Cumplir leyes y respetar Derechos Humanos promueven el equilibrio social

OAXACA, Oax. 4 de septiembre de 2014 (Quadratín).-El magistrado presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, Ernesto Miranda Barriguete, afirmó que la exigencia del respeto a los derechos de todo ciudadano como resultado del cumplimiento de sus obligaciones civiles y morales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Carta Magna local, así como la labor de las autoridades municipales, estatales y federales para velar porque las leyes sean acatadas, son parte de la práctica de un Estado de Derecho.

En entrevista, explicó que en un contexto democrático, el Estado de Derecho hace que los gobiernos ejerzan su autoridad a través de la asignación de facultades; en este sentido, recalcó que redactar leyes es tarea del Poder Legislativo; interpretarlas es función del Poder Judicial y hacerlas cumplir es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Al hablar sobre la labor que ejercen los tribunales, juzgados y demás órganos jurisdiccionales en Oaxaca para fortalecer el Estado de Derecho, el Magistrado  especializado en  materia civil aseguró que el compromiso del titular del Poder Judicial del Estado, magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera es impulsar una justicia transparente, pronta y expedita, que atienda la demanda social y promueva la estabilidad social.

Asimismo, dijo, la tarea fundamental de la institución judicial es velar por el efectivo cumplimiento de las normas, de manera que todo acto de carácter penal, familiar, civil o mercantil que vulnere lo establecido en la Constitución, considerado como delito, sea sancionado bajo los estándares de respeto a los derechos humanos establecidos en los tratados y convenios nacionales e internacionales.

El magistrado Miranda Barriguete hizo hincapié en la responsabilidad tanto de los justiciables como de las instituciones para mantener el orden social; por una parte, desde el libre ejercicio del voto como muestra de la voluntad para elegir a los gobernantes, hasta el actuar que demandan las normas jurídicas, como tareas que todo ciudadano debe cumplir; y por la otra, deber de las instituciones para cumplir y hacer cumplir las normas.