Convoca Flavio Sosa a crear una nueva Ley de Educación

Oaxaca, Oax. 06 de mayo 2012 (Quadratín).- El diputado Flavio Sosa Villavicencio propuso convocar a una amplia participación de la sociedad civil para crear una nueva ley estatal de educación, que integre mecanismos para que los derechos educativos de niñas, niños y adolescentes de Oaxaca sean exigibles ante las autoridades.
Durante su participación como ponente en el foro “El derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y los derechos laborales del magisterio”, convocado por el Foro Oaxaqueño de la Niñez, el legislador llamó también a la intervención de la sociedad en la formulación del Plan Estatal de Educación.
Igualmente, planteó la necesidad de iniciar un debate público en el que la sociedad tenga oportunidad de conocer, analizar y aportar sus puntos de vista sobre el “Plan para la transformación de la educación”, cuya ejecución demanda la Sección 22 del sindicato magisterial como parte del pliego petitorio de este año.
En el foro, el pasado viernes, también participaron el secretario general de la sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi; el director general del IEEPO, Bernardo Vásquez; la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Oaxaca, Blanca Castañón, y Fernando Viveros, representante del Foro Oaxaqueño de la Niñez, entre otras personas.
Cifras de la ignominia
Flavio Sosa destacó que en Oaxaca se incumple el derecho a la educación, lo que se observa en que el promedio de la población estatal de 15 años y más no concluyó el primer año de secundaria (grado promedio de escolaridad: 6.9), cuando el promedio nacional concluyó toda la secundaria (grado promedio de escolaridad 8.6).
“Nuestro estado tiene el deshonroso penúltimo lugar en el país, sólo por encima de Chiapas”, detalló.
En Oaxaca, agregó, de la población de 15 años y más, 13.8% no tienen ningún grado de escolaridad; 61.6% tiene la educación básica terminada, lo que implica que 38.4% no ha terminado la educación básica. Sólo 14.2% finalizó la educación media superior, y sólo 9.9% concluyó la educación superior.
Señaló que 16 por ciento de las personas de Oaxaca de 15 años y más no saben leer ni escribir, índice superior al doble del nacional, que es de siete por ciento. Oaxaca tiene el tercer porcentaje más alto, sólo por debajo de los estados de Chiapas y Guerrero.
Como un factor relacionado con las pésimas cifras sobre educación en Oaxaca, mencionó que 34% de los niños del estado están desnutridos, lo que representa el índice de desnutrición infantil más alto del país, con más de 193 mil menores en esa situación; además, por cada niño hay dos niñas con desnutrición.
Deslindar las responsabilidades
Flavio Sosa criticó duramente análisis superficiales sobre el fenómeno educativo, como el que exhibe la película De panzazo, de Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola, que simplifica gravemente la problemática para concluir que los maestros son los responsables del fracaso educativo en México.
Habló también del gran poder de la televisión como “la gran educadora” de México, y de cómo los dueños de las dos grandes empresas televisivas tratan a las autoridades como si éste fuera “un país bananero”.
“El fenómeno es mucho más complejo”, advirtió, y señaló como falsa la contradicción entre los derechos laborales del magisterio y el derecho a la educación de niñas y niños, pues internacionalmente se ha reconocido que los primeros forman parte del segundo.
Expuso que en el derecho internacional se prevé que el derecho a la educación incluye el concepto de disponibilidad, que prevé condiciones como edificios, instalaciones sanitarias, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos y materiales de enseñanza, entre otras.
“Esto es obligación del Estado”, reiteró, y detalló que Naciones Unidas reconoce tres niveles de obligaciones de los gobiernos nacionales respecto de los derechos humanos, y específicamente a los relacionados con la educación: respetar, proteger y dar cumplimiento.
Medidas legales para el cumplimiento
Flavio Sosa explicó que el paquete de reformas constitucionales que el Congreso aprobó en abril, incluye la creación de la figura del juicio de protección a los derechos humanos, que es un recurso aplicable para hacer posible demandar el derecho a la educación, como el resto de los derechos humanos.
“Se trata de un mecanismo jurídico para exigir el cumplimiento o restitución del derecho”, pero “para que sea una opción real de justiciabilidad falta la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la propia Ley del Juicio de Protección a los Derechos Humanos”, dijo.
Llamó a las organizaciones especializadas de la sociedad civil a plantear si el juicio de protección a los derechos humanos es o no suficiente para garantizar el derecho a la educación, y a definir el rumbo de la modificación o creación de las leyes que hagan falta para garantizar el derecho a la educación.
Fue en ese contexto que convocó a un debate público para analizar y discutir el “Plan para la transformación de la educación”, que exista una amplia participación de la sociedad civil para crear una nueva ley estatal de educación, y en la formulación del Plan Estatal de Educación.
El marco internacional
Flavio Sosa recordó que el derecho a la educación está garantizado en los dos sistemas internacionales de derechos humanos, y que fue enunciado desde 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Posteriormente, el derecho a la educación se garantiza mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos contra la discriminación.
“En México, por supuesto, es un derecho garantizado por la Constitución federal y por la oaxaqueña”, dijo.
Destacó que para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, la educación es a la vez un derecho económico, social, cultural, civil y político, pues “se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz” de todos esos derechos humanos.
“La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos”, expuso el legislador.
Foto: Archivo / Quadratín