Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios denuncia actuaciones de instituciones públicas

Oaxaca, Oax. 23 de marzo 2011 (Quadratín).-Las leyes y políticas del gobierno federal y estatal promueven un modelo de desarrollo que genera conflictos.
Al analizar y evidenciar todo lo que rodea la política del desarrollo basada en el fomento de los proyectos a gran escala, evidenciamos el papel que están desempeñando las y los funcionarios e instituciones para dar cabal cumplimiento a las metas propuestas para cada uno de los proyectos impulsados.
En este sentido, este miércoles, a través de esta conferencia de prensa el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, denuncia una serie de actuaciones de instituciones públicas del Gobierno Federal y Estatal, que atentan contra derechos de propiedad, posesión, uso y disfrute de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas. Advertimos que de continuar esta tendencia se pueden desatar conflictos importantes en distintas regiones del Estado de Oaxaca.
Niega la Comisión Nacional del Agua concesiones de agua a campesinos
La Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua ha acudido en diversas ocasiones ante la Comisión Nacional del Agua para solicitar la modificación del Decreto de Veda, establecido desde 1967, y que incorporen acciones que permitan tomar en cuenta los trabajos de captación de aguas pluviales para la recarga de las aguas del subsuelo, realizadas por las comunidades que conforman la coordinadora.
Sin embargo la respuesta que se ha obtenido ha sido negativa, y por el contrario se ha visto como se siguen otorgando permisos para la explotación de agua del subsuelo a grandes empresas e industrias, lo cual denota el privilegio que se da a determinados sectores económicos, omitiendo totalmente la cultura del cuidado y protección del agua.
Por si ello no fuera poco y siguiendo la lógica de contar obligatoriamente con las concesiones de agua, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha empezado a exigir los títulos de concesión vigente como requisito indispensable para el otorgamiento de programas de apoyo y tecnificación para el campo, inclusive la Comisión Federal de Electricidad ha llegado al grado de cortar el suministro de energía eléctrica a campesinos que no cuentan con el título de concesión vigente.
La CNA, no tiene la capacidad de resolver la problemática del agua, ni tiene la competencia para dar solución a procesos legales en la afectación a los usuarios por parte de leyes y decretos promulgados en materia de agua
Hemos agotado la vía administrativa, el diálogo directo con la CNA, sin resultado alguno, por lo que acudiremos ante órganos jurisdiccionales y tribunales competentes, para continuar exigiendo se tome en cuenta su trabajo en beneficio de todos aquellos que vemos en el agua un elemento fundamental para nuestra supervivencia
Al rechazar la propuesta de acciones integrales de recarga de los mantos freáticos de la región, se ha provocado que la actividad agrícola de la región se vea disminuida y orillándola al abandono, propiciando la migración.
Niega la Procuraduría Agraria emitir la convocatoria representantes agrarios en San José del Progreso, Ocotlán.
San José del Progreso, Ocotlán, es un ejido que ha sido objeto del Programa de Certificación de Derechos Agrarios (PROCEDE) y del Fondo de Apoyo a Núcleos sin Regularizar (FANAR). La Procuraduría Agraria ha establecido las reglas sobre el uso y disfrute de las tierras, ha sustituido la figura de la asamblea general como máxima instancia de decisión, y ha controlado a los órganos de representación para actuar a favor de sus propios intereses, como lo es proyecto minero San José, concesionado a la Minera Cuzcatlán.
La Procuraduría Agraria deja de actuar para dividir y generar un clima de inestabilidad social en este ejido, al grado que desde hace 7 meses en la actualidad no existan representantes agrarios que permitan defender los derechos colectivos e individuales de los ejidatarios y ejidatarias de ésta comunidad. Más aún argumenta que no hay condiciones de gobernabilidad en la cabecera municipal, situación contradictoria a los argumentos del Gobierno del Estado, quien se niega a restablecer la mesa de diálogo con la Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán.
Desde el día 23 de agosto del año 2010, el Ejido de San José del Progreso se encuentra sin autoridades agrarias, al no realizarse el nombramiento del Comisariado de Bienes Ejidales y del Consejo de Vigilancia. Los ejidatarios y ejidatarias han solicitado la emisión de la convocatoria para la elección de las nuevas autoridades, la respuesta de la Procuraduría Agraria ha sido un acuerdo de improcedencia. Este vacío legal provoca un conflicto que conviene a la implementación del proyecto minero. Los ejidatarios y ejidatarias de San José del Progreso, acudirán ante los juzgados de distrito.
La Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Estado de Oaxaca coaccionan a ejidos para otorgar el permiso para la presa Paso de la Reyna.
En la costa oaxaqueña el proyecto de la hidroeléctrica Paso de la Reina, es uno de los proyectos que el Gobierno Federal, y el gobierno del estado de Oaxaca, quieren concretar a toda costa, a pesar de la oposición de los pobladores, los interese giran en torno a la inversión de 1,100 millones de dólares.
En los últimos meses las prácticas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como ejecutora del proyecto, coacciona la voluntad de ejidos y comunidades, a través del uso de recursos públicos y la gestión de programas sociales una estrategia para presionar a la aceptación del proyecto.
Denunciamos que la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Módulo de Desarrollo sustentable del Gobierno del Estado en Pinotepa Nacional han estado presionando a varios ejidos y comunidades para que a cambio de “obras” de beneficio social (construcción de canchas deportivas, bardas de escuela y entrega de computadoras) del el permiso para la construcción de la Presa.
Como se ha señalado, resulta grave que las políticas públicas sean diseñadas e implementadas con perspectiva de nulo respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y por ello denunciamos:
La presión por parte de la CNA para renovar concesiones hacia los campesinos, exigiendo la colocación de medidores volumétricos en los pozos noria, agravando con ésta medida la crisis del campo y la dependencia alimentaria.
El aplazamiento, estancamiento e indiferencia por parte de la CNA ante la propuesta de los usuarios responsables.
La no información parte de la CNA ante la solicitud del resultado del estudio del acuífero de los Valles Centrales
La exigencia de “concesión” de parte las instancias de gobierno como la Semarnat, CFE, para pode accesar a los programas de apoyo al campo, en un marco de exageración de requisitos, burocratismo y malos tratos.
El cambio de medidores mecánicos a digitales por parte de la CFE, sin previa información a los usuarios y constatando inmediatamente el aumento de cobro por consumo de energía eléctrica.
La violación al convenio 169 de la OIT, firmado y ratificado por el Gobierno Mexicano en el que se compromete respetar los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Evidenciamos y rechazamos que a nombre del “desarrollo” se sacrifique la vida comunitaria de los pueblos, su identidad cultural, sus tierras y recursos naturales. El desarrollo debe pensarse con y desde las comunidades.
Por ello exigimos:
No se haga uso de los programas y recursos públicos para la imposición de grandes proyectos en comunidades y municipios.
Se hagan públicos los estudios de factibilidad del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reyna: diagnostico socio-antropológico y económico, la investigación de la flora y la fauna del área de influencia del proyecto; los estudios técnicos del agua, uso y manejo del suelo y cuenca, el diagnóstico ambiental del ecosistema de manglar y vegetación acuática sumergida en los Sistemas Lagunares de Salina, Chacahua, Pastoría y Desembocadura del Río Verde, entre otros.
Se dé solución, pronta y expedita a la demanda por la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, considerando todas las obras de captación de aguas pluviales.
En el marco del respeto de los derechos de los pueblos indígenas que se apliquen los tratados, conveníos y pactos reconocidos y firmados por el gobierno mexicano.
Tener acceso a programas y tecnificación del campo sin condicionamiento alguno.