Diferencias entre un estúpido y un idiota
A Raúl Nathán y con su venia.
OAXACA, Oax. 13 de abril de 2015.- El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el día jueves 9 de abril de 2015, entregó al Senado y publicó, un estudio reciente: Los docentes en México. Informe 2015 ( disponible en: http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/informe/Los_docentes_en_Mexico._Informe_2015_1.pdf)
La lectura del informe provocó, las primeras reacciones críticas y propuestas adicionales; pero habrá que preguntarse:
¿Qué fuerza legal tienen las recomendaciones del INEE? Si la fuerza vinculatoria de las recomendaciones del INEE son suficientes para mover a la Secretaría de Educación Pública (SEP) ¿cuál es la política de esa dependencia en relación con lo que hoy pasa con la reforma educativa?
Por otra parte, si lo que el INEE afirma y muestra en su informe son solo buenas intensiones y recomendaciones, entonces habrá que decir que no afirma, ni recomienda nada nuevo y que su enfoque busca construir medidas compensatorias que permitan mejorar el porcentaje de aspirantes aceptados después de la evaluación que aplique, es decir, busca que los actuales docentes y aspirantes a serlo, encuentren recursos para mejorar su desempeño en el examen, primera paradoja, porque la decisión de admitir o mantener al docente en ejercicio, no parece orientarse por la valoración de la práctica profesional. Todo esto es importante, pero lo que además me preocupa es: ¿Qué oculta toda esta discusión?
Por una parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) nos ha llevado a debatir algo importante pero insuficiente: el tema de la justicia laboral. Este tema debe tratarse con los conceptos adecuados, pero sin tomar como bandera la mejoría de la educación, porque en esto miente la CNTE tanto como parece hacerlo la SEP con sus argumentos. Entre ambos media la Secretaría de Gobernación (Segob) y en particular el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, cuyas acciones, declaraciones y actitudes hacen sospechar acerca del verdadero origen de la reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. En efecto, la Segego parece mas interesada en obstaculizar la puesta en práctica de las leyes establecidas por la iniciativa de reforma, y en eso coincide con la CNTE.
Lo que todo esto oculta, es que la reforma educativa que necesita el país está pendiente (segunda paradoja) y que el derrotero que se vislumbra con lo que hoy hacen los actores en aparente pugna, no parece conducir a ella.
Lo que el Ejecutivo Federal hizo, fue instrumentar una política para re-centralizar el control del sindicato. EL SNTE se fue transformando, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB) de 1992, al grado de constituirse en un poder autónomo que llegó a retar a la presidencia de la República y a condicionar su apoyo al Estado para operar, no como actor educativo, sino electoral.
El actual marco legal centra su objetivo en regular los recursos, el ingreso, permanencia y promoción del personal mediante el artilugio de una evaluación disfrazada de instrumento pedagógico. Al respecto, el Estado debería reconocer que la crisis docente de México tiene que ver con el abandono de las escuelas Normales; el desinterés por elevar a rango de profesión la docencia en México y el sometimiento corporativo de los maestros.
Si hoy la llamada evaluación resulta urgente, es porque el Estado no se atreve a reconocer un fraude hecho a la nación: la expedición de títulos profesionales con los que se creía obtener el rango de profesional de la educación, que hoy se ponen en cuestión en vista de los mecanismos diseñados para el ingreso, la permanencia y la promoción del personal educativo. Entiéndase bien, no cuestiono la formación del actual docente; señalo un fraude, porque el Estado no reconoce el monopolio profesional de quienes ostentan el título de profesores, al contrario, los somete a un examen que no permite observar sus habilidades profesionales, todo esto parece tener los mismo resultados que una entrevista empleador/empleado: el empleo no depende solo de la calidad profesional, sino sobre todo del interés del empleador y de los recursos disponibles.
