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MÉXICO, 26 de noviembre de 2014.- Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Polimnia Romana, Alejandro Robles y Diego Martínez García interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) contra el diputado local panista con licencia, Édgar Borja por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Como pruebas presentaron documentos que revelan los nombres de los prestanombres del asambleísta así como de la diputada local también panista, Priscila Vera, dieron a conocer mediante un comunicado de prensa.
De acuerdo con la cédula para registro de contratistas y proveedores de la comercializadora LAFO S.A. de C.V., Luz Alejandra Flores Ordóñez fue señalada como prestanombres de Édgar Borja, ya que está registrada como la representante legal de dicha empresa y también funge como empleada del legislador panista, lo cual se pudo corroborar con un recibo de honorarios a nombre de la involucrada, emitido por la Tesorería de la ALDF, de acuerdo con el boletín.
Flores Ordóñez es quien garantizaba los “acuerdos financieros”, al asegurar los contratos y licitaciones en beneficio de la empresa LAFO, como se aprecia en un oficio que dirige a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde le notifica sus datos fiscales para llevar a cabo transferencias electrónicas a favor de dicha comercializadora por concepto de pago de prestación de servicios y como proveedor.
Los documentos también exhiben un predio a nombre de la mamá de Priscila Vera y la esposa de Édgar Borja, ubicado en Fresno 276 colonia Santa María La Ribera, delegación Cuauhtémoc, donde los diputados constantemente realizaban reuniones de trabajo para, presuntamente, consumar negocios en el sector inmobiliario para la construcción de departamentos.
Otro punto de reunión era en la calle Concepción Beistegui 81, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, donde sostenían encuentros de negocios con la Comercializadora LAFO, además de con otros panistas como Obdulio Ávila y Ezequiel Rétiz, acusados anteriormente de negociar permisos para casinos.
Se menciona que los dueños del predio fueron alertados de que el inmueble se encontraba en investigación e inmediatamente lo anunciaron para renta.
Los demandantes manifestaron que era a través de la Notaría Pública 22, con ejercicio en el distrito de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo, donde realizaron sus trámites para justificar los acuerdos legales, esto con base en un recibo de pago a nombre de Tomás Salas Toscano.