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Oaxaca, Oax. 1 de marzo de 2010 (Quadratín).- El Poder Judicial del Estado (PJE) está en riesgo de perder la independencia de sus funciones porque la legislación vigente en Oaxaca posibilita que en la práctica el Poder Ejecutivo tenga una poderosa influencia en la designación de los magistrados, pues son nombrados por el gobernador y ratificados por la Legislatura, establece el informe elaborado por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF por sus siglas en inglés), Independencia Judicial en Oaxaca, México: ¿una ficción?
La coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Transparencia del DPLF, Mirte Postema, observó que el estudio evidencia que la participación del Congreso local, es meramente formal porque no hay discusiones serias sobre los candidatos ni la sociedad civil tiene participación en el proceso de las designaciones.
El documento elaborado por el DPLF, el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR y la Comisión Internacional de Juristas, con sede en las ciudades de Washington, México y Ginebra, será presentado este lunes en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (Ciesas), en esta ciudad.
La especialista de origen holandés, dijo que el informe fue realizado por un grupo de expertos a partir de una misión a Oaxaca en el 2008 para recabar información sobre la administración de justicia en la entidad, especialmente a la independencia del (PJE), por medio de reuniones con autoridades, magistrados, académicos, representantes de la sociedad civil y abogados.
Subrayó que la Constitución ordena que el presidente del PJE debe ser elegido por sus pares, pero en la práctica la señalada influencia del gobernador hace que los magistrados cumplan con una norma informal que resulta en la designación de la persona que el gobernador señala.
Aparte de esto, destacó que el Poder Judicial no recibe los recursos suficientes para desempeñar sus funciones adecuadamente, pues varios de los entrevistados indicaron la falta de transparencia que rodea la asignación presupuestaria que recibe el PJE, así como el control que de dicha asignación mantiene la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.
Esto último redunda, en un mecanismo de presión indebida por parte del Ejecutivo sobre el Judicial, indicó.
Agregó que se recibió información sobre una falta de otorgamiento de recursos adecuados para la implementación del sistema de enjuiciamiento penal, por ejemplo, la defensoría pública carece de recursos básicos para su operación.
Resaltó que con el fin de garantizar la independencia e imparcialidad de la administración de justicia, el derecho internacional dispone una serie de requisitos mínimos que todo Estado debe poner en práctica.