El episcopado ante el segundo piso de la 4T
-Sus orígenes
-La centralización de la nómina
OAXACA, Oax. 28 de octubre de 2013 (Quadratín).- Hoy pasó en el cine de Oaxaca, un comercial de Mexicanos Primero, sobre la necesidad de meter calidad al gasto público en educación, calidad y transparencia. Tiene razón por supuesto, por lo que valdría la pena hacer una reflexión sobre lo que ha pasado en el País, desde 1992 –más de 20 años- en materia de financiamiento educativo. Ese año se inicio mal, el proceso llamado de Federalización del Gasto Educativo, que resultó una desconcentración de la administración de los servicios educativos hacia las entidades federativas, con costos muy altos para estas últimas, de forma tal que hoy el gasto en educación básica es el principal problema financiero y fiscal de los estados, ya que el DF -afortunadamente para esta Entidad-, no administra los servicios administrativos de educación básica, sino que lo hace la Secretaría de Educación Pública federal.
Desde un principio fue claro que se trataba de deshacerse de un problema no sólo administrativo y de gasto, sino político y social, pasando su administración a las entidades federativas, lo que no corrigió nada, por el contrario se agravó el problema hasta la fecha. La transferencia se hizo sin depurar plantillas, ni medir el impacto de la homologación de condiciones laborales en poco más de la mitad de las entidades federativas que tenían subsistema estatal, pagado con recursos propios. Además de que se traslado la vieja práctica de la influencia que tenía el sindicato nacional para el nombramiento de los delegados de la SEP. Su lanzamiento fue prematuro, dando la impresión de que no se consideraron sus impactos futuros.
El efecto presupuestario sobre las entidades que tenían subsistema estatal fue muy fuerte, ya que los profesores del mismo querían las mismas condiciones económicas de los transferidos, con el inevitable impacto presupuestal. Incluso se afectó a las que no lo tenían.
Otro impacto negativo fue el inicio de la doble negociación, al principio con anarquía, sin lineamientos concretos a los patrones sustitutos que seguían las instrucciones del centro o decidían por si mismos, lo que provocó un desajuste en las finanzas estatales. En 1997 se potencia el problema después de que los profesores de tres entidades federativas estuvieron varios meses en México, se pidió a los gobernadores que se los llevaran a sus entidades y así surgen los 90 días de aguinaldo, que se han ido aderezando y hoy hay entidades federativas que pagan hasta 135 días, mientras que la SEP sólo reconoce 50 -40 de aguinaldo y 10 de vacaciones-.
Empezó el incumplimiento central de compromisos, que al no ser honrados fueron creando un déficit creciente en algunas entidades que ponían recursos propios al subsistema federal, a un fondo que no es concurrente, además de que nunca fueron atendidos sus reclamos de cumplimiento. En el periodo 2000- 2006 se pedía a la SEP que revisará el planteamiento de los estados y se comprometía la SHCP a cubrir lo que saliera de esa conciliación, además de que se permitió que si alguna entidades tenía excedentes, pudieran utilizarlos en el subsistema estatal.
Con el cambio de fórmulas de 2008, se distribuye el incremento nominal sobre lo de 2007, con nuevos indicadores que incluyen entre otros, la matrícula y un indicador que no se ha definido de “calidad educativa”, pero no es la matrícula de las escuelas financiadas con el FAEB, sino la población en edad escolar, lo que favorece a las entidades con subsistema estatal. Se castiga la ruralidad y así muchas entidades federativas tienen déficits crecientes, que se han resuelto con recursos extraordinarios –siempre de única vez- y anticipos de calendario, pero el problema sigue creciendo, ya que hay entidades federativas que ya en septiembre no tienen recursos para pagar la nómina.
Conciliar las plantillas para que se pague desde la SEP a todos los maestros de país, es un desafío que la Ley plantea se realice en un año. No será fácil, más cuando vemos obstáculos para un ejercicio tan importante como el Censo que está llevando a cabo el INEGI y que se ha atorado en algunas.
Cierto, una de las opciones que se presentaban era la de la centralización de las nóminas, para depurarlas y corregirlas. Es un proceso complejo, que ojala tenga resultados positivos. La intención es sana y significará por supuesto un avance.