Somos de territorio: Nino Morales en gira con Salomón Jara
Oaxaca, Oax. 29 de octubre de 2010 (Quadratín).-Con la finalidad de verificar que la función penitenciaria se desempeñe dentro de los límites del respeto a los derechos humanos y la legalidad, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO), concluyó su Diagnostico de Supervisión Penitenciaria correspondiente al año 2010.
En ese sentido el organismo defensor de los derechos Humanos luego de analizar cada una de las condiciones de los centros de reclusión considera que el sistema penitenciario oaxaqueño se encuentra distanciado del régimen progresivo y técnico adoptado por la legislación local para la reinserción social de los reclusos, toda vez que no existe una clasificación criminológica de ellos y tampoco los diagnósticos que permitan la aplicación de un tratamiento individualizado e integral. Por lo que este organismo considera necesaria la contratación de profesionistas de cada una de las especialidades orientadas al cumplimiento eficaz de los fines constitucionales de la pena de prisión.
Del mismo modo, la CDDHO considera luego de la evaluación a los penales que persisten malas condiciones en la infraestructura e instalaciones hidrosanitarias en celdas, baños, áreas de visita conyugal, instalaciones eléctricas y, precariedad en aulas escolares y bibliotecas, por lo que el organismo sugiere la urgente adopción de un programa permanente de mantenimiento integral para cada uno de los reclusorios en el Estado.
Con lo que respecta a los espacios destinados para el cumplimiento de sanciones disciplinarias, es urgente rediseñar y adecuar dichos espacios y dejen de considerarse áreas de castigo o de segregación, convirtiéndolos en espacios dignos donde los reclusos puedan ser objeto de un tratamiento especial para transformar su aparente rebeldía.
Asimismo, este organismo considera que para combatir el problema de adicciones se deberán implementarse medidas preventivas como la celebración de convenios con autoridades federales relacionadas con la investigación del tráfico de estupefacientes, así como el perfeccionamiento de las técnicas de revisión personal y, la adopción de mecanismos de investigación interna que permita detectar la identidad y la forma en que opera el suministro de sustancias prohibidas dentro de los reclusorios.
Con lo que respecta a la alimentación adecuada de los reclusos, se deberán procurar que los reclusorios de Juchitán, Tlaxiaco, Huajuapam, Pochutla y Juquila, cuenten con el servicio de comedor, y sea la administración de cada recinto la responsable de la preparación y suministro de los alimentos para los internos.
Del mismo modo, este organismo considera necesaria la impartición de cursos de capacitación al personal directivo y técnico, así como al de seguridad y custodia, a efecto de que conozcan ampliamente las leyes y reglamentos penitenciarios vigentes en el Estado, así como los tratados e instrumentos internacionales en la materia.
En ese sentido los centros penitenciarios deberán adoptar un mecanismo eficaz que les permita la concesión oportuna de los diversos beneficios preliberacionales que autoriza la ley y evitar los retrasos en su otorgamiento.
Con lo que respecta a los pacientes psiquiátricos privados de su libertad en los distintos establecimientos en la Entidad, deberán ser recluidos para su atención integral en el anexo psiquiátrico que se encuentra en el reclusorio regional de Tanivet Tlacolula, Oaxaca.
De manera urgente esta Comisión considera la construcción de reclusorios en las regiones de la costa y la mixteca, por lo que en la costa no se cuenta con un reclusorio debido al cierre de los ahí existentes anteriormente. En el caso de la mixteca, se requiere un reclusorio acorde a las necesidades toda vez que los dos vigentes, se encuentran en pésimas condiciones y resultan insuficientes.
Por último este organismo, considera necesario que la procuraduría para la defensa del indígena, programe periódicamente visitas a los diversos reclusorios de la entidad, para que los defensores de oficio informen a los internos procesados sobre el seguimiento y estado que guardan casa uno de sus expedientes judiciales.