Considera Defensoría que Sevitra violenta derecho al trabajo

OAXACA, Oax. 13 de octubre de 2014.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la recomendación 13/2014 a la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) por violaciones al derecho humano a la seguridad jurídica y por prestar indebidamente el servicio público al omitir la expedición de licencias y permisos para concesiones a un grupo de seis personas.

En un comunicado, el defensor Arturo Peimbert Calvo informó que las seis personas afectadas presentaron una queja ante el organismo porque el 20 de noviembre de 2010 obtuvieron concesiones para brindar el servicio público de alquiler en su modalidad de taxi en la localidad de Reyes, Etla, pero hasta la fecha se les ha negado el derecho a prestar el servicio.

Explicó que la Sevitra argumentó ante los reclamos de estas seis personas que por no seguir el procedimiento de regularización de sus unidades, sus derechos a concesiones caducaron.

Peimbert Calvo señaló que esta resolución de la Secretaría de Vialidad y Transporte vulnera el derecho a la seguridad jurídica de las seis personas agraviadas, pues a pesar de contar con una concesión legalmente expedida, no se les ha permitido realizar los trámites de emplacamiento y alta de sus unidades de motor, pese que presentaron la solicitud a la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas en tiempo y forma.

El ombdusman manifestó que no existe motivo justificado para que se siga negando a las y los quejosos el derecho a emplacar sus unidades para que puedan prestar el servicio de transporte, pues las razones por las que la diligencia fue retrasado son ajenas a su voluntad, y esta negativa les ha causado serios perjuicios económicos.

El servidor público explicó que, desde 2010, cuando recibieron los permisos de concesión, estas personas adquirieron las unidades de motor para poder brindar el servicio, pero hasta la fecha no han podido laborar, lo que ha causado afectaciones a su economía, no sólo por el gasto que les representó comprar las unidades, sino porque además no han podido ejercer su derecho al trabajo para solventar sus necesidades.

Peimbert Calvo puntualizó que ante esta situación la Defensoría recomendó a la Sevitra, desde el 25 de septiembre último, que efectúe las acciones jurídicas y administrativas necesarias para autorizar a las y los agraviados a realizar el trámite que les permita brindar el servicio público de transporte en su modalidad de taxi, de acuerdo con la concesión que les fue otorgada.

El titular de la Defensoría pidió en la recomendación que se instruya a las y los servidores públicos que tengan a su cargo el trámite relativo a las concesiones, que se conduzcan bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones.

Agregó que es importante que las víctimas de violaciones a los derechos humanos obtengan una reparación de daño, por lo que es una obligación moral y legal de la Secretaría de Vialidad y Transporte reparar los daños causados a las seis personas afectadas.

Para concluir, el Defensor del Pueblo recordó que es fundamental que el Estado genere garantías de no repetición, por ello la Defensoría pidió a la Secretaría de Vialidad y Transporte que instruya a quien corresponda para que en lo subsecuente se eviten prácticas que provoquen la dilación de trámites sin motivo justificado.