Cipriano Flores Cruz/El Buen Gobierno XCIX/El derecho a tener derechos

OAXACA, Oax. 13 de octubre de 2014.- De acuerdo a la Constitución General de la República, corresponde a las entidades federativas legislar sobre la materia indígena. Por ello, la necesidad de armonizar los derechos de los pueblos indígenas en el Estado de Oaxaca con la legislación constitucional nacional y los ordenamientos internacionales.

Partamos de lo más elemental, somos culturas que durante más de 500 años se ha pretendido subsumir a una sola cultura llamada nacional, primero fueron la espada y la cruz, después diversas leyes, instituciones y prácticas que han pretendido borrar todo vestigio de cultura particular, sin entender que la riqueza de nuestro país está, precisamente, en su diversidad cultural.

Si bien es cierto que para construir una nación sólida y un Estado soberano y fuerte, se necesitó de construir una cultura hegemónica, sin embargo, fueron los pueblos indígenas, paradójicamente, los que a través de sus levantamientos en la Independencia, la Reforma y la Revolución, los que contribuyeron a la formación de la nación mexicana. Lo que ganábamos en los campos de batalla, se nos negaba en las leyes constitucionales, la prueba está que en las constituciones de 1824, 1857 y 1917 fuimos ignorados como pueblos integrantes de nuestro país.

Si nos hacíamos visibles era sólo para ser considerados “un asunto” de administración y una manifestación de caridad y benevolencia de los gobernantes, pero también hay muchas voces que prefieren vernos exterminados: Gregorio López y Fuentes en su novela “El Indio” publicada en 1935, hace decir a uno de sus personajes lo siguiente: “El presidente municipal se pregunta de qué sirven los indios, si son refractarios a todo progreso; ¡han hecho bien los hombres progresistas y prácticos de otros países, al exterminarlos! ¡Raza inferior! ¡Si el gobierno del Centro me autorizara, yo entraría a sangre y fuego en todos los ranchos, matando a todos, como se mata a los animales salvajes!”.

Lo que pensaba el presidente municipal de esta novela, se asemeja mucho a lo que piensan muchos funcionarios de nuestro tiempo y se escudan en los datos estadísticos para mostrar el problema indígena. Somos los más pobres entre los pobres, los más analfabetos, los más enfermos, los sin tierra y sin techo, los más insalubres, los más marginados y los más explotados.

Ante esta dramática situación, el gobernante más progresista piensa en una institución para atendernos, para salir del paso.

Los más modernos establecen políticas públicas de corte asistencial para calmar conciencias, sin embargo, nuestra situación sigue siendo la misma. Mientras más caridad más dependencia, mientras más dependencia más pobreza y mientras más pobreza más problema. Así surge el llamado “Problema Indígena”.

Es evidente que por la vía de la administración no podremos resolver el problema indígena, pues no es un asunto administrativo, luego entonces, ¿cuál es la naturaleza del problema?

Una primera respuesta es que aún vivimos colonizados, sufrimos la existencia de un colonialismo interno tan brutal y tan injusto como cualquier colonialismo. Se nos impone un idioma a costa de la extinción de la nuestra; se nos reglamenta nuestra vida sin considerar nuestras propias reglas de convivencia; se nos obliga a practicar creencias que sepultan nuestra cultura religiosa; Se nos quiere inculcar valores políticos de competencia cuando nosotros buscamos la armonía y el consenso básico de nuestras formas de gobierno; se nos obliga a tener destino y no a tener futuro, pues el destino es inexorable, mientras que el futuro es construcción; en fin, a través de las instituciones educativas se quiere erradicar toda nuestra cultura que no congenia con el individualismo enajenante de una supuesta modernidad.

Sin embargo, en el hombre existe una cualidad fundamental: el ser histórico. La historia es esa cualidad humana específica, que nos obliga a la coherencia y al significado de nuestros actos.

La historia nos demuestra que todos los hombres tenemos una naturaleza común, que nuestras normas y valores de convivencia no pueden ser abstracciones impuestas de manera arbitraria, fuera de toda realidad humana y contrarias a la naturaleza del hombre, sino inherentes a esa cualidad común y por tanto, tienen validez para todo tiempo y lugar. Por eso, no es extraño que el hombre, en su humanismo, identificó al indígena, en su realidad concreta, al definirlo como pueblos, naciones o comunidades que constituyen grupos culturalmente diferenciados, enclavados dentro de sociedades producto de regímenes imperialistas, de conquista y de colonización. Luego entonces, el buen talento del hombre, ha expresado en las leyes internacionales, que el indígena, en cuanto ser genérico y concreto, es producto de los procesos de colonización de los imperios y es esa sola condición que lo define en cuanto indígena. Entonces, los indígenas no somos solo pueblos originarios, sino pueblos originarios en condiciones de colonización y colonialismo. Por eso, toda referencia a los pueblos indígenas que se encuentran en nuestras leyes, reconocen esta primaria condición de nuestros pueblos. Una ley que buscare ampliar nuestros derechos es una

ley que nos está liberando, por ello, se constituye en una ley libertaria. La libertad es nuestro primer valor de demanda para ser plenamente mexicanos.

También somos indígenas porque tenemos vínculos indisolubles y ancestrales con las tierras en las que vivimos, vínculos espirituales, sagrados, de reciprocidad existencial y no de explotación por la explotación misma. No se nos puede negar este derecho tan esencial para nuestra existencia, el reclamo es tener jurisdicción de nuestro territorio sin perder los vínculos con las otras poblaciones que no son indígenas.

Es indudable que también somos pueblo, es decir, somos comunidades diferenciadas con una continuidad de existencia e identidad que nos vincula con nuestros ancestros y nuestra historia. Con ello, apelamos el derecho a ser diferentes que es profundamente democrático.

Se nos puede acusar de buscar privilegios en las leyes, pues se dice que tales leyes ya nos ofrecen la igualdad jurídica, sin embargo, la igualdad sólo es justa entre iguales, tal como lo sostuvo el maestro Alfonso Caso, pues entre desiguales la ley igualitaria es profundamente injusta. Por ello, luchamos por leyes específicas que nos permitan algún día alcanzar la tan anhelada igualdad ante todas las leyes de la República. Nuestras demandas se inscriben en la lucha por la igualdad que nos merecemos como mexicanos.

Finalmente, no porque se nos hayan acabado los argumentos sino porque el espacio no nos lo permite, en cuanto pueblos tenemos pleno derecho de aspirar siendo pueblos, de tener futuro, de escoger nuestro propio destino. Queremos romper con los legados del colonialismo, la discriminación, la negación de toda participación democrática en las instituciones del Estado mexicano y la subyugación cultural, es un derecho que ya nos reconoce la Carta Magna: el derecho a la autodeterminación.

El largo camino para alcanzar la justicia, que es uno de los valores más apreciados del ser humano, no tiene veredas reales, sino caminos escabrosos y sinuosos, pero bien vale la pena transitarlos.