuentes dispararon sus armas de fuego contra los soldados, uno de los cuales recibió un disparo en el chaleco antibalas y el rebote lo hirió en el brazo. Las primeras indagatorias probaron que los delincuentes fueron los que atacaron primero a la partida militar. La zona de Tlatlaya forma parte del área caliente en términos de inseguridad por bandas que han rebasado a las policías municipales y los estatales han estado sirviendo a empresas privadas como venta de servicios privados que debieran ser públicos.

Las denuncias hablan de secuestros y de ataques criminales contra la población civil.

La Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha bajado a un tercio las denuncias en su contra.

Además, como un hecho sin precedente, la Sedena aceptó sin ningún reparo la decisión del Congreso de modificar la ley de disciplina militar para sacar a las autoridades judiciales castrenses de la investigación de casos en los que se vean envueltos militares.

De ahí el detalle poco conocido de que en el caso Tlatlaya la Sedena nada ha tenido que ver con la investigaciones, aunque queda también el dato oficial de que los tiempos de investigaciones militares contra militares por agresiones a civiles han durado menos y con sentencias mayores. Los militares acusados por el caso Tlatlaya podrían contratar abogados civiles y éstos pudieran liberarlos aprovechando la vulnerabilidad de las leyes civiles.

Si el caso Tlatlaya pudiera ser el primero importante después de las reformas al fuero militar, los legisladores podrían estar arrepintiéndose de sus reformas porque las nuevas reglas benefician la impunidad que hasta ahora no había existido en los militares juzgando a militares.

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