Demanda PT juicio político para URO

Oaxaca, Oax. 14 de octubre de 2009 (Quadratín).- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera que Ulises Ruiz Ortiz, es responsable de la violación de una serie de garantías individuales que se registraron en el conflicto magisterial, político y social en mayo de 2006 a enero de 2007 en la entidad, la Delegada Nacional del Partido del Trabajo (PT), Otilia Galindo García celebró que por fin se les hiciera justicia a los oaxaqueños, los cuales padecieron violaciones a sus derechos por parte del actual gobernador.
Galindo García, enfatizó que después de que la Corte concluyera que se violaron de manera grave los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, así como las garantías a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación, de propiedad, a la paz, y al acceso a la información. Aseveró que estos derechos actualmente en Oaxaca han sido violados por Ruiz Ortiz desde que inicio la gubernatura de la entidad.
La Delegada Nacional del PT, manifestó que Ulises Ruiz Ortiz debe de pedir licencia y se debe de retirar del cargo, ya que las injusticias que ha cometido deben de ser sancionados por la Ley.
Asimismo, señaló que celebra que los ministros hayan revisado nuevamente el caso Oaxaca y determinaran responsable al gobernador Ulises Ruiz como el culpable de las violaciones a los derechos humanos.
“Ahora esperamos que el Presidente de la República, la Procuraduría General y los Congresos tanto federal como estatal determinen las responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas necesarias para entablar un juicio político y así el caso Oaxaca 2006 no quede impune”, indicó.
No obstante, mencionó que de igual manera deben de ser infringidos José Manuel Vera Salinas, director General de Seguridad Pública del Estado; al teniente de Navío José Moreno Rivas, director de la Policía Ministerial, y al de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes, los cuales también fueron determinados por la SCJN.