Día 28. PIB: crisis por modelo desarrollo y neoliberalismo
-De las haciendas públicas
-Objetivo, descentralizar con responsabilidad
MÉXICO, DF. 26 de mayo de 2014 (Quadratín).- De 2007 a2012 enfrentamos saldos negativos en términos de crecimiento económico, inversión extranjera, combate a la pobreza – tres millones más de 2008 a 2010, más los que se acumularon a 2012-, déficit en materia de creación de empleos productivos, encubriendo el desempleo en una buena medida como “ocupación en el sector informal”, saldo de IED negativo, más si nos comparamos con Brasil por ejemplo, ausencia de política industrial y de desarrollo regional y una fuerte tendencia a la centralización, con campañas de desprestigio hacia los gobiernos y los congresos locales. Pero aun más importante se acentúo la petrolización de las finanzas públicas –dos quintas partes de la recaudación, la desigualdad, rezagos importantes en materia de desarrollo social.
La crisis fiscal de las entidades federativas hizo que la deuda pública más que se duplicó, manteniéndose esa tendencia en 2013 y la recaudación federal participable, se estancó hasta este año en los niveles de cinco años atrás.
A nivel de las haciendas públicas de los tres ordenes de Gobierno: concentrando el orden central o federal la mayor parte del potencial recaudatorio de los impuestos nacionales. Somos el País de la OCDE con una mayor concentración recaudatoria en el nivel central, también respecto a América Latina, dependemos más que ninguna de la recaudación proveniente de una sola materia prima. Tenemos un federalismo “centralizado”, incluso en mayor grado que en varios países unitarios.
Con la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 1980, las entidades federativas dejaron en suspenso facultades tributarias que la Constitución les permite tener, concediéndoles a cambio el orden central participación en la recaudación de esos tributos, partiendo de la base que se evitaba la doble tributación y se hacia más eficiente la administración centralizada de os impuestos concurrentes.
Finalmente el porcentaje participable se estancó en 1995, quedando para las 32 entidades federativas alrededor del 22 por ciento de lo que se llama recaudación federal participable (rfp) y un poco más de 5 por ciento para los 2 445 municipios del País. La rfp no incluye todos los ingresos federales, como es el caso de los petroleros, sólo 85.31 por ciento de los derechos de hidrocarburos.
No es redundante insistir en que se tiene que revisar tanto la distribución de potestades tributarias, como el porcentaje participable y desde luego en TEMS de gasto como el PbR, la armonización contable, la homologación de las cuentas públicas, transparencia fiscal.
El de la descentralización fiscal es un tema pendiente en la agenda de reformas, requiriéndose en este caso, un replanteamiento integral.
Ante el retorno de tendencias e inercias centralistas, se requiere fortalecer los ingresos de los tres órdenes de Gobierno, para poder dar suficiencia al gasto público, a partir de la revisión de las facultades impositivas de cada uno, recuperando para las entidades federativas, facultades de mayor potencial recaudatorio. También por supuesto, revisar la distribución de responsabilidades de gasto, así como el uso de indicadores de desempeño, la homologación de la contabilidad gubernamental y el fortalecimiento de las transparencia y la rendición de cuentas.
Por ello hoy readquieren importancia los consensos de la Convención Nacional Hacendaria, como elementos para iniciar las reformas pendientes, que consoliden un federalismo descentralizador, que impulsen un desarrollo desde las regiones y que fortalezcan los ingresos tributarios, y potenciando la colaboración administrativa en materia fiscal federal.
Apostemos a una Segunda Convención Nacional de las Haciendas Públicas.