Cipriano Flores Cruz / El gobierno de la alternancia (XXXV)

Oaxaca, Oax., 30 de octubre de 2011 (Quadratín).- Si nos atenemos a la voluntad reformadora del Gobernador del Estado, creemos que además de adecuar el Código Electoral con respecto a las reformas recientes a la Constitución Local, es menester hacer algunas reformas al Libro Cuarto del Código en referencia ante los conflictos más recientes que se han manifestado en los municipios indígenas, ante la intervención de los partidos políticos y del gobierno en los procesos electorales en dichos pueblos.
Por ello, propongo las siguientes líneas que contienen las posibles reformas que debe de tener dicho Libro Cuarto, partiendo de la tesis de que debemos de fortalecer la autonomía de los pueblos originarios de Oaxaca.
En primer lugar, debemos de describir los fundamentos del reconocimiento de la autodeterminación y autonomía de los pueblos, puesto que a partir del levantamiento zapatista en Chiapas, se han desarrollado tesis que consolidan dichos preceptos, por lo tanto, es necesario que en el Código se determinen los alcances de la autonomía de los pueblos en materia social, económica, política y electoral propiamente dicha. Será también necesario describir en el artículo de la ley electoral, qué debemos de entender por la autonomía de los pueblos indígenas para que en las controversias electorales, dichos pueblos tengan mayor defensa jurídica.
Asimismo, debemos de ser muy precisos de quién y cómo se determinan los municipios que se rigen por los sistemas normativos internos; así también, las autoridades de los pueblos deberán de informar sobre la modalidad de su régimen electoral pero con la aprobación de la Asamblea
General Comunitaria y de sus órganos de consulta.
Asimismo, cualquier cambio sustancial del régimen de elección deberá ser aprobado por la Asamblea General Comunitaria y firmada por la autoridad que presidió dicha asamblea, así también se deberá informar al Instituto Electoral para su registro en un catálogo específico para ello. Dicho catálogo será el documento de referencia para la organización de las elecciones en esos municipios; sería conveniente que el catálogo sea sancionado por el Consejo General del Instituto cada tres años, precisamente, en el año de las elecciones.
Para el caso de un posible cambio de un régimen de elección de las autoridades municipales y comunitarias, deberá ser sancionada por mayoría calificada de la Asamblea General Comunitaria y de sus órganos de consulta, para evitar que cualquier persona u organización sea el que solicite los posibles cambios de los sistemas normativos internos en materia de elecciones, así, se podrán evitar muchos conflictos que se derivan de algún cambio de régimen, como por ejemplo, la participación de agencias, cambio de requisitos para ser autoridad, etc.
Además de todo lo anterior, es necesario precisar en el Código, para evitar posibles equívocos y malas interpretaciones, qué se deberá entender por proceso electoral de un municipio que se rige por sistemas normativos internos. Es conveniente que además del catálogo y para el año de elección, las autoridades informen sobre el día, la hora y lugar de las elecciones de sus autoridades; asimismo, dichas autoridades deberán de remitir el acta de la asamblea al instituto firmada por las autoridades y ciudadanos que acostumbre la comunidad y no lo que solicite el Órgano Electoral.
Es conveniente también determinar en el Código Electoral, quiénes son las autoridades competentes que organizan las elecciones en los pueblos originarios de Oaxaca, para el caso, deberán de ser el Consejo General, la comisión que determine el propio Consejo General y la dirección ejecutiva en la materia. Esto con el propósito de evitar la intromisión de partidos, gobierno y gente extraña al caso. Es conveniente que la dirección ejecutiva de sistemas normativos internos, dependa directamente del Consejo General porque no es conveniente que dependa del Director General, puesto que en nuestro Estado existen dos sistemas electorales. En la comisión de sistemas normativos internos se podría invitar a ciudadanos indígenas, conocedores de la materia, para que contribuyan a la solución de los posibles conflictos que surjan en las elecciones.
En los casos de controversias que surgieran en los procesos electorales en los municipios de los pueblos indígenas, el Consejo General, la comisión y la dirección ejecutiva correspondiente deberán tener en primer lugar, un registro al por menor de todos los municipios y comunidades que se elijen por sistemas normativos internos sus autoridades y poner especial interés a aquellos que cada teres años son altamente conflictivos; asimismo, es necesario tener registrado los antecedentes de las alecciones de dichos municipios. Así también es menester realizar un diagnóstico político, económico y social de los municipios de referencia para prever posibles conflictos y los medios para resolverlos.
La mediación y la conciliación deben ser herramientas de la autoridad electoral, así, no se podrá declarar nula o aprobada una elección en conflicto, mientras no se agoten los recursos de la conciliación. Muchas veces las partes en conflicto presionan ante la cercanía de la toma de posesión, por ello se deberá de informar al Congreso, que no hay solución del conflicto para que éste nombre a una autoridad provisional.
Sería conveniente sancionar a los partidos y al gobierno por violación a la autonomía de los pueblos en materia de elecciones, dicha sanción, de acuerdo a su gravedad, será determinada por el Consejo General. Asimismo, en el caso de que algunas de las partes en conflicto violenten el proceso de conciliación, deberá de perder sus derechos sobre los actos reclamados. Con estas acciones y normas se devuelve al instituto como única autoridad en la materia y en su caso, como la responsable de mediar y conciliar en las elecciones costumbristas y evitar así la intromisión de las autoridades gubernamentales.
A reserva de argumentar más y mejor estas propuestas, adelantamos el sentido de las mismas.