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OAXACA, Oax. 5 de enero de 2014 (Quadratín).- Los organismos civiles Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) y Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” (Barca) acusaron que el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca (TEEPJO) “violentó” los usos y costumbres de Santiago Amoltepec y Santa María Temaxcaltepec, al no reconocer a las autoridades que consideran legítimamente electas.
Mediante un pronunciamiento, señalaron que dichas resoluciones “fortalecen a los cacicazgos políticos y económicos protegidos desde la Secretaria General de Gobierno del Estado”.
En el caso de Amoltepec, el 31 de diciembre el tribunal estatal emitió una sentencia a favor de Francisco Pérez Velasco, que ganó las elecciones para presidente municipal en la asamblea efectuada el 13 de diciembre pasado.
Sin embargo, aseguran que el 15 de noviembre anterior, se efectuó una asamblea convocada por el ahora ex edil Pedro Luis Jiménez, en que se eligió a Apolinar Roque Torres.
Ambos organismos defensores de derechos sostienen que este último es del grupo opositor al ex presidente municipal –actualmente recluido en un penal–, por lo que éste, asesorado “por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaria de Asuntos Indígenas inventaron una supuesta elección de concejales de una asamblea general fantasma”, en que resultó ganador Pérez Velasco.
Con respecto a Santa María Temaxcaltepec, Juquila, manifiestan que el 30 de diciembre, el TEEPJO revocó el acuerdo del 19 de diciembre por el cual el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana declaró como válida la elección del 10 de noviembre. Además, calificó como válidos los comicios del 1 de diciembre en que resultó electo Ponciano Torres, pero “fue preparada desde la Secretaria General de Gobierno del Estado apoyado también por el diputado del PRI, Freddy Gil Pineda Gopar”.
Ante ello, declararon que la asamblea de ese municipio reconoce a Aquilino Loaeza Juárez, a quien exige se reconozca como autoridad legalmente electa.
Ambos organismos, que encabezan Maurilio Santiago Reyes y Minerva Nora Martínez Lázaro, respectivamente, aseguraron que ya se interpusieron los recursos de impugnación respectivos.
Demandaron respeto a las elecciones que consideran como válidas; exigieron a la Secretaría General de Gobierno que “deje de manipular las elecciones de autoridades efectuadas en las comunidades indígenas, a favor de los intereses de grupos caciquiles ligados al partido Revolucionario Institucional”, y que el Tribunal Estatal sea un órgano autónomo e independiente, “sin convertirse en instrumento de consigna”. El pronunciamiento lo firman también Aquilino Loaeza Juárez y Apolinar Roque Torres.