David Colmenares /Signos y Señales / Más allá del endeudamiento

Al Dr. David Horacio por su cumpleaños

Oaxaca, Oax. 01 de marzo de 2013 (Quadratín).- Hace días la SHCP publicó en su página de Internet, información sobre la deuda pública registrada de las entidades federativas y los municipios, al cierre del cuarto trimestre de 2012, 434 761.2 millones de pesos, 30 mil millones más en relación al tercer trimestre, 8 % más. Esa cifra incluyo sólo la deuda bancaria y bursatil.
11. 5 corresponde a los municipios, esto es 40 208.4 millones de pesos, la cual esta concentrada en menos del uno por ciento de los 2445 municipios del País.
Si se suman las obligaciones financieras de los Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), los Bonos Cupón Cero del FONREC y los del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, a los 434 761 millones de deuda bancaria y bursatil, el total asciende a 497 mil 258.2 millones de pesos (14 %), lo que rebasa con mucho la deuda total a diciembre de 2006, cuando era de 160 mil millones de pesos.
De esta forma el ritmo de crecimiento de la deuda por sexenio pasa del 76.4 % de 2 mil a 2006; a 171.3 % de 2006 a 2012. Si consideramos todas las obligaciones financieras, el incremento real es de 210 % en los últimos seis años. Un crecimiento notable sin duda, teniendo en el ritmo su principal riesgo.
Comparándola con ciertos indicadores, como las participaciones en impuestos federales, su crecimiento es muy dinámico, 60 % en 2009 respecto a 2008; 72 % en 2010; 79.2 en 2011 y 86.1 % en 2012 respecto a 2011. Por supuesto este concepto es el promedio de todas las entidades federativas, que esconde asimetrías ocultas. Valdría la pena hacer el comparativo con los ingresos totales, incluyendo ingresos propios.
En relación al PIB, la tendencia creciente es igual: se pasa del 1.4 % en promedio en 2001, al 1.6 % en 2006 y a 2.9 % en 2012, encontrándose las mismas asimetrías. Por supuesto en este indicador estamos lejos de casos como el de Minas Gerais en Brasil, lo que sucedió hace años en las provincias argentinas y lejos del nivel de endeudamiento de las Comunidades Autónomas de España.
Este 2.9 % no es un indicador de riesgo, más si lo comparamos con el mismo indicador de la deuda interna y externa del gobierno federal. Si lo es si sigue creciendo así.
Varias entidades federativas han recurrido a la reestructura de su deuda, lo cual aligera el servicio de la misma en el corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo, incluso en el largo plazo el costo del servicio es mayor. En cuadros publicados por la SHCP, los del costo promedio y del plazo para pagarla, podemos observarlo: su costo promedio ponderado es de 9.8 % en 2006 y 6.5 % en 2012; por otra parte el plazo promedio de vencimiento ponderado por el monto de las obligaciones por entidad federativa al cierre de cada año pasa de 5.9 años en 2001, 7.8 años en 2006 y 16 años en 2012. Se alarga el plazo de pago, con un efecto de campana en el corto plazo. Los acreedores no pierden, simplemente alargan en el tiempo su negocio, pero ello limita las posibilidades presupuestarias de los gobiernos sub nacionales y locales durante más tiempo.
Un problema central, desde mi punto de vista personal, es el de sus ingresos, limitados por potestades de bajo potencial recaudatorio y transferencias no condicionadas estancadas en menos de una quinta parte de la recaudación de ingresos coordinados.
Lo anterior sin dejar de señalar, la ausencia de buenas prácticas en la contratación de la deuda subnacional y local, que ha estado rodeada en muchos casos de opacidad. Una rendición de cuentas deficiente, desde la información de la misma, tratando de ocultar el monto, el servicio y muchas veces el destino de los recursos, lo que demuestra una mala gestión. Sumemos el pretender que algunas de las obligaciones financieras mencionadas no son deuda pública.
Esa es la realidad y habría que atacar el problema en varios frentes, el de los límites, la regulación, la transparencia, pero también las de los ingresos, sus potestades y el incremento de las transferencias no condicionadas, por dejar en suspenso facultades tributarias que la Constitución les permite. Por cierto en febrero la caída de las participaciones pagadas sufren una caída de menos 12 % respecto al mismo periodo de 2012, caída que no se veía desde 2009 y 2007.
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