Creó PRI los programas sociales que son ahora un derecho del pueblo
OAXACA, Oax. 3 de noviembre de 2015.- Este miércoles por la tarde, un Juez Federal determinará la situación jurídica de los integrantes de la Sección 22 del SNTE detenidos la semana pasada.
Efraín Picaso Pérez, Othón Nazariega Segura, Juan Carlos Orozco y Roberto Abel Jiménez, permanecen recluidos en el penal del Altiplano en el Estado de México.
El cuerpo jurídico de la Sección 22 obtuvo una suspensión provisional de un juez federal para entrevistarse con los 4 profesores recluidos.
En tanto, el plazo Constitucional para determinar su situación jurídica vence a las 4:30 de este miércoles 4 de noviembre pues aseguran que a los maestros los pusieron a disposición de un Ministerio Público Federal 24 horas después de su detención, el 29 de octubre.
En conferencia de prensa, la auxiliar de la Secretaría Jurídica, Edith Santibáñez Borges dijo que después de la presión política y social, el Juez Octavo Federal les otorgó este beneficio, por lo que el titular de esta área, Jerónimo Martínez Ambrosio acudió para el encuentro con los profesores.
Explicó que este amparo consiste en una suspensión de plano para poder ingresar al Altiplano, después que la autoridad federal mantiene incomunicados a sus compañeros.
«Están siendo aislados, torturados, hay omisiones en sus procesos; tampoco les proporcionan los enseres elementales, los tienen en una plancha de concreto, están en una celda sin excusado y todo eso atenta contra sus derechos humanos» aseguró.
En el caso de Roberto Abel Martínez, acusado de delitos del fuero común, dijo que hasta este el momento, la Juez Primero de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Graciela Maldonado Cortés “lleva un indebido proceso”.
Ello, debido a que únicamente informó que buscarán la diligencia vía exhorto para el caso de este docente que se encuentra en el Altiplano por delitos del fuero común.
La Sección 22 acudirá a diversas instancias para la defensa de sus compañeros, entre ellos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La representante de la Comisión Política, Angélica García señaló que los otros docentes supuestamente con órdenes de aprehensión han tomado sus previsiones.