Diferencias entre un estúpido y un idiota
MÉXICO, DF, 9 de noviembre de 2015.- Quisiera iniciar, y aprovechar en este mensaje para hacer un gran reconocimiento y agradecer a mis amigos, los Presidentes del CNA y de Coparmex, por la gran responsabilidad con que actuaron en este proceso de sucesión en el CCE, poniendo siempre por delante la unidad y fortaleza del sector empresarial mexicano.
Gracias a esta actitud y compromiso con la misión institucional del CCE, es que los empresarios de México pueden contar con una representación cohesionada y coordinada; que cierra filas en torno a principios y valores muy claros, así como en una agenda común.
Con dirigentes como Juan Pablo Castañón y Benjamín Grayeb, y todos nuestros presidentes de la comisión ejecutiva y del consejo nacional, nuestro sector seguirá teniendo una participación activa y productiva en la agenda nacional. México cuenta con sus empresarios y nosotros contamos con México.
Entre los retos más importantes que enfrenta México sin lugar a dudas destaca el de debilitada confianza que existe en distintos planos políticos, sociales y económicos.
En México tenemos un déficit histórico de confianza, que lejos de aligerarse con la transición democrática, ha crecido. No es un problema más; es el reto más profundo y transversal que hoy enfrentamos como nación, y que debe ser atendido como prioridad del más alto nivel.
Constatamos este desafío, cuando vemos la enorme brecha que separa los datos de confianza del consumidor, respecto a los indicadores de reactivación del consumo o de una mejoría en el poder adquisitivo de importantes sectores de la población.
Vemos ese déficit cuando subsiste una percepción de la realidad y de las expectativas del país que no pone en la balanza factores alentadores, como la consistencia de la estabilidad macroeconómica, la inflación en los niveles más bajos desde que se tiene registro, el crecimiento de la economía (a pesar del entorno de debilidad internacional) y las perspectivas abiertas por las reformas.
Es generando confianza como podremos atenuar los grandes contrastes entre la inseguridad percibida y los índices delictivos, entre la cifra negra y los delitos que se denuncian.
Únicamente por esta vía cambiaremos una situación en la que sólo dos de cada 10 mexicanos se siente satisfecho con la democracia, según el reporte Latinobarómetro 2015.
Es con más confianza como puede superarse o contrarrestarse la confusión que tantas veces toma fuerza en la opinión pública, ante los más diversos sucesos.
No vamos a avanzar al ritmo suficiente, con la firmeza que se requiere, con la unión básica que debemos mantener como mexicanos, si no fortalecemos este principio elemental en los conceptos de nación, cohesión social, democracia y también economía de mercado.
Un objetivo fundamental para la segunda mitad del presente sexenio, y prioridad nacional para el sector público, pero en la que debemos participar todos los sectores y los ciudadanos en general, es regenerar la confianza en las instituciones del Estado mexicano y de la sociedad.
Es tiempo de construir una agenda de confianza, con el centro en el fortalecimiento de las instituciones del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Este es el gran desafío pendiente, la segunda ola de reformas, en las leyes y sobre todo en su aplicación efectiva.
La transformación estructural de México y su desarrollo requieren de instituciones modernas y eficientes, en todos los órdenes y poderes de gobierno: capacidad técnica y profesional, pero también solvencia en términos de legitimidad y credibilidad.
Se ha demostrado que este es un factor clave no sólo para la cohesión social, sino también para el desarrollo económico. Para ahorrar, invertir y crear, las personas y las empresas requieren de la certeza y el incentivo de saber que si trabajan, si innovan, pueden prosperar en un ambiente de orden, estabilidad, seguridad y justicia. Ahí es donde destaca el rol de unas instituciones sanas y confiables.
Necesitamos instituciones políticas y económicas inclusivas y que alienten el crecimiento económico; no extractivas y que se conviertan en barreras para el desarrollo. Esta es la clave entre naciones que despuntan y las que quedan a la zaga.
Hemos avanzado mucho. México ha dado pasos decisivos a la democracia y a una economía de mercado estable, moderna y con proyección global. Estos procesos se han acelerado con el impulso reformador de los últimos años. Sin embargo, los retos son evidentes:
Arrastramos una cultura crónica de ilegalidad, corrupción e impunidad en muchas áreas.
Asimismo, debilidad o ausencia institucional en algunas zonas, donde prospera la delincuencia y la inseguridad.
Nuestro sistema político aún sostiene déficits en eficiencia, representatividad, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.
En lo que atañe a la economía y las actividades productivas y de las empresas, son las instituciones el eje más débil en términos de competitividad, como lo ha reportado de manera consistente la encuesta del Foro Económico Mundial.
Simplemente la corrupción podría implicar un 5% menos de inversión para los países con mayor incidencia.
Las áreas de oportunidad para avanzar en este gran reto de México son muy claras: cómo reconstruir la confianza en las instituciones y los políticos, equilibrar la carga y eficiencia de regulaciones gubernamentales, confiabilidad de las policías, reducir costos por crimen y violencia, por pagos irregulares y sobornos, erradicar el favoritismo en decisiones de funcionarios de los distintos órdenes y poderes de gobierno, eficiencia del marco legal para resolver disputas, acabar con la impunidad en casos de malversación de fondos públicos, comportamiento ético de los empresarios y sus empresas.
En todos estos aspectos hay iniciativas, propuestas e inclusive procesos legislativos o de políticas públicas en marcha. Casos ejemplares son el sistema nacional anticorrupción o el esfuerzo en materia de justicia cotidiana. Pero hay que acelerar el paso. Esta es y será una prioridad del mayor nivel para el sector empresarial.
Un compromiso con México.