La posverdad judicial
-No sólo es irresponsabilidad
-Hay razones objetivas por lo que se ha incrementado
OAXACA, Oax. 3 de marzo de 2014 (Quadratín).- El fenómeno del endeudamiento de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, no es un asunto nuevo, particularmente desde 2007 adquiere una dinámica vigorosa, derivada del débil crecimiento económico y de la recaudación de impuesto federales, lo que pega a las transferencias no condicionadas, esto es las participaciones, que significan alrededor de nueve partes de sus ingresos totales, lo que inscribe este problema en un asunto de federalismo fiscal. Cada trimestre que Hacienda publica las estadísticas del endeudamiento subnacional, así como en las de cierre de ejercicio, como es el caso actual, se leen en los periódicos notas repetitivas sobre el tamaño de la deuda, describiendo sin analizar, el crecimiento de la misma, con signos de admiración por su incremento acelerado, pero nunca se complementa la información con las causas que lo han estimulado. Se repiten slogans que acusan a los gobernadores de irresponsables por endeudarse y se repite que no quieren cobrar impuestos, aprovechándose del esfuerzo federal, lo cual no es justo ni preciso. Hay culpas si, pero repartidas y además causas objetivas para ello. Se generaliza, cuando es notorio que hay excepciones importantes.
Esto fue particularmente notorio durante los tiempos de la anterior administración gubernamental, cuando periódicamente se acusaba a las entidades federativas y particularmente a los gobernadores de su resistencia a cobrar impuestos y de endeudarse. Altas autoridades gubernamentales llegaron a confundirse en elementos básicos, como al señalar que las entidades federativas no cobraban bien el predial, que es responsabilidad de la autoridad municipal; también ignoraban que el registro de deuda pública era voluntario no obligatorio, y que la Ley decía que sólo servía –el registro- para fines informativos, o que se registraban contratos, que no dependían para su firma del Registro. Notorio fue lo que pasó cuando se hace público el endeudamiento escondido de Coahuila. Ello dio pauta a que se multiplicaran los adjetivos que descalificaban a las autoridades fiscales de las entidades federativas, pero más a los gobernadores. Eso se repitió tanto, que llegó a ser un lugar común, omitiéndose sus causas.
Veamos sólo tres aspectos: en primer lugar, la desigual distribución de facultades impositivas, que dejan a la autoridad fiscal de las entidades federativas, con un abanico de impuestos de bajo potencial recaudatorio, siendo México el País de la OCDE con la mayor concentración de facultades impositivas en el gobierno central; la caída en términos reales de las participaciones, más desde la crisis de 2009, prueba de ello es que hoy seis años después apenas se alcanzó el nivel real de 2008. Se ha omitido mencionar que ante la caída de los ingresos participables, se crean más opciones de endeudamiento como los PPS, el FONAREC y el PROFISE, argumentándose incluso en la LEY, que no son deuda, pero si lo son y generan compromisos de pago y su servicio pesa sobre el presupuesto de egresos. Esto es, se les ha dado más opciones de endeudamiento, se fomentó reestructurar periódicamente, lo cual es un buen negocio para los agentes que la realizan, pero no resuelven nada. Finalmente las presiones por la vía del gasto: las entidades y municipios han estado agobiados por la figura de los pari passus, casi imposibles de cumplir por la mayoría.
Las últimas cifras, es oportuno repetirlas. Desde 2006 un buen año para los gobiernos locales, cerraron con una deuda de 160 mil millones de pesos, en seis años creció a 497 mil millones, 434 mil de deuda bancaria y bursátil. En el último reporte oficial, a fines de 2013, las obligaciones financieras ascienden a 532 mil 764.9 millones de pesos (mmp) -482 807 millones, mas los 48 mil de otras obligaciones financieras-.
Viendo el tema de manera integral, es una tarea para el federalismo fiscal.
*Ha sido Presidente del Colegio Nacional de Economistas