Denuncian “omisión y encubrimiento” del Estado en trata de personas

MÉXICO, DF., 6 de agosto de 2014.- En el segundo día de trabajo de la Pre-audiencia Violencia de Género y Feminicidio, Distrito Federal, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, diversas organizaciones y colectivos denunciaron la omisión y encubrimiento del Estado mexicano frente a los casos de violencia sexual, laboral y económica que padecen las mujeres en el país.

La Iniciativa Popular contra la Trata de Personas en Tlaxcala y el centro Fray Julián Garcés señalaron la simulación en que incurren las autoridades en ese estado ante el tema de la trata de personas, a pesar de que la entidad es reconocida no sólo a nivel nacional sino internacional como un centro de explotación sexual.

“El gobierno es responsable, pues primero negó el problema, luego dijo que no era tan grave, después culpó a la ciudadanía por no denunciar y finalmente simula que hace algo”, acusó Guadalupe García Vargas, directora del Centro Fray Julián Garcés.

Luego de exponer los casos, pidieron al TPP que condene al gobierno de Tlaxcala “por simular, encubrir y facilitar” esa situación, y exigieron a las autoridades estatales investigar y perseguir a los responsables de trata de personas, establecer refugios para la protección de víctimas y resignificar la dignidad del ser humano.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó el caso Claudia Medina Tamariz. Tortura sexual por agentes del Estado, el cual consiste en una falsa acusación en contra de Medina Tamariz, quien luego de ser torturada y amenazada por elementos castrenses firmó una confesión falsa en la que aceptaba una relación con grupos delincuenciales en Veracruz.

Las peticionarias solicitaron al TPP un pronunciamiento para que el Estado mexicano desista de las acusaciones penales en contra de Claudia Medina Tamariz, toda vez que se dieron en un contexto de militarización y coerción e investigue la tortura que padeció y sancione a los responsables.

Al presentar la Situación general de las mujeres en retención, AsiLegal y el Instituto Ignacio Ellacuria de la Universidad Iberoamericana de Puebla, señalaron a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad, como responsables de la violación sistemática de los derechos de las mujeres que se encuentran en prisión, así como las deplorables condiciones en que subsisten al interior de los penales.

Las agrupaciones indicaron que 53 por ciento de las mujeres recluidas no tiene sentencia y la gran mayoría refiere situaciones de violencia sexual, física o emocional prácticamente desde el momento de su detención.

Por su parte, la agrupación Almas Cautivas denunció que la violencia de género en el caso de mujeres transgénero se multiplica pues son rechazadas por su familia y por la sociedad, que les niega el respeto a su identidad y posibilidades de desarrollo ya que son hostigadas, rechazadas y violentadas por sus compañeros y superiores ya sea en la escuela o el trabajo, lo que las orilla a desertar.

Además, advirtieron que la violencia en su contra puede llegar incluso al asesinato y prueba de ello es que México ocupa el segundo lugar de asesinatos de mujeres transgénero, sólo detrás de Brasil.

Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensores y Promotores de Derechos Humanos presentó el caso Secuestro de mujeres migrantes en Tamaulipas, por el que exigió a las autoridades el reconocimiento público del problema que se vive en México en la materia.

Este miércoles tendrá lugar la tercera y última sesión de la pre-audiencia, en la que se expondrán los casos de feminicidios en la zona centro de México y en Michoacán, violación a los derechos humanos de las locutoras y de las periodistas, y defensoras de Derechos Humanos.

Al término de la exposición, el jurado conformado por Lucía Melgar, Andrea Medina, Blanche Petrich, Ricardo Hernández y Cynthia Galicia– emitirá su dictamen.