Cipriano Flores / El Gobierno de la Alternancia XXXIV / Propuesta de una Reforma Electoral

Oaxaca, Oax., 23 de octubre de 2011 (Quadratín).- En los días recientes se han presentado sendas iniciativas de reformas al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de nuestro Estado, con el propósito de adecuarla a las reformas hechas a la Constitución en esta materia. Una primera propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo y de acuerdo a la opinión de los expertos, contiene una serie de equívocos, que incluso son violatorios a la propia Constitución Local, por ejemplo, a través de un transitorio norma una nueva elección de consejeros electorales cuando el Congreso del Estado ya había elegido a dichos consejeros. Mala fe o simplemente descuido de las oficinas del Gobernador del Estado, originó una declaración pública del Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral.
Es bien cierto, que el Gobernador del Estado está consciente que para superar un simple gobierno de alternancia a uno de transición, se deberá de entender a éste no sólo como un acto, sino como un proceso de construcción de acuerdos y de establecimiento de nuevas instituciones que permitan arribar a un estadío mucho más democrático en Oaxaca. Por esa razón, nos extraña que en el proyecto de reforma al Código electoral haya sido una simple adecuación a las reformas constitucionales y no haber aprovechado la ocasión para proponer una reforma a fondo de dicho Código.
A diferencia del proyecto del Ejecutivo, tres consejeros electorales, incluyendo al Consejero Presidente, presentaron un proyecto de reformas y adecuaciones al Código Electoral, pero a diferencia del enviado por el Ejecutivo, los consejeros Alonso Criollo, Víctor Leonel Juan Martínez y Juan Pablo Morales, propusieron una serie de reformas adicionales, sobre todo, lo referido al libro cuarto del Código que norma sobre la elección de los Pueblos Originarios de Oaxaca.
Después de 16 años de vigencia del reconocimiento de la autonomía electoral de los municipios indígenas de Oaxaca, ni duda cabe, las elecciones de estos pueblos han tenido una estabilidad y en condiciones de paz, que solamente se ha roto cuando los partidos políticos, agentes del gobierno o interesados, rompen con las tradiciones de los pueblos en materia de elección de sus autoridades, ocasionando conflictos que son aprovechados por aquellos que no están de acuerdo del reconocimiento de esta autonomía electoral.
Realmente los conflictos no pasan y no han pasado entre el 5 al 10% de estos municipios, es decir, entre 20 y 40 municipios. Se dice que los conflictos municipales en los Pueblos Originarios se fomentaban a través de la dirección de usos y costumbres con el propósito de negociar prebendas ilícitas.
Últimamente, durante el gobierno de la alternancia, se ha provocado un manoseo excesivo sobre los conflictos originados en las últimas elecciones, así, ha habido intervenciones del Gobernador del Estado, del Secretario General de Gobierno, de Diputados, que han contribuido a la no resolución expedita de tales conflictos cuando que, de acuerdo con la Ley, el responsable de las elecciones es el Instituto Estatal Electoral a través de su Consejo General, así se ha observado que sobre la elección de Choápam se ha opinado que debe de haber elecciones o que no debe de haber elecciones, cuando que la autoridad electoral es la única competente para determinar si hay o no condiciones para la celebración de las elecciones. Así también se ha observado la excesiva intervención de los tribunales electorales, que bajo una visión estrictamente en el ámbito del positivismo jurídico, tratan de determinar sobre las elecciones de los pueblos.
En este contexto, las propuestas de los consejeros antes mencionados tratan de buscar posibles soluciones que reduzcan el número de conflictos en estos municipios, no nos parece mal este intento, sin embargo, se debe de partir de un reconocimiento del derecho de autonomía de los pueblos en materia de elección de sus autoridades. La tesis debe partir de que mientras menos normemos y menos se intervenga en la elección de los pueblos, habrá garantía para que realicen sus elecciones de acuerdo a sus tradiciones y en paz social, sostenemos pues, que a mayor reglamentación, mayor posibilidad de los conflictos.
A mi parecer se debe de evitar, con la mayor eficacia posible, la intervención de los tribunales electorales y que la solución de los conflictos, en caso de que los hubiera, deberán de ser resueltos en primer instancia por las asambleas comunitarias con o sin la presencia del Instituto Estatal Electoral, en segunda instancia, debe de haber un sistema amplio de mediación por parte del Consejo General del Instituto que no esté condicionada por tiempos o intereses, para que la solución de los conflictos se resuelvan a partir de la conciliación y de la mediación. Estamos de acuerdo que la mediación es un arte por lo que los consejeros deberán estar debidamente capacitados e imbuidos de un enorme compromiso con los propios pueblos originarios.
Para explicar mejor mi tesis basta con un ejemplo. Si en el Código ponemos que el acta de la asamblea deberá de estar firmada por la autoridad en funciones, estamos determinando una norma altamente conflictiva, puesto que muchas autoridades, si el candidato triunfante no les parece, se niegan a firmar dicha acta. Cuando también se dice que el Consejo General aprobará la elección de dichos pueblos, también estamos introduciendo una norma que genera conflicto, puesto que, en términos de autonomía, la única autoridad que debe de aprobar la elección es la asamblea, y el Consejo General, simple y llanamente debe de tomar nota. En resumen, hay que reglamentar la intervención de la autoridad en las elecciones de los Pueblos Originarios y no reglamentar las elecciones de dichos pueblos, puesto que no son solamente hábitos y costumbres, más si son estrictamente tradiciones, es decir, hay posibilidades de elección de las propias comunidades.
Foto:Archivo