Confirma PGR detención de líderes magisteriales por delitos federales

OAXACA, Oax. 29 de octubre de 2015.- La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la detención de 4 dirigentes magisteriales de Oaxaca vinculados con varios delitos federales, cuyas órdenes de aprehensión se ejecutaron la madrugada de este jueves por la Policía Federal en diversos lugares de la entidad.

En un comunicado, la dependencia precisa que a los aprehendidos se les vincula con varios delitos federales, cometidos durante los siguientes hechos:

La toma violenta de las instalaciones de la Junta Distrital en Tehuantepec.

La toma de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos como: la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz y el centro de distribución y almacenamiento El Tule, en la ciudad de Oaxaca.

Actos de vandalismo en contra de las instalaciones de la Octava Región Militar en la capital del estado.

Adema del robo de diez mil libros de texto gratuitos propiedad de la Secretaría de Educación Pública.

Los aprehendidos son:

Juan Carlos Orozco Matus, por su probable participación en los delitos de motín, daño en propiedad ajena y contra el consumo y riqueza nacional, en la toma de las instalaciones de la Junta Distrital electoral en Tehuantepec y de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz.

Othón Nazariega Segura, por su probable autoría en los delitos de robo agravado, contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena, en la toma de las instalaciones de El Tule, el robo de libros de texto gratuitos y los daños a instalaciones de la Octava Región Militar en la ciudad de Oaxaca.

Efraín Picaso Pérez, de 44 años de edad, por su probable participación en el robo de miles de libros de texto gratuitos.

Asimismo, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Roberto Abel Jiménez García quien es señalado por diversos delitos del fuero común.

Los aprehendidos, por delitos del orden federal, que podrían alcanzar penas entre 3-40 años de prisión serán puestos a disposición de las autoridades jurisdiccionales.

Con estas acciones el Gobierno de la República ratifica su compromiso con el cumplimiento de la Ley y el estado de derecho.