Contabiliza Fepade unas diez denuncias en este proceso electoral

Oaxaca, Oax. 29 de junio de 2009 (Quadratín).- La Fiscal Especial para Delitos Electorales, dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado, Esther Pinelo López, informó este lunes que suman alrededor de diez denuncias las presentadas en este proceso electoral, de los que se está integrando la averiguación previa.
En entrevista colectiva, luego de la instalación del módulo itinerante para la atención de ciudadanos en el Paseo Juárez El llano, abundó que ante la instancia local únicamente ha llegado una queja, misma que fue remitida a la Procuraduría General de la República, para que siga la investigación.
“Tenemos el conocimiento que hay entre otro y diez denuncias presentadas en el órgano federal sobre este proceso electoral, mismas que serán atendidas e integradas por la instancia correspondiente”.
Dijo que ésta se relaciona con actos irregulares en los que han caído servidores públicos, pero que por la cercanía del 5 de julio evitó dar más detalles sobre qué nivel o los nombres de los acusados.
Dijo que en la PGR y su instancia estarán al pendiente de darle seguimiento a las denuncias.
Explicó que cuando un ciudadano presente la queja, se hará el requerimiento necesario a fin de integrar la averiguación y dar cumplimiento con lo que marca la Fepade.
Es lunes, el Consejo Local del IFE así como autoridades estatales y federales, instalaron un módulo itinerante de la Fiscalía Especializada para delitos electorales en el Paseo Juárez, cuyo objetivo es dar certeza y legalidad en este proceso electoral.
En el evento, tanto el vocal ejecutivo, Jorge Carlos García Revilla, acompañado por el procurador, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, hicieron un llamado a los ciudadanos a participar en el proceso electoral, emitiendo el voto y también dando a conocer los hechos irregulares.
Martínez Ramírez dijo que los ministerios públicos de toda la entidad estarán abiertos durante las 24 horas para atender las denuncias que puedan presentarse.
Los actos que pueden ser denunciados es que alguien impida la instalación de las casillas o impida la función de los funcionarios de casillas, coaccionar o presionar el voto y el acarreo de votantes.
Las penalidades pueden ser de tres a nueve años de prisión, así como multas de 100 días de salario mínimo, según el nivel en que se ubiquen los delitos.