Con la reforma para el campo se fortalecerá al ejido: Ramírez Marín

MÉXICO, DF. 28 de enero de 2014 (Quadratín).- El Gobierno de la República no va a desaparecer el ejido, por el contrario, pretende fortalecer los derechos y beneficios de los sujetos agrarios mediante la reforma para el campo, aseveró el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, durante la Asamblea Nacional del Congreso Agrario Permanente (CAP).
Previo a tomar protesta a la nueva coordinación del CAP, el titular de la SEDATU destacó que la reforma para el campo debe realizarse de forma seria y a fondo, contemplando la participación de todos los actores sociales del sector.
Recordó que el Presidente Enrique Peña Nieto ha mencionado que dicha reforma se realizará con y por las organizaciones campesinas, promoviendo una amplia discusión del tema, cuyo resultado se espera que incremente la producción de alimentos, reduzca la pobreza y fomente una mayor productividad en el campo.
Se conformará, dijo, una reforma de fondo que fortalezca la diversidad productiva, la sustentabilidad y la competitividad internacional.
El secretario Ramírez Marín explicó que con esta transformación se pretende lograr dos efectos, en primer lugar, tener una relación más cercana del gobierno con las organizaciones campesinas y segundo, orientar todos los esfuerzos a una sola meta, aumentar la productividad, a fin de superar la pobreza en el sector.
El responsable de la política agraria, urbana y de vivienda del país detalló que democratizar el aprovechamiento del agua, de la tecnología y sobre todo hacer más eficiente la organización del campo, son tareas fundamentales de la dependencia a su cargo.
Por lo que precisó que en 2014 la SEDATU destinará más de 500 millones de pesos en tres programas orientados a cumplir dos objetivos del sector como son: mejorar la organización, capacidad y potencial de las propias organizaciones y, segundo, que tengan acceso a programas para el financiamiento de vivienda.
El secretario Ramírez Marín comentó que también la SEDATU respaldará de forma decidida la participación femenina en el campo, por lo que los esfuerzos de la dependencia están orientados a lograr que haya una mayor representación de mujeres en los núcleos agrarios y en las directivas agrarias, mientras que en materia de vivienda, se promoverán créditos para casa de dos recámaras y que el inmueble esté titulado a nombre de las jefas de familia.
Ante dirigentes campesinos de 28 entidades federativas, aseguró que para dar mayor impulso al campo y alcanzar la productividad deseada, desde el Gobierno de la República se trabaja de forma coordinada con las dependencias que tienen injerencia en el sector.
Por su parte, tanto el coordinador saliente del CAP, Max Correa, como el nuevo coordinador, José Durán, coincidieron en señalar que las organizaciones campesinas tienen la disposición de entablar diálogo mediante propuestas viables con el Gobierno de la República, a fin de alcanzar una gran reforma en el campo mexicano que conduzca un nuevo pacto rural.
En el evento también estuvieron presentes el subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Jesús Aguilar Padilla; así como los dirigentes de la Alianza Campesina del Noroeste, Juan Leyva; de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, Ignacio Irys; de la Central Campesina Independiente, Francisco Rojas; de la Confederación Agrarista Mexicana, Humberto Serrano; del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos, Guadalupe Martínez; de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, Luis Gómez; de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, José Luis González; de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Federico Ovalle; de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López.
Además de la secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República, Luisa María Calderón; el representante de la Confederación Nacional Campesina ante el CAP, senador Gerardo Sánchez García, y los directores generales del Instituto Nacional de Economía Social, Carlos Rojas y del Colegio de Postgraduados, Jesús Moncada.