David Colmenares Páramo / Signos y señales. Coordinación intergubernamental

México, D.F. 3 de mayo de 2013 (Quadratín).- Hace unos días, en reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales realizada en Campeche, los funcionarios estatales entregaron una propuesta, elaborada con el apoyo técnico de INDETEC, de reformas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Tirso de la Gala, a nombre de sus compañeros presentó una propuesta con 10 medidas relevantes para fortalecer las finanzas estatales, el federalismo fiscal y por supuesto la coordinación intergubernamental en la materia.
La misma es integral, ya que aborda los temas de ingresos – potestades-, gasto público, deuda y coordinación fiscal.
Lo anterior no es casual, en virtud de que la coordinación intergubernamental, esto es la coordinación entre instituciones y funcionarios de diferentes ordenes de Gobierno, es hoy parte estratégica de cualquier reforma estructural o cambio sustantivo que fortalezca políticas, regiones o ayude a hacer más eficientes políticas como la fiscal o la social por ejemplo.
Hay antecedentes de cambios importantes derivados de la coordinación intergubernamental, como cuando la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales tuvo éxito para dar pasos adelante que cambiaron y fortalecieron el Federalismo Fiscal, en los años noventa. Por otro lado también hay testimonio de retrocesos, cuando se ha desestimado la importancia de la coordinación entre ordenes de Gobierno, surgen inercias centralistas y desinterés fiscal.
En los noventa se dan cambios importantes en la coordinación fiscal, el primero tuvo que ver con una reorganización de las responsabilidades en materia de administración tributaria:
hasta ese año las entidades federativas recaudaban el impuesto al valor agregado, pero la naturaleza misma del impuesto generó una concentración de domicilios fiscales, una administración tributaria descoordinada y poco eficiente, y recaudación por debajo de su potencial recaudatorio.
Mencionaré algunos sucesos de ese tiempo. Si no me falla la memoria, había una entidad federativa del norte que devolvía más de lo que cobraba; se generó una competencia entre las entidades por los domicilios fiscales de los contribuyentes que llegó al extremo de que un colega mío –otro Secretario de Finanzas- amenazó a un contribuyente del sector hotelero con “llenarle la playa de chilangos” si no cambiaba el domicilio fiscal a favor de su estado; en el caso de las auditorías, si el contribuyente cambiaba su domicilio fiscal, había muchas posibilidades de que se perdiera, etcétera.
Previo acuerdo entre las partes –Hacienda y las entidades federativas- a partir de 1990, el IVA se empezó a cobrar en bancos, se centralizó su administración, pero a cambio se amplió la colaboración administrativa, esto es las entidades todas vieron incrementadas sus facultades en materia de fiscalización, así como el estímulo que recibían por hacerlo, el cual llegó en algunos impuestos al cien por ciento de lo recaudado.
Cuando esto sucedió se crea un Factor de Liquidez, para el pago del anticipo de las participaciones equivalente al 1.1 de lo pagado el mes anterior, con el fin de compensar a las entidades que perdieron liquidez con el cambio en la administración del IVA.
Lo anterior facilitó lograr el consenso mayoritario para cambiar las fórmulas de distribución de participaciones en 1990, después de más de un año de reuniones nacionales de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales estatales y federales. Con resultados positivos en función de los objetivos planteados y discutidos ampliamente en ese momento. En circunstancias diferentes, dejando de lado la coordinación gubernamental, se volvieron a cambiar las fórmulas de distribución de las participaciones, con saldos negativos para muchas entidades y en las de algunos fondos de aportaciones, particularmente el FAEB, lo que incluso obligo a crear un Fondo Compensatorio del mismo. Pero esa es otra historia.
La fórmula del consenso de la coordinación gubernamental de 1990, aun significa la parte más importante en la distribución de las participaciones, debido al proceso gradual, que deja fija la distribución del monto alcanzado en diciembre de 2007, claro por un tiempo perentorio, en función del crecimiento de la recaudación federal participable.

EL autor es miembro del Colegio Nacional de Economistas

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