Congresos Locales deben votar reforma política y anticorrupción

MÉXICO, DF. 12 de enero de 2014 (Quadratín).-  El senador del PRD, Benjamín Robles Montoya solicitó a las Cámaras de Diputados estatales  para que a la brevedad sometan a consideración de las diputadas y los diputados las minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción enviadas por el Congreso de la Unión.

En el punto de acuerdo, firmado también por el senador de Chiapas Zoé Robledo Aburto, el legislador oaxaqueño refirió que tras la aprobación de la reforma constitucional en materia político-electoral el pasado 13 de diciembre de 2013, el Poder Legislativo Federal impuso el deber de buscar el equilibrio armónico de los poderes reales con las necesidades sociales.

La “Reforma Política-Electoral” estamos consciente de ello, implica la refundación de las relaciones entre gobierno y sociedad, por lo que Robles Montoya asentó:

“Con la reforma político-electoral la sociedad civil ha cambiado la ‘praxis’ de hacer política y nos obligó a inscribir en la Carta Magna que toda decisión de sus representantes populares obtenga la mayor legitimidad posible. Así, la participación ciudadana será, en las políticas públicas y en la construcción de proyectos fundamentales, corresponsable del desarrollo de la sociedad”.

Y enfatizo: “Por lo tanto, un diseño constitucional que fomente la corresponsabilidad de los distintos poderes y órdenes de gobierno en la ejecución de las responsabilidades públicas, con independencia de su extracción política, es inaplazable si queremos consolidar una democracia de resultados”.

Y es que consideró que es incuestionable que en los tiempos que hoy vivimos, la responsabilidad de un ejercicio eficaz y eficiente de las funciones del gobierno, no dependen de uno solo de los Poderes de la Unión. La cooperación institucional y la coordinación entre las distintas esferas que tienen a su cargo alguna encomienda pública se vuelve indispensable.

Explicó que con la aprobación de la reforma político-electoral por parte del Congreso de la Unión se crean figuras legales de beneficio político-social como gobierno de coalición y ratificación de los miembros del gabinete; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; autonomía del Ministerio Público y la Fiscalía General de la República; y la aprobación del Congreso de la Unión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Además de la reelección de legisladores al Congreso de la Unión y dotar de la atribución a las legislaturas de los Estados para adoptar dicha medida en su caso; elección consecutiva de ayuntamientos hasta por un periodo más si así lo determinará la legislatura local correspondiente; nueva fecha para la transición de poderes del Ejecutivo Federal; la creación del órgano autónomo en materia electoral denominado Instituto Nacional de Elecciones; aumento en el umbral para el registro de los partidos políticos y un sistema de nulidad de elección; entre otros.

Asimismo, mencionó que en diciembre fue aprobado por el Congreso de la Unión la reforma constitucional en materia de anticorrupción, misma que sienta las bases para la creación de un sistema nacional de combate a la corrupción que permita coordinar esfuerzos de todos los órdenes de gobierno y construir de manera conjunta y homogénea las políticas públicas en la materia; la investigación y sanciones de los actos de corrupción serán una realidad lejos de los obstáculos de secretos bancario, fiduciario y fiscal.

Destacó que en la designación de los titulares de los órganos anticorrupción no participarán los Poderes Ejecutivos federal y de las entidades respectivamente, ni mediante el mecanismo de propuesta, ni mediante el mecanismo de objeción.

“Por todo lo anterior, y considerando que en el régimen transitorio de cada minuta de reforma constitucional se contemplaron términos y plazos perentorios para ajustar el adecuado funcionamiento de las figuras de recién creación, consideró que la  Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe exhortar respetuosamente a las diputadas y diputados integrantes de las Legislaturas de los Congresos Estatales para que a la brevedad sometan a su consideración las minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción enviadas por el Congreso de la Unión.