David Colmenares Páramo / Signos y señales. Naturaleza de las transferencias

Oaxaca, Oax. 7 de junio de 2013 (Quadratín).- Existe poco conocimiento respecto a la naturaleza de la coordinación intergubernamental en materia fiscal y más respecto a los impuestos que recauda cada orden de Gobierno. Es común que se piense que los impuestos federales coordinados son recaudados por los gobiernos locales y por supuesto menos se sabe de la colaboración administrativa en materia fiscal.
Por ello cuando se publica que las participaciones bajan o suben, es necesario explicar porque representan la parte más importante de los ingresos de las entidades federativas y de los municipios y porque los ingresos propios son tan limitados, señalando cuales son las potestades impositivas que pueden administrar.
Antes de la creación del sistema nacional de coordinación fiscal existía en el País una jungla fiscal, esto es una gran diversidad de impuestos federales y locales, de los cuales se participaba por impuesto a las entidades federativas. Todo eso se acaba, con la desaparición de más de 300 impuestos estatales y federales, cuando se introduce el impuesto al valor agregado, en sustitución del impuesto sobre ingresos mercantiles, y la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo eje en materia impositiva era evitar la doble o múltiple tributación, que causaba -por supuesto- molestias a los contribuyentes. Desde entonces al adherirse al Sistema, las entidades federativas dejaron en suspenso el uso de impuestos con potencial recaudatorio importante como los impuestos a la renta y al consumo. Sustituyendo esos ingresos con las participaciones, esto es con un porcentaje de la recaudación federal, clasificados como recaudación federal participable. Las participaciones aparecen como gasto no programable en el presupuesto federal y las transferencias condicionadas como gasto programable, las cuales al ser transferidas nunca pierden su carácter de recursos federales.
Por ello la dependencia de las transferencias, particularmente de las no condicionadas, de libre disposición, recursos propios, fiscalizados por los congresos locales. Su única obligación, señalada en la LCF es transferir, por lo menos el 20 por ciento a los municipios, aunque 12 entidades rebasan ese porcentaje, desde el 21 al 25 por ciento.
Por eso recordemos como van a mayo las participaciones, recordando como apenas en diciembre del año pasado se alcanzó el nivel real de 2008 y al mes de mayo están por debajo de lo programado, 9 por ciento en mayo. La recaudación participable está en esa situación, menos 4 % de lo recaudado en el mismo periodo de 2012, debido al comportamiento de la recaudación de los principales impuestos como el IVA y el ISR. Como he comentado en otras oportunidades, el impacto se ha compensado gracias a la creación en 2006 del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), como resultado de las propuestas surgidas en la coordinación intergubernamental y plasmadas en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esto ha permitido sortear el desfase entre programado y pagado parcialmente en 2009 y al cien por ciento en 2011 y 2012.
El impacto en las participaciones es de menos 3.6 por ciento, respecto a lo recibido un año antes, siendo más fuerte en los casos de Coahuila con menos 9.7 % , SLP menos 6.6 %, Sinaloa menos 6.1%, Tlaxcala, EDOMEX y Colima con menos 5.8 %, etcétera.
Se realizan ajustes cuatrimestrales, con saldo a cargo o a favor de las entidades federativas, el primero de este año viene negativo para las mismas, en cerca de mil millones de pesos.
Hay una urgencia real de incrementar la recaudación participable, que sólo podrá darse con el fortalecimiento de la recaudación de los impuestos federales coordinados. No es un problema de la administración tributaria, que hace lo que se necesita, generalmente bien, es la economía que todavía no se recupera en lo que va del año, como se observa en la reducción de la tasa estimada de crecimiento del PIB para este año.
Por supuesto que en las reformas debe haber una dosis de federalismo, pero también es cierto que deben reforzarse los mecanismos de coordinación intergubernamental, de colaboración administrativa, de optimización de los ingresos propios, como ya sucede en algunas entidades y de una revisión de la calidad del gasto en los tres órdenes de Gobierno.

Miembro del Colegio Nacional de Economistas.

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