Padre Marcelo Pérez: sacerdote indígena, luchador y defensor del pueblo
OAXACA, Oax. 2 de junio de 2014 (Quadratín).-La debilidad del crecimiento económico desde hace muchos años, tiene profundas raíces estructurales y de política económica.
El problema no es lo acertado o no del pronóstico o sus “ajustes”, no es un problema de décimas de punto, en suma no es un asunto de cifras, sino de políticas económicas.
En ello, la política salarial, como bien lo ha documentado la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es clave.
El salario mínimo sólo existe hoy como referencia, porque ha sido rebasado muchas veces por la inflación, a quien se ha llamado el ladrón de guante blanco o el impuesto más regresivo, porque a las personas de menores ingresos, les reduce aun más el poder adquisitivo de sus salarios, ya que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo y el tipo de bienes que consumen, los alimentos y productos básicos, han tenido crecimientos en precios por arriba del promedio general.
Para las clases medias y las de menores ingresos, sus salarios –cuando los tienen- son cada vez más reducidos en términos reales, incluso para los servidores públicos hoy sus sueldos se encuentran muy lejos de su poder de compra de hacer algunos años.
Los ingresos fiscales también se han deteriorado, lo he mencionado cuando tomo como referencia la recaudación federal participable, que incluye la recaudación neta de todos los ingresos tributarios, que apenas rebasó su nivel real de hace seis años.
Esto se traduce en una presión para las finanzas públicas locales, que han recurrido en gran medida al endeudamiento para poder tener inversión propia y no condicionada.
El gran problema para la mayor parte de las entidades federativas, es que no tienen alternativas de empleo local y desafortunadamente sigue siendo la burocracia una salida improductiva, ya que muchas economías locales despenden en mucho de la derrama salarial de los burócratas y del magisterio.
No podemos omitir como obstáculo para crecer, la tolerancia para el cumplimiento de las leyes, la inseguridad jurídica impacta sobre la inversión y la competitividad.
Un ejemplo, Oaxaca, donde existe un clima de inversión negativo, obstáculo insalvable para la creación de empleos productivos, no sólo los bloqueos de centros comerciales y bancarios en la ciudad de Oaxaca, y lo último, las dificultades –bloqueo de accesos- para concretar una inversión superior a los 13 mil millones de pesos para generar energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, inversión que se traduciría en empleos productivos, crecimiento y por lo tanto desarrollo regional.
Afortunadamente en el evento de toma de protesta de Gerardo Gutiérrez al frente del CCE el viernes pasado, Jonathan Davies –Presidente del Consejo de Administración de Mareña- me comentó que ya están trabajando, pero a qué costo. Hay muchos otros ejemplos en Guerrero y por supuesto el drama michoacano.
Apostar a mercado interno es regresar poder adquisitivo a los salarios, y la creación de empleos a través de la inversión pública y mejorar el clima de inversión.
Urge definir entonces políticas de desarrollo industrial, regional, de creación de empleos y de mejoramiento de los salarios reales. El programa de infraestructura de cumplirse con oportunidad será muy útil, siempre y cuando no se opere en función del “déficit”, sino de acuerdo con las necesidades de las regiones y promueva el uso intensivo de empleos permanentes y bien pagados.
Habría que reducir o eliminar los pari passus, para que se incremente la inversión en las entidades federativas y los municipios, asumiéndose a nivel central programas como el FONDEN, dada la distribución del peso fiscal.