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Oaxaca, Oax., 26 de mayo 2011 (Quadratín).- Raúl Hernández Reyes, profesor y Presidente de Ciudadanos Oaxaqueños en Movimiento, sostiene que en el conflicto de los maestros, es necesario que se hagan públicas las reuniones entre el Gobierno y la Sección 22. Además, propone que el Gobierno reconozca sus limitaciones, y que el sindicato realice una amplia autocrítica.
Hernández Reyes sostiene que es necesario que el Gobierno transparente y rinda cuentas ante la sociedad oaxaqueña respecto de lo que sucede en el proceso de la negociación con los maestros. Como oaxaqueños, no sabemos qué significa respuestas mínimas e insuficientes; no conocemos la verdad del magisterio ni la del Gobierno del Estado. Es tiempo pertinente para que los maestros y el gobierno, de cara a la sociedad y a los trabajadores de la educación, nos permitan ver ese proceso para que, incluso a través de la radio y la televisión, podamos ser testigos de lo que acontece. Creo que eso contribuiría a destrabar algún posible cuello de botella que tenga el conflicto, y ayudaría a que tanto los trabajadores como la sociedad comprendan las posibilidades y limitaciones de los dirigentes y de las autoridades.
Hernández opina que el Gobierno del Estado y el Magisterio deben de tener en cuenta que hay asuntos que no son de su competencia y que constituyen graves limitaciones en la negociación. Históricamente, el Gobierno del Estado atiende demandas que son de orden Federal. Esto es lo primero que el Gobierno del Estado debe clarificar; creo que explicándoles a los oaxaqueños sus limitaciones y sus incapacidades de respuesta, tanto los trabajadores como la sociedad lo entenderían. Hernández destaca que Oaxaca depende casi completamente de un financiamiento educativo que viene etiquetado desde la Federación. Cuando otros Gobiernos han querido dar respuestas, como por ejemplo a través del bono de productividad, lo que se ha hecho es aumentar el creciente déficit financiero que tenemos en Oaxaca.
Para Hernández, el sistema educativo del Estado está en crisis y gran parte del problema es que no hay una verdadera descentralización. Nuestro sistema educativo es insolvente, rígido, burocrático, desigual, dependiente, anquilosado y pretenciosamente homogéneo, sin horizontes pertinentes ni fines claros. Esto es el efecto de esta federalización, que no es una descentralización real, porque el poder central lo tiene todo controlado. Oaxaca no puede hacer sus propios contenidos regionales si no tiene la autorización expresa del Gobierno Federal, que se reserva la normatividad y la asignación presupuestal.
Otra limitación corresponde, según Hernández, a la estructura sindical. La Sección 22 forma parte de un mosaico de 59 Secciones. Tenemos un sindicato nacional único, corporativo, de férreo control, y que tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Las respuestas a las demandas se dan a nivel nacional, y no para cada sección. El poder está concentrado, y ellos conocen esta limitación.
Con respecto al método de lucha, Hernández asegura que las reacciones de los maestros son a veces inerciales, debido a la complejidad de sus órganos de gobierno. Aquellos que ilusamente creen que los dirigentes siempre van a lograr contener a los maestros, están en un grave equivoco, porque a veces es impredecible lo que se acuerda en una Asamblea Estatal, por la composición de las expresiones al interior de sus órganos de gobierno. Creo que es necesario mirar en ese sentido para comprender la complejidad del problema.
El Profesor opina que el magisterio debe hacer una autocrítica en torno de su actitud en las negociaciones. Creo que deberían considerara que el Estado de Oaxaca es el más pobre del país y ocupa los últimos lugares en indicadores educativos. Esta autocrítica se tendría que hacer porque los procesos educativos son de largo plazo, y no podemos perder más tiempos para atender la educación. También creo que deberían concederle al Gobierno el beneficio de la duda, porque es su primera negociación, y también buscar de manera más imaginativa algunos otros métodos de lucha que logren el respaldo de la ciudadanía, sobre todo de los padres de familia.
Hernández advierte que si el conflicto no se resuelve a la brevedad, se puede radicalizar. Esto se puede politizar, como ha ocurrido en otros momentos, y puede encontrar caminos de radicalización que enardecen a las bases trabajadoras y que son muy fáciles de asumir. En ese punto, cuando la dirigencia quiere avanzar, los trabajadores ya están en una dimensión dominante que es la política. Entonces el conflicto se mete en un callejón sin salida.
Hernández llama la atención sobre el hecho de la educación es una cuestión que compete a toda la sociedad, y no solamente al magisterio y al Gobierno. La educación no es un asunto exclusivo, ni puede ser tratado solamente por el gremio y la autoridad educativa. Debemos asumir como ciudadanos que la educación es un asunto de todos. Es un asunto público, de corresponsabilidad social. Se trata de la formación de los ciudadanos que en unos 10 o 15 años dirigirán este Estado. Es un tema de primer orden, de seguridad nacional. Tanto los padres de familia como intelectuales, investigadores, gremio y autoridades debemos participar para buscar juntos una salida a esta crisis que vive el sistema educativo estatal. Creo que si la sociedad se incorpora en el tema de manera más participativa, se dará un paso firme para destrabar este conflicto.