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Oaxaca, Oax. 25 de junio de 2009 (Quadratín).- El diputado federal por Convergencia, Francisco Melo Velázquez, presentó este martes denuncia de hechos en contra de funcionarios públicos del municipio de San Agustín Loxicha, por el presunto desvío de recursos públicos del municipio en favor de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, candidato a diputado federal del PRI por el distrito X con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz.
La denuncia fue presentada ante a la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos públicos Federales, Estatales y Municipales de la Cámara de Diputados, de la cual Melo Velázquez es integrante.
El diputado oaxaqueño denunció que el pasado martes 16 de junio, en una reunión con mujeres indígenas zapotecas de la población de Chilapa, agencia de San Agustín Loxicha, , funcionarios públicos de ese municipio entregaron despensas enviadas por el Presidente Municipal de ese municipio, Jesús Martínez Mendoza, pidiendo a cambio el voto a favor de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, candidato del PRI a la diputación federal.
La reunión fue grabada y en las imágenes se puede observar al Regidor de Educación del Ayuntamiento, Artemio Juárez Valencia, informando que las despensas las envía el presidente municipal quien les pide pide que le echen la mano al amigo Héctor Pablo Ramírez Leyva, donde está el logotipo del PRI.
El diputado Francisco Melo adelantó que en los próximos días los Diputados integrantes de esta Comision Especial acudirán a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, dependiente de la PGR, para denunciar estos hechos y se proceda legalmente en contra de estos funcionarios.
En la reunión videograbada, y que puede consultarse en el portal de internet You Tube, también participaron otros servidores públicos en funciones, como lo es la Presidenta del DIF municipal, Xóchitl Ramírez Juárez y Pascual García Almaraz, Presidente Municipal suplente que a su vez es presidente del Comité Municipal del PRI.
De acuerdo con el artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), ningún funcionario público puede utilizar programas sociales y sus recursos, en el ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato Esta conducta se encuentra tipificada en el Código Penal Federal, en su artículo 403, el cual señala penas de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años.