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OAXACA, Oax. 25 de marzo de 2014 (Quadratín).-Las leyes secundarias en materia de telecomunicación regresan el control totalitario al gobierno federal sobre los medios electrónicos y convierten al naciente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) en mera ornamenta institucional, señaló el senador del PRD Benjamín Robles Montoya.
Luego de recibir este lunes las iniciativas enviadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el integrante de las Comisiones de Puntos Constitucionales, el legislador oaxaqueño lamentó que el Ejecutivo Federal no haya respetado el espíritu de la reforma constitucional en telecomunicaciones, aprobada el año pasado.
Al respecto Robles Montoya señaló:
“Lo que propone, lo que busca la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, propuesta por Peña Nieto, es restaurar un régimen de control totalitario del gobierno sobre los medios de comunicación, dotando de mayores facultades a la Secretaría de Gobernación, particularmente en lo que se refiere al control y revisión de contenidos, facultad que no solamente resulta regresiva sino que además implica minimizar al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Además se le otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad de interpretar la Ley Federal de Telecomunicaciones, facultad que no se le otorga al Ifetel”.
Asimismo, dijo que se condiciona la intervención del Ifetel en los asuntos de su propia competencia, a que el Ejecutivo Federal le dé vista a través de la dependencia facultada para ello, lo que violenta la autonomía de dicho Instituto.
“Hay una magra perspectiva de derechos de las audiencias, lo que se corrobora con la pretensión de que sea la Profeco (organismo descentralizado cuyo titular es designado directamente por el Presidente de la República) la encargada de promover, proteger y vigilar los derechos de los usuarios”, señaló.
Preocupa, dijo, lo relativo a las obligaciones en materia de seguridad y justicia, pues las facultades de las instancias de seguridad y de procuración de justicia, así como las obligaciones de los concesionarios, pueden representar un instrumento de control gubernamental que no solamente abra la puerta a abusos, sino incluso a violaciones a derechos humanos.
El senador Benjamín Robles enfatizó que se particular interés resulta el tema de los medios comunitarios y comunitarios indígenas, englobados en la modalidad de concesión de uso social; debido a que La iniciativa no establece condiciones de equidad que permitan su consolidación, no reconoce sus finalidades de desarrollo social y humano, promoción de la diversidad cultural y fortalecimiento de los vínculos sociales en las comunidades.
“Las fuentes de ingreso de los concesionarios de uso social son un ejemplo de las condiciones de inequidad en perjuicio de los medios comunitarios, pues no se permite a éstos la venta de espacios publicitarios. En ese sentido la iniciativa confunde la finalidad de lucro (que no es propia del uso social), con la posibilidad de allegarse recursos que puedan ser reinvertidos al objeto de la concesión de uso social”, reprochó el representante popular.