Deja lucha de Calderón contra narcotráfico “graves violaciones a los derechos humanos”: Human Rights Watch

Oaxaca, Oax. 21 de enero de 2010 (Quadratín).- Román García, vecino de San Dionisio Ocotepec, región de los Valles Centrales, fue detenido arbitrariamente en febrero del año pasado por un grupo de soldados en un retén instalado en la Carretera Internacional “Cristóbal Colón”, en inmediaciones de Tlacolula.
Durante varias horas, el indígena de 45 años fue golpeado y torturado con técnicas de asfixia por inmersión.
Después de dos días de búsqueda fue encontrado en un municipio conurbado de la ciudad de Oaxaca, inconsciente y con heridas de consideración.
A consecuencia de los golpes recibidos por los militares, Román hoy está delicado de salud por la pérdida parcial de un pulmón.
La denuncia del oaxaqueño se dio a conocer este martes por el organismo Human Rights Watch en su reporte anual 2010, en el que afirma que la lucha militarizada emprendida por el presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico sólo ha traído consigo “graves violaciones a los derechos humanos” y una manifiesta impunidad militar al evitar que la justicia civil investigue y enjuicie los abusos militares a las garantías individuales.
En las seis páginas que dedica al capítulo de México, el organismo con sede en Washington, asevera que “las fuerzas castrenses han cometido graves violaciones de derechos humanos, como asesinatos, tortura, violaciones y detenciones arbitrarias”.
“Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos aberrantes durante su participación en actividades de seguridad pública”.
El reporte sostiene que la cantidad de denuncias de abusos cometidos por el Ejército presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México se sextuplicó entre 2006 y 2008, y llegó a 559 durante el primer semestre de 2009.
“México, de manera rutinaria, permite que los militares, por medio de su propio sistema judicial, se investiguen a si mismos en los casos de violaciones a los derechos humanos, lo que resulta en la impunidad para los abusos cometidos por los militares mexicanos”.
Además del caso de Román García, Human Rights Watch cita los abusos en que incurrieron militares cuando detuvieron a 25 agentes de la policía municipal de Tijuana en una base militar en la cual les propinó reiteradas golpizas, les administraron descargas eléctricas, incluso en los genitales, y los asfixiaron con bolsas de plástico.