Cipriano Flores Cruz / El Gobierno de la alternancia XVIII

Oaxaca, Oax., 26 de junio 2011(Quadratín).- El gobierno patrimonialista de Gabino Cué ha decidido adoptar una posición de Estado, respecto su valoración del régimen anterior, al que califica como un gobierno corrupto, despótico, autoritario, autocrático, etcétera. Ha iniciado por ello la realización de sendas auditorías a las dependencias públicas, así como de negar a los priistas el acceso a tales auditorías para su debida defensa, y también de integrar expedientes a modo para inculpar a los funcionarios del régimen anterior y la captura, a partir de una difusión mediática, del antiguo coordinador del Sistema de Transportes de Oaxaca, Gonzalo Ruiz Cerón.
Decimos que es una decisión de Estado porque tiene que ver con el conjunto de la vida pública de los oaxaqueños, de un proyecto político que busca lesionar las bases electorales del PRI, tanto a nivel nacional como local, además tiene que ver con un proyecto de gobernabilidad del Estado, en el sentido que la persecución hacia a los supuestos priistas corruptos le puede dar legitimidad a un gobierno que en siete meses ha demostrado, además de su corrupción, falta de apego a la legalidad, su incompetencia y desde luego, del fracaso de la transición a temprana hora. Esta decisión de Estado implica, a todas luces, un rompimiento con el partido mayoritario de Oaxaca, a pesar de que este partido, reconoció plenamente las decisiones de las autoridades electorales sobre el supuesto triunfo de la candidatura aliancista; así también ayudó a la instalación de un gobierno de componendas y de cuotas, sin exigir su parte correspondiente; aprobó una supuesta reforma constitucional, llamada histórica, fue factor determinante también para la consecución del mayor presupuesto federal para Oaxaca; a pesar de este colaboracionismo priista, el gobierno de Gabino Cué y compañía decidió tomar una posición de Estado frente al régimen anterior en un sentido negativo, en lugar de pactar una transición que pudiese lograr, en el futuro, una democracia mucho más amplia para los oaxaqueños. Lo que queda esperar ante este embate, es un proceso de deterioro de la gobernabilidad en nuestro Estado, no somos aves de mal agüero, simplemente así lo indica la lógica política.
Si se hubiese tomado una decisión jurídica y no de Estado, en relación a los supuestos malos manejos de los funcionarios del régimen anterior, se hubiesen realizado de manera natural y administrativas las auditorías correspondientes, llamar a los titulares anteriores que solventen las observaciones y en su caso, tomar las decisiones que la ley establezca. Es evidente que el PRI no solicita impunidad ante los malos manejos, pero si un debido proceso que tiene que ver con lo que gran Juárez llamo “Justicia y Gracia”, por el contrario, Gabino Cué ni siquiera está aplicando la “justicia a secas” como lo habría dicho el gran Benemérito de las Américas, porque lo que está haciendo el gobierno aliancista se le llama perversidad jurídica y la utilización de la ley para beneficios electorales.
Una decisión de Estado, por tanto, no es ni jurídica ni ética, es simplemente una decisión de Estado. Los ciudadanos y organizaciones políticas tienen el deber ante tal tipo de decisiones de no aceptar ese orden jurídico impuesto, de cuestionar la legitimidad de tal decisión, por lo tanto, cabe la rebeldía ante tal abuso del poder político. Las masas y los ciudadanos han levantado sus protestas ante los abusos de poder público y del uso faccioso de las leyes. Todo gobierno despótico merece la reprobación de la sociedad civil, en ese sentido bien cabe una cita del gran escritor inglés Jhon Stuart Mill quien dijo: “que el problema no está en proteger la sociedad de la tiranía de los monarcas o de los gobernantes en general, puesto que eso es algo que ya se ha solventado mediante la instauración de diversos controles constitucionales sobre el poder gubernamental, así como un conjunto de inmunidades y derechos políticos.
El problema radica en los abusos del propio gobierno democrático y, en particular, el abuso que las mayorías pueden hacer de su poder sobre las minorías”. (Rawls, Jhon. Lecciones sobre la historia de la filosofía Política. Paidós 2009. Pag. 351). Lo que nos quiere decir el gran pensador inglés es que todo gobernante se debe de supeditar al entramado jurídico, de libertades e institucional del régimen político y no abusar del poder público sobre la vida de los ciudadanos, tampoco habría que olvidar que la gran masa de simpatizantes del PRI forman parte de la Voluntad General en términos de Rousseau, al cual obliga a todo gobernante tener en cuenta.
Por otro lado, un gobernante no debe ser simplemente un hombre de partido, un hombre de gobierno, sino fundamentalmente un hombre de Estado. Este tipo de hombre, ve más allá de las implicaciones sólo jurídicas, políticas, incluso éticas de sus acciones, deberá de ver antes que nada por el bienestar común, por ello deberá olvidarse de sus pasiones, de sus filias, de sus fobias y buscar el bienestar de la sociedad que le toca gobernar. Esto no quiere decir olvidarse de aquellos que violan las leyes, sino su deber es prevenir la posibilidad o factibilidad de las violaciones legales, en resumidas cuentas, lo único que se le solicita a un gobernante es justicia y no un ajuste de cuentas, vale decir vivir plenamente un Estado de Derecho y no un simple Estado Policía.