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Tareas de Claudia sin AMLO: economía y Casa Blanca
Oaxaca, Oax. 22 de abril de 2013 (Quadratín).- La necesidad y el deseo son dos conceptos que se encuentran cuando hablamos de reformar nuestro sistema fiscal, incluyendo la de la coordinación intergubernamental y los observamos en los múltiples diagnósticos y propuestas para construir un nuevo Pacto Fiscal, entre los gobiernos y los contribuyentes, así como entre los tres ordenes de Gobierno, el federal o central, el estatal o subnacional y el municipal o local. En esto no hay nada nuevo: las reformas inherentes a lo fiscal, siguen siendo un tema pendiente desde hace muchos años, pero hoy el tiempo las apremia.
Existen necesidades crecientes y pendientes en materia de gasto público en inversión en infraestructura y en el gasto social, necesidades manifestadas en el crecimiento de la pobreza en los últimos años, incluso en relación a otros países de América Latina como han documentado CEPAL en el ámbito regional y CONEVAL en el nacional. También en la necesidad de crecer más-
Aun hacen falta mayor infraestructura y más empleos, pero para ello se requiere más inversión pública y privada. También los gobiernos subnacionales y locales requieren de mayores recursos, ante el bajo potencial recaudatorio de sus fuentes de ingresos propios y la insuficiencia de la recaudación federal participable, entre otros aspectos.
Por ello recordemos algunos intentos para aterrizar ese deseo de lograr reformas importantes en materia fiscal, como lo que intentó Don Antonio Ortiz Mena, mencionado en sus Memorias publicadas por el FCE, cuando importó a Nicolás Kaldor para hacer una propuesta sombra y formó un grupo de destacados fiscalistas para elaborar una propuesta viable de reforma fiscal; también el grupo que encabezó Javier Alejo en tiempos de Echeverría, donde incluso participó el Dr. Samuel Lichtenztejn.
La reforma impulsada por David Ibarra en el Gobierno de López Portillo, que introduce el IVA, simplifica el sistema tributario nacional y elimina la doble tributación con la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. La propuesta del Gobierno de Zedillo, con José Ángel Gurría como Secretario de Hacienda y las propuestas integrales de 2001 -principalmente- y de 2004, siendo Secretario Paco Gil, con quien por cierto funcionó bajar tasas e incrementar la recaudación.
Las propuestas y los estudios son vastos e importantes, pero no se han concretado y habría que retomarlas. Recuerdo algunas propuestas, como la de la UNAM en aquel proceso encabezado por Julio Zamora Batis y Armando Labra, con las fundaciones de los partidos políticos; una del ITAM del año 2000; o las de los colegios de profesionales, como los de economistas, contadores y ejecutivos de finanzas. Un Diagnóstico importante fue el que hizo el BANXICO en los tiempo de Guillermo Ortíz y la del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados de hace algunos años. Hay una Propuesta regional reciente de CEPAL y una de la OCDE para México.
Asimismo los organismos empresariales han sido particularmente activos en la generación de diagnósticos y propuestas, igual que los sindicatos, académicos y otras organizaciones de la sociedad, como la reciente del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) que dirige Juan Pardinas. Por supuesto las que han surgido del propio Congreso de la Unión y de los partidos políticos.
También están disponibles los más de 300 acuerdos de la Convención Nacional de las Haciendas Públicas, etcétera.
En suma, no olvidemos que una reforma fiscal para ser viable requiere ser sencilla, fácil de administrar, progresiva, equitativa y promotora del empleo. Que debe incluir una cruzada nacional contra la evasión fiscal, entendiendo esto último como un derecho fundamental del contribuyente cumplido. Además que tienda a fortalecer a la administración tributaria.
Para ser viable políticamente, tiene que ser federalista y apoyar su fortaleza en mayor transparencia y rendición de cuentas.
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