Carlos Ramírez / Indicador político / Violencia y estrategia: vacíos

+ Violencia y estrategia: vacíos
+ Mitos de soluciones mágicas
México, D.F., 29 de agosto del 2011(Quadratín).- En medio de una casi inexistente política de comunicación social y política del gobierno federal en materia de seguridad, los vacíos informativos han sido llenados por iniciativas políticas y sociales que son inviables en el diseño de las estrategias contra el crimen organizado pero que se presentan como la solución.
El punto más sensible de lo que el columnista y profesor de periodismo Manuel Buendía llamaba la no-política de comunicación social gubernamental radica en la inexistencia de una verdadera estrategia de información para difundir y consolidar los mensajes y para contribuir a mecanismos de cohesión social. La sociedad agraviada ha sabido posicionar sus mensajes que ignoran la peligrosidad del crimen organizado y que siempre ha preferido los acuerdos informales con los delincuentes.
Por eso es que incidentes como el incendio en el Casino Royale de Monterrey por negarse a pagar la protección que ofrecían los Zetas y como parte de la lucha de los Zetas contra el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán o el tiroteo afuera del estadio de futbol de Torreón tienden a llevar a la sociedad a reacciones de pánico social en el sentido de detener la ofensiva aunque ello beneficie a las bandas criminales.
En este contexto, la estrategia gubernamental tiene tres deficiencias ajenas al objetivo de combatir a las bandas criminales que se han metido en las entrañas de la sociedad:
1.- Una política de comunicación social y política con capacidad de respuesta inmediata que evite el efecto negativo de los incidentes, pero mucho más allá de las declaraciones del vocero Alejandro Poiré. Una política de comunicación, de nuevo en los apuntes de Buendía, implica información, relaciones públicas, publicidad y propaganda.
2.- Un aparato de investigación e inteligencia para evitar que la estrategia se apoye sólo en la presencia del ejército y de la policía federal en las calles.
Faltan ministerios públicos federales y policías de investigación, además de un rediseño del Centro de Información y Seguridad Nacional rebasado por la violencia.
3.- Una estructura de organización social que permita ir incorporando a la sociedad a las decisiones, pero más allá de reuniones formales en las que el gobierno aparece a un lado de la mesa y la sociedad del otro y que terminen en intercambios de regalos.
Las deficiencias en la estrategia gubernamental de lucha contra la inseguridad ha permitido la aparición de los magos de las propuestas o del oportunismo de corto plazo. Tres han sido las soluciones mágicas que se han ofrecido: una “paz digna” del movimiento de Sicilia, un pacto nacional anticrimen del rector de la UNAM y una tregua con amnistía del Chachalaco Vicente Fox.
Las tres propuestas, hermanadas por sus objetivos finales, implicarían la derrota del Estado ante la presencia criminal. Si hubieran faltado evidencias de la criminalidad irracional de las bandas de delincuentes, el asesinato de migrantes en Tamaulipas, los asesinatos de jóvenes y mujeres en Ciudad Juárez y el incendio cruel e inhumano en el Casino Royale le dieron una dimensión real al problema de la inseguridad y refrendaron la peligrosidad de las bandas que atacan a la sociedad sin temer a los castigos.
Además, las tres propuestas carecen de realismo: el pacto que pide el rector de la UNAM ahora en funciones de sheriff priista ya existe en la Constitución y en las funciones y obligaciones de la autoridad pública. Nada de crítica al pasado hay en la propuesta del ex procurador salinista Jorge Carpizo Mac Gregor y del priísta salinista Narro, como si la inseguridad hubiera nacido el viernes en Monterrey. Además, el pacto, el acuerdo y la tregua que piden significarían, ni más ni menos, el repliegue del Estado y la entrega de las plazas de la soberanía del Estado a las bandas criminales. Paradójicamente la UNAM, los anarquistas católicos de Sicilia y el autismo político de Fox beneficiarían a los capos del crimen organizado con un pacto que disminuyera la ofensiva del gobierno.
Sicilia y Fox tienen la justificación de sus propias pasiones para eludir el debate de fondo. Pero Narro y Carpizo deberían consultar a los expertos del priista Instituto de Investigaciones Jurídicas para entender las lecciones elementales de la teoría del Estado y saber que al Estado lo define su función exclusiva de seguridad de la sociedad. Y Carpizo y Narro, funcionarios los dos del gobierno salinista, se olvidaron entonces de cualquier crítica aún en casos del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo o la visita de los Arellano Félix al nuncio apostólico, los dos hechos ligados al narcotráfico.
Más que pactar con la sociedad, la UNAM, Sicilia y Fox están pidiendo que el Estado pacte con los narcos, con los criminales. ¿Amnistiaría Fox a los Zetas responsables del asesinato del Casino Royale o a los que asesinan migrantes o a los que balacean a jóvenes? Una amnistía es simplemente el perdón. La “paz digna” de Sicilia representaría el reconocimiento de la victoria de los cárteles.
Y el pacto nacional del rector de la UNAM significaría la entrega del país a los criminales. ¿Se le daría a los cárteles el mismo trato que al EZLN de Marcos?
No hay que olvidar que los Zetas que asesinaron a migrantes en Tamaulipas y a ciudadanos en el Casino Royale son las víctimas que ya perdonó el padre Alejandro Solalinde y a las que quiere darle consuelo cristiano Sicilia.
Ahora resulta que para la UNAM, Sicilia y Fox los criminales son “luchadores sociales” como los guerrilleros y hay que amnistiarlos y sentarlos a negociar.
Por eso no está por demás una conclusión: “despierta, Hobbes, las élites mexicanas han perdido la razón”.
Además, opino que Javier Sicilia y su movimiento y desde ahora la UNAM el rector José Narro deben pedirle directamente la rendición incondicional a Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Laza, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y exigirles la entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas.
(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)
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