Clemente Jesús López / De cómo masca la iguana “Transparencia, participación y representación indígena”

** A J D: “Periodista es ese tipo que escribe a toda velocidad de cosas que generalmente ignora y lo hace de noche y la mayoría de las veces cansado o borracho y que no teniendo talento para ser escritor ni coraje para ser policía se queda sólo en un chismoso o en un simple confidente”. **
Manuel Vicent
Oaxaca, Oax. 3 de marzo 2011 (Quadratín).- En Oaxaca, el proceso de liberalización política ha sido sinuoso y prolongado, desde las primeras reformas en 1986, que dieron paso a la representación proporcional en los ayuntamientos, las del 92 que permitieron principalmente el reconocimiento constitucional a las prácticas y tradiciones democráticas de las comunidades en la elección de sus autoridades, seguidas por las reformas del 94-95 que consolidaron esta disposición en los ordenamientos electorales, principalmente en el libro 4º del CIPPEO, la gran reforma del 98 que permitió la creación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, hasta llegar a las reformas que incorporaron en la legislación los derechos de tercera y cuarta generación, como los derechos humanos, el plebiscito, referéndum, la revocación del mandato, la rendición de cuentas, el derecho a la información y la transparencia.
Todo ello derivado no de concesiones gratuitas del Estado, sino más bien de una pujante exigencia ciudadana, reivindicatoria de mayores espacios de participación en los asuntos públicos, mejor calidad en los servicios del gobierno y mejores condiciones de su representación en los órganos del poder público.
Logros de primordial importancia arrancados a un sistema político profundamente autoritario, que, sustentado en un marco legislativo derivado de una vieja Constitución, mantenía férreos controles gubernamentales, asfixiaba la vida pública y mantenía las acciones del gobierno en la más brutal opacidad.
Con el logro de la alternancia en el país, el proceso de liberalización avanzó con mayor rapidez en los estados y en el nuestro se dio paso en el 2008, dentro de un conjunto de importantes reformas, a la creación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y como consecuencia de ello, se han generado un sinfín de instituciones, políticas y prácticas gubernamentales que, con sus deficiencias, tratan de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en esas leyes.
Desde luego que a pesar de los avances logrados, la prevalencia del régimen autoritario, cuyo conjunto de viejas instituciones no democráticas se mantiene en pie, aun con la alternancia lograda en el 2010 en Oaxaca, sigue siendo el principal obstáculo para avanzar en el proceso de democratización, transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, por lo que se hace necesario, en los marcos de un gobierno concebido como democrático, profundizar en el desmantelamiento de las viejas instituciones autoritarias, concebir y construir nuevas instituciones democráticas, con contrapesos ciudadanos amplios, mejor calidad en el ejercicio del gobierno, con nuevos mecanismos, prácticas y métodos de gobernar que permitan el establecimiento de nuevas relaciones políticas y sociales entre gobernantes y gobernados.
En ese contexto, las sociedades actuales, altamente politizadas como la nuestra, exigen congruencia entre la ética pública postulada en leyes, discursos y programas gubernamentales y la política ejercida por la sociedad y las instituciones. El medio idóneo para medir esa congruencia, es la aplicación de la política pública de la Transparencia.
En contraparte, un gobierno autoritario se caracteriza por su opacidad, por el ocultamiento de la información pública y el manejo discrecional de los recursos públicos. En este sentido, un gobierno democrático es un gobierno transparente, que brinda información pública para ser evaluado por los propios ciudadanos y éstos puedan tomar las mejores decisiones respecto a quienes deben gobernarles.
Cuando hay transparencia se fortalece la confianza pública, se reduce el espacio para la discrecionalidad y la arbitrariedad, se refuerza el respeto a las instituciones y se afianza la cultura democrática.
Por eso, en la medida que crecemos en transparencia se produce un círculo virtuoso en el cual los ciudadanos, al estar cada vez más informados del quehacer del Estado, se vuelven más exigentes respecto del actuar de los funcionarios públicos y más conscientes de sus propios derechos.
La nueva política gubernamental que debe instrumentarse, está obligada a definirse, tanto por lo que establecen las normas, cuanto por lo que reclama el diagnóstico de una realidad dialéctica, dinámica, compleja y altamente explosiva como la oaxaqueña. Por ello la política gubernamental debe distinguirse de la política pública y de la política ciudadana, en tanto que se constituye como una responsabilidad única del gobierno en donde éste, debe ponerse de acuerdo consigo mismo antes de participar con la sociedad, y al hacerlo juntos, todo el gobierno en sus tres niveles, definir políticas públicas.
De esa manera una vez definidos sus mecanismos, el gobierno podrá estar en mejores condiciones de acompañar a la ciudadanía en sus reclamos de participación, asumiendo con ello la política ciudadana, alimentando a la política gubernamental de los valores pertenecientes a la esfera pública. Es decir, la eficacia del gobierno produce la política gubernamental, pero la gobernabilidad sólo se genera en el ejercicio de la responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno, a través de lo que conocemos como política pública y en un estadio superior, de mayor desarrollo democrático permite arribar a la Gobernanza, en donde la acción de la ciudadanía organizada, con una intervención marginal del gobierno, crea la política ciudadana.
Es precisamente en estos rubros el de la gobernabilidad y la gobernanza donde quiero poner énfasis en mi disertación, sobre todo al referirme al contexto de la transparencia y la rendición de cuentas, ejercidas éstas a través de la participación y la representación en los pueblos y comunidades indígenas de nuestro estado.
En la gran mayoría de los municipios que se rigen por el sistema de derecho consuetudinario, no se cuenta con las condiciones técnico administrativas ni los recursos humanos y financieros necesarios para implementar sus unidades de enlace de acceso a la información y transparentar el ejercicio de sus administraciones. En contraparte en la gran mayoría de estos municipios, cuyos ingresos por concepto de participaciones e ingresos propios son raquíticos, la asamblea comunitaria es la principal herramienta política que estos pueblos tienen para llevar a cabo procesos de participación, representación, consulta y toma de decisiones, sobre los asuntos que son de su interés.
Por tanto, cuando el interés de los ciudadanos y pobladores en general recae en saber cómo, cuando y donde se aplican los recursos públicos por parte de la autoridad, la Asamblea comunitaria establece los instrumentos normativos, el órgano ejecutor y el organismo encargado de darle seguimiento. Es así como en los municipios se conforman las comisiones de glosa, las comisiones revisoras de cuentas, los consejos de vigilancia, los contralores municipales, los antiguos contralores sociales, quienes por cierto, éstos últimos, estaban reconocidos en la constitución hace algunos años, todos ellos encargados de vigilar y supervisar la buena marcha de la administración y aplicación de los recursos públicos en el ámbito de sus municipios.
Es decir la participación y representación de las instancias ciudadanas en el ámbito municipal, a través de las asambleas comunitarias, tendientes a generar esquemas de transparencia, operando organismos comunitarios de fiscalización y la rendición de cuentas, han funcionado garantizando gobernabilidad en los municipios y en los casos más avanzados, gobernanza.
Es necesario avanzar en el proceso de incorporación de los municipios como sujetos obligados, crear las condiciones y otorgar los presupuestos necesarios para que los ayuntamientos puedan instrumentar y aplicar los ordenamientos legales en materia de trasparencia y derecho a la información ya que en un sistema democrático, el derecho a la información es un aspecto esencial, ya que posibilita la participación ciudadana, fomenta la relación de los ciudadanos con sus autoridades, facilita el control de éstos sobre la rendición de cuentas públicas y permite que las organizaciones de la sociedad civil ejerzan un control del accionar gubernamental y estatal.
Aun así, sólo la participación activa y decisiva de la ciudadanía y de todas nuestras autoridades comunitarias y municipales en el proceso de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programa de desarrollo, tanto a nivel municipal, regional y estatal, nos permitirían lograr mejores niveles de transparencia, una mayor fiscalización y por tanto una exhaustiva rendición de cuentas. Si la comuna participa desde un inicio de éstos procesos, tendrá la información suficiente y por tanto estará en mejores condiciones para la toma de decisiones.
El reconocimiento pleno y el establecimiento de mecanismos e instancias efectivas tales como las asambleas comunitarias, las auditorías públicas y ciudadanas, las comisiones revisoras de cuentas, las figuras del contralor comunitario, social o municipal, entre otras instancias, serán instrumentos ya necesarios para combatir la corrupción imperante en los diversos ámbitos de gobierno, con el objeto de transitar a un régimen de austeridad, honestidad y transparencia, donde la fiscalización y la rendición de cuentas, se conviertan en aspectos cotidianos de la vida diaria, generando una nueva y mejor relación de interacción y confianza entre gobernantes y gobernados.
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