Está pendiente la tarea de hacer la reforma educativa. Una acción de esta envergadura debería comenzar por discutir el tipo de ser humano que nos proponemos formar y eso implica cambios fundamentales en el artículo tercero de la constitución federal. La definición del tipo de persona a formar, lleva a la crítica de cómo conciliar este ideal con otro: el de un país, en lo cultural, científico, social, económico y político. De este análisis derivarían varios objetivos educativos.
Este esquema es poco útil, primero porque todos lo conocen, segundo, porque no dice cómo hacer las cosas. Lo cierto es que no se trata de tener una guía para la acción transformadora de México, sino contar con un horizonte utópico que marque nuestro rumbo. Hoy nuestro país se ahoga en la inmediatez que alimenta la corrupción, la violencia, el individualismo y la desesperanza.
En mi opinión, el gobierno federal difícilmente retomará el rumbo de una reforma educativa; de la CNTE, no puede esperarse mucho, no le interesa la educación sino su idea de la revolución social, misma que no alcanza la categoría de utopía, ni siquiera de propósito, si acaso llega al grado de pretexto. La oposición de izquierda en México está enferma y no precisamente de infantilismo, sino del mismo mal que sufre la derecha: corrupción, hipocresía e individualismo. El resto de la sociedad, está segmentada, los actores organizados son los grandes empresarios, los pequeños medran de los logros de los grandes, la clase media naufraga y es presa de la consigna “sálvese quien pueda”. El pueblo llano, los asalariados, los artesanos, los campesinos y los excluidos, son una marea de cuerpos que gravitan sin marcar ningún rumbo, pero son aprovechables por los partidos y grupos políticos.
Ante este panorama desolador ¿Quién podría ser entonces el sujeto que impulse la reforma educativa?: los maestros a quienes no se nos permite ver en el análisis, ni en el del INEE, ni en ningún otro, aquellos que no son de la CNTE; pero que tampoco están conformes con lo que hacen la SEP y su propio sindicato con ellos (segunda paradoja).
Es de ellos de quien debe tomar nota el INEE y, si puede, apoyar su auto organización profesional, no solo laboral. La sociedad en México debería apoyar a aquellos maestros a quienes ahora no vemos ni escuchamos por ningún lado. Ellos pueden desencadenar los procesos sociales y políticos que nos lleven a la reforma educativa que necesitamos, hacia ellos hay que enfocar los nuevos planteamientos de formación profesional, organización y desarrollo científico de la profesión. Pero eso implica desactivar el control corporativo tanto del SNTE como de la CNTE.
Para iniciar el camino por la ruta que propongo, un profesor, un egresado de una normal, un profesional de la educación reconocido y de probada honestidad, debe dirigir la educación pública en México, ese puede ser el inicio de una verdadera reforma educativa. En el tema que discutimos, la tarea del nuevo funcionario sería construir los tres pilares de la docencia como profesión: Apoyar la ampliación y profundización del dominio teórico y práctico que le da fundamento científico al ejercicio de la función docente; garantizar el monopolio del ejercicio profesional para aquellos que ostentan el título de profesor y favorecer la constitución de la instancia ética y para-judicial de la práctica docente.
Lo anterior implica, a mi juicio, que el nuevo Secretario de Educación Pública debería impulsar la constitución del Colegio Nacional Docente o como se le quiera llamar al organismo civil, constituido por profesionales de la docencia, que sería el observador de la calidad de la práctica profesional, quien certificaría la excelencia de las virtudes profesionales de los que ostentan el título de profesores; no se dedicaría a la formación, pero sí podría tener la atribución de ser una instancia para la sanción de quienes no ejerzan con ética la docencia, una instancia que podría asimismo documentar ante el Estado, de ser necesario, el recurso para retirar la licencia para el ejercicio de la profesión. Quizás su principal contribución sería la de ser la conciencia ética de los docentes en México, uno de los tres pilares en los que se sustenta la institución de toda profesión en el mundo